La reapertura de una investigación penal por una presunta agresión sexual ocurrida en una fraternidad de Cornell casi dos años atrás ha provocado indignación en Estados Unidos y la reacción de figuras como Florence Pugh y Alexandria Ocasio-Cortez. Pero el caso también vuelve a poner bajo la lupa un problema que trasciende a esta universidad: la violencia sexual en los campus, las dificultades para denunciar y las consecuencias que enfrentan quienes lo hacen; publica SPR.
Cuando “Jane Doe2 acudió a la Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024, habían pasado unas tres semanas desde la noche que, según ella, cambiaría su vida. La entonces estudiante de 20 años denunció haber sido agredida sexualmente en una casa de la fraternidad Chi Phi, pero la investigación criminal no derivó en cargos contra los hombres señalados.
Casi dos años después, el caso volvió a abrirse. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que su oficina reanudará la investigación y presentará las pruebas ante un gran jurado, luego de que la joven presentara en septiembre una demanda civil en la que acusa a siete integrantes de Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente durante la madrugada del 20 de octubre de 2024.
Los hombres señalados no han sido condenados por ningún delito y mantienen la presunción de inocencia. Uno de los abogados de los acusados ha negado que su cliente haya participado en una agresión sexual y sostiene que su intervención se limitó a un comentario en un chat de Snapchat. La fiscalía, por su parte, ha explicado que existen diferencias importantes entre la declaración que “Jane Doe” dio a la Policía de Cornell en 2024 y las acusaciones incluidas en la demanda presentada este año.
Según la demanda, la estudiante había consumido alcohol y posteriormente habría sido presionada para consumir otras sustancias, entre ellas ketamina y marihuana. La mujer sostiene que quedó incapacitada para consentir y que varios integrantes de la fraternidad la agredieron sexualmente durante horas. La demanda también incluye una captura de pantalla de un supuesto chat entre miembros de la fraternidad que, según su abogado, constituye una pieza relevante de evidencia.
El fiscal ha reconocido que su oficina inicialmente se basó en la investigación realizada por la Policía de Cornell y no llevó a cabo una investigación independiente. Ahora, ante la nueva información y la atención pública que ha generado el caso, la fiscalía volverá a revisar las pruebas antes de presentarlas ante un gran jurado. La decisión no significa que se hayan presentado cargos ni que se haya establecido la responsabilidad penal de los señalados.
¿Qué hizo Cornell?
La respuesta de la universidad también se convirtió en parte central de la controversia. Cornell sostiene que abrió una investigación interna y otra bajo el Título IX, y que un panel integrado por profesores y miembros del personal capacitados escuchó las pruebas durante varios días. La institución afirma que algunos estudiantes fueron expulsados y otros suspendidos, mientras que la sección local de Chi Phi fue cerrada y posteriormente prohibida en el campus.
La versión de la universidad contradice parte de lo señalado por la denunciante en su demanda. “Jane Doe” sostiene que Cornell no la protegió adecuadamente y cuestiona que algunos de los estudiantes involucrados hayan podido mitigar las consecuencias disciplinarias mediante ensayos u otras medidas. La universidad niega que alguno de ellos haya recibido un ensayo como única consecuencia y afirma que las leyes de privacidad estudiantil le impiden revelar públicamente las sanciones individuales.
La diferencia entre ambas versiones es importante porque muestra que existen dos procesos distintos. Una investigación universitaria puede determinar si se infringieron las normas internas de la institución, mientras que una investigación penal debe establecer si existen elementos suficientes para presentar cargos conforme a la legislación. En el caso de Cornell, el primero produjo sanciones disciplinarias, mientras que el segundo vuelve a comenzar ahora.
Un problema que Cornell ya había identificado
La pregunta resulta especialmente relevante porque Cornell ya había documentado niveles importantes de violencia sexual dentro de su comunidad. En la encuesta de 2025 sobre agresión sexual y conductas relacionadas, 35% de las mujeres estudiantes de licenciatura y 8% de los hombres dijeron haber experimentado contacto sexual no consentido durante su etapa en la universidad.
La cifra entre las mujeres representó un aumento respecto de 2023, cuando había sido de 23%. Al mismo tiempo, Cornell advirtió que la encuesta de 2025 tuvo una participación considerablemente menor: solamente 15% de los estudiantes seleccionados respondieron, frente a 36% en 2023. La propia universidad señala que esta baja participación limita la interpretación de los resultados y obliga a analizarlos con cautela.
El mismo estudio encontró que 49% de quienes respondieron reportaron haber experimentado acoso sexual o basado en género, mientras que 17% reportó conductas de acoso o acecho. Entre quienes dijeron haber experimentado contacto sexual no consentido, solamente 23% señaló haber acudido a un recurso formal de la universidad, aunque esa proporción aumentó respecto de 2023.
El grupo de trabajo creado por Cornell para abordar la violencia sexual identificó, además, que algunos estudiantes tienen dudas sobre cómo y cuándo denunciar, a quién acudir y si una denuncia realmente producirá seguimiento o una acción significativa. El informe recomendó cambios en prevención, educación, apoyo a sobrevivientes y mecanismos de respuesta.
Estos datos ayudan a entender una de las partes más difíciles del problema: las cifras oficiales no necesariamente representan todas las agresiones que ocurren dentro de una universidad. Una parte importante de los casos puede no llegar nunca a una autoridad.
Lo que ocurre en otras universidades
Lo ocurrido en Cornell tampoco es un fenómeno exclusivo de las universidades estadounidenses. Investigaciones recientes en países europeos muestran que la violencia sexual también está presente en instituciones de educación superior de países con sistemas universitarios desarrollados y con mecanismos institucionales específicos para prevenir, investigar y atender este tipo de conductas.
En Inglaterra, una encuesta realizada en 2025 por el Office for Students, el organismo independiente que regula la educación superior en ese país, reunió las respuestas de más de 50 mil estudiantes de último año. El 24.5% dijo haber experimentado acoso sexual desde que comenzó sus estudios y 14.1% reportó haber experimentado agresión o violencia sexual. Las mujeres registraron estos episodios con mayor frecuencia que los hombres.
Francia ofrece otro ejemplo. Un estudio sobre violencia sexista y sexual en la educación superior dirigido por Laurent Bègue-Shankland, profesor de psicología social de la Université Grenoble Alpes, reunió una muestra de 66,767 estudiantes y alumnos de grandes écoles, con una edad mediana de 20 años y reveló que 9% de los hombres, 24% de las mujeres y 33% de las personas transgénero, no binarias o queer dijeron haber sufrido desde su llegada a la educación superior al menos un intento de agresión sexual, una agresión sexual, un intento de violación o una violación. El estudio encontró además que una proporción importante de las víctimas había experimentado estos hechos en más de una ocasión.
La investigación francesa también encontró una relación frecuente entre el consumo de alcohol y los episodios reportados: según las víctimas, los agresores habían consumido alcohol en cerca de 62% de los intentos de agresión sexual, 56% de las agresiones sexuales, 42% de los intentos de violación y 43% de las violaciones.
Además, los datos ingleses muestran otra dimensión relevante para el caso Cornell: denunciar no es una consecuencia automática de haber sufrido una agresión. La propia encuesta encontró que solo una minoría de quienes reportaron acoso sexual presentó un reporte formal ante su institución. Esto significa que las estadísticas basadas únicamente en denuncias oficiales pueden dejar fuera una parte importante de las experiencias que ocurren dentro de las comunidades universitarias.
El problema, por tanto, no termina necesariamente cuando una universidad establece un protocolo. Las instituciones deben decidir cómo recibir una denuncia, investigar los hechos, proteger a quien reporta, garantizar procedimientos para las personas señaladas y determinar qué consecuencias corresponden cuando se acredita una violación de sus normas. En casos como el de Cornell, además, estas decisiones pueden coexistir con una investigación penal que tiene estándares y consecuencias diferentes.
Imagen portada: SPR
