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Investigación especial: Publicidad oficial, contratos federales y rendición de cuentas
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido en varias conferencias que está pendiente la entrega de una relación de contratos de publicidad oficial. Mientras la lista integral no ha sido identificada en esta investigación, los registros de contratación federal permiten reconstruir cientos de adjudicaciones a empresas periodísticas. La cuestión no es solamente cuánto reciben los medios, sino quién decide, bajo qué criterios, con qué resultados y cómo puede comprobarlo la ciudadanía.
Resumen ejecutivo
La revisión factual de versiones estenográficas de Presidencia, registros federales de contratación y disposiciones jurídicas permite establecer cinco hallazgos:
1. La solicitud de información es real y las respuestas presidenciales están documentadas. Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, Sheinbaum fue interrogada repetidamente sobre la distribución del presupuesto publicitario, los contratos y los criterios de selección. En diciembre reconoció expresamente que la entrega seguía pendiente (los reporteros Jorge Chaparro y Vicente Serrano han insistido en el tema).
2. La información no está totalmente oculta. Existen registros públicos de adjudicaciones a empresas editoriales que permiten identificar dependencias contratantes, importes y procedimientos. Sin embargo, un contrato adjudicado no es necesariamente un pago efectuado, y una base de adjudicaciones no sustituye la rendición integral del gasto.
3. La contratación está dispersa entre numerosas instituciones. El IMSS, Gobernación, Lotería Nacional, secretarías y organismos descentralizados aparecen como compradores de servicios de comunicación, lo que exige reconstruir el presupuesto más allá de la Oficina de la Presidencia.
4. Hay motivos documentales para auditar las adjudicaciones directas, pero no para presumir automáticamente corrupción. En los cuatro proveedores examinados con mayor detalle, los procedimientos visibles en la base consultada se clasifican como adjudicaciones directas. El examen jurídico requiere revisar las excepciones, justificaciones y condiciones de cada contratación.
5. La exigencia de transparencia tiene sustento jurídico específico. Los lineamientos federales de 2026 obligan a justificar campañas, documentar las contrataciones y registrar datos concretos de cada erogación, incluido el proveedor, RFC, importe y fecha de gasto.
La pregunta verificable es si esos registros permiten obtener una visión completa, comparable y actualizada de la distribución del gasto federal. Los documentos localizados muestran información sustantiva, pero no permiten dar por acreditada la entrega integral solicitada a la presidenta.
I. Trece meses de solicitudes: la cronología que compromete a Presidencia
La investigación identifica una secuencia de intervenciones que puede comprobarse directamente en las transcripciones oficiales.
- 9 de octubre de 2025 — La primera solicitud examinada
La entonces reportera de aguaquemada.mx y lostubos.com, Claudia Reyna, pide una tabla sobre el gasto en televisoras, medios corporativos, plataformas digitales e influencers, además de los criterios de selección.
Sheinbaum responde: «Pero sí, sí puede haber transparencia».
Consta en la transcripción oficial.
- 2 de diciembre de 2025 — Reconocimiento del pendiente
Ante el recordatorio de que faltan los contratos de publicidad federal, la presidenta contesta: «Sí, ese sí se los debo».
- 12 de marzo de 2026 — Una nueva instrucción
El periodista pregunta por los contratos que la presidenta había ofrecido entregar. Sheinbaum responde: «Sí. ¿No se los han dado? —Para que se los den—».
- 24 de marzo de 2026 — La presidenta reconoce el retraso
Ante una petición de hacer pública la lista de medios, Sheinbaum señala: «No sé por qué no se ha hecho pública, pero sí».
- 15 de mayo de 2026 — La tarea sigue asignada
Tras otra pregunta sobre la distribución de la publicidad, la presidenta dice: «Ahí, Belmont y Paulina tienen esa tarea para poderlo presentar».
Transcurren exactamente 13 meses entre el 9 de octubre de 2025 y el 9 de noviembre de 2026.
La comprobación textual permite afirmar que existieron solicitudes reiteradas y reconocimientos presidenciales de una entrega pendiente. No permite, por sí sola, demostrar que no se haya entregado posteriormente ningún documento a ningún solicitante.
II. Los contratos que sí pueden rastrearse
Para evitar mezclar administraciones, el cuadro principal presenta únicamente los ejercicios 2025 y 2026. Los importes corresponden a adjudicaciones federales agregadas por Postor Abierto a partir de registros de ComprasMX, con cortes entre septiembre y octubre de 2026. Son cifras aproximadas en millones de pesos.
| Medio / razón social vinculada | 2025 | 2026* | Suma de ambos ejercicios* |
| La Jornada / Demos Desarrollo de Medios | 275.99 | 197.49 | 473.48 mdp |
| SDP Noticias / Periódico Digital Sendero | 63.52 | 62.29 | 125.81 mdp |
| El Heraldo / Operadora y Administradora de Información y Editorial | 85.40 | 77.95 | 163.35 mdp |
| SinEmbargo / Sin Embargo, S. de R.L. de C.V. | 23.45 | 13.00 | 36.45 mdp |
*2026 es un ejercicio incompleto al corte de cada fuente; no es una proyección de cierre. Son montos adjudicados, no pagos bancarios verificados ni utilidades. Fuentes:
Los registros ofrecen dos comprobaciones importantes.
Primera: existen cantidades relevantes de contratación pública documentada con esas empresas.
Segunda: las adjudicaciones están distribuidas entre diversas dependencias. Por ejemplo, para el conjunto de ejercicios 2023–2026, Demos Desarrollo de Medios registra aproximadamente 217.46 millones de pesos adjudicados por el IMSS; Periódico Digital Sendero, 48.75 millones; y Sin Embargo, 5.2 millones. Esos importes no deben adjudicarse íntegramente al gobierno de Sheinbaum porque incluyen años anteriores.
Una comprobación forense completa requeriría enlazar cada contrato con sus modificaciones, facturas, evidencias de publicación, pólizas y pagos efectivos. La correspondencia del servicio con la cabecera también debe comprobarse en cada expediente cuando una razón social comercializa diversas plataformas.
III. El Heraldo y Grupo Andrade: dos líneas de negocio, dos investigaciones
El caso de El Heraldo requiere especial cuidado porque la crítica pública incluye contratos editoriales y contratos automotrices de empresas del mismo grupo empresarial.
La revista Etcétera publicó en mayo de 2026 una investigación que atribuye a cuatro razones sociales vinculadas con Grupo Andrade al menos 5,592 millones de pesos en contratos durante 2025, considerando servicios de publicidad y contratos relativos a vehículos. La estimación procede de su revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Esa cantidad no puede describirse como publicidad oficial entregada a El Heraldo. Sería una distorsión cuantitativa: incorpora negocios distintos y operaciones de más de un ámbito gubernamental.
La investigación periodística es un indicio documental para abrir una revisión, no una sentencia de responsabilidad administrativa o penal. Antes de aceptar su cifra como importe fiscalizado, es necesario contrastar los folios contractuales, razones sociales, dependencias, objetos, fechas y pagos.
La pregunta legítima es si la coexistencia de negocios mediáticos y automotrices con el sector público produce riesgos de conflicto de interés o concentración contractual. La respuesta requiere evidencia de decisiones, vínculos societarios y posibles irregularidades; la propiedad común de empresas no demuestra por sí sola un intercambio de favores.
IV. Youtubers, influencers y medios digitales: el padrón incompleto
La investigación se amplió a El Soberano, Polemón, Sin Censura, Los Reporteros MX, La Catrina Norteña, Subjetivo y los medios vinculados con Pablo Iglesias, incluido el proyecto español Canal Red.
El resultado exige distinguir tres situaciones:
| Medio o persona | Resultado de verificación |
| SinEmbargo, La Jornada, SDP Noticias, El Heraldo | Existen registros contractuales asociados a razones sociales identificadas. |
| El Soberano, Polemón, Sin Censura, Los Reporteros MX, La Catrina Norteña, Subjetivo | No se acreditaron en esta revisión montos federales individualizados y verificables. |
| Pablo Iglesias / Canal Red | No se acreditó un contrato federal específico ni un pago público atribuible directamente a Pablo Iglesias. |
La falta de identificación de un contrato no prueba que no exista. Los nombres de plataformas y personas pueden no coincidir con la razón social o la persona física que factura. También pueden intervenir agencias de publicidad.
Pero la cautela opera en ambos sentidos: tampoco es lícito afirmar que una persona cobra dinero gubernamental sólo porque participa en medios de orientación favorable al gobierno o mantiene relaciones políticas con sus integrantes.
La indagación pendiente debe rastrear contrataciones por RFC, propietario legal, agencia intermediaria y beneficiario contractual, respetando las restricciones que correspondan a datos personales.
Una distinción especialmente importante
No deben confundirse cuatro categorías diferentes: publicidad institucional contratada, remuneración de colaboradores en medios públicos, servicios de producción audiovisual y pagos por difusión en plataformas digitales.
Aunque las cuatro pueden implicar recursos públicos, tienen objetos contractuales y fundamentos presupuestarios diferentes. Sumarlas indiscriminadamente inflaría el resultado.
Además, el uso de una agencia intermediaria no autoriza a presumir que el total de su contrato terminó en manos de un creador específico.
V. ¿Puede la presidenta excluir a Reforma, El Universal y TV Azteca?
La respuesta jurídica tiene dos partes.
El gobierno no está obligado a contratar publicidad con todos los medios. Puede decidir dónde difundir una campaña de acuerdo con su público objetivo, alcance, costos y eficacia.
Lo que no puede hacer es establecer una asignación discriminatoria contraria a las normas aplicables, particularmente cuando la motivación real fuese premiar o castigar una línea editorial.
El 15 de mayo de 2026, Sheinbaum explicó que determinados medios no recibían publicidad por razones fiscales y que con otros no se consideraba necesaria su contratación. Es una declaración comprobable, pero no constituye por sí misma un dictamen jurídico de exclusión de Reforma, El Universal o TV Azteca.
Para resolverlo individualmente se necesitan los expedientes fiscales pertinentes, las decisiones de contratación y los planes de medios. Una controversia fiscal tampoco debe confundirse automáticamente con un impedimento contractual firme.
El contraste normativo es significativo. Los lineamientos de comunicación social de 2026, publicados el 29 de diciembre de 2025, establecen que las contrataciones deben basarse en criterios objetivos, imparciales, claros y transparentes. También exigen justificar la selección de medios y documentar los expedientes.
Por tanto, no basta con invocar la conveniencia política o administrativa. Debe existir una justificación verificable de la selección.
VI. Lo que exige la ley y los documentos que deben existir
El artículo 134 constitucional y la Ley General de Comunicación Social establecen obligaciones de imparcialidad, eficiencia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio de recursos públicos destinados a comunicación institucional.
Los lineamientos de 2026 contienen obligaciones especialmente relevantes:
- Artículo 3, fracciones X y XIII: justificación de la contratación y criterios objetivos, imparciales, claros y transparentes.
- Artículo 8: objetivos, metas, proporcionalidad presupuestaria y evaluación de campañas.
- Artículo 28: apego al plan de medios autorizado.
- Artículo 53: registro de cada erogación con fecha, partida, concepto, tarifa, importe, proveedor y RFC.
La misma normativa prohíbe erogaciones por notas, esquelas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos en el supuesto previsto por sus lineamientos. También exige documentar las campañas, de manera que se pueda identificar su objeto institucional.
Esto refuerza una conclusión jurídica: no se está solicitando que el gobierno genere desde cero información ajena a sus obligaciones; buena parte de los datos requeridos debe formar parte de sus registros administrativos.
La cuestión pendiente es comprobar si tales registros están completos, actualizados, disponibles para consulta y suficientemente articulados para seguir la ruta del dinero.
VII. Auditoría forense de las afirmaciones
Se aplicó un protocolo de contraste documental inspirado en las prácticas de verificación de afirmaciones públicas utilizadas por organizaciones como Verificado y redes internacionales de fact-checking: identificación de la afirmación, fuente original, contexto, corroboración independiente y grado de certeza.
No se trata de una certificación emitida por esas organizaciones ni de una auditoría gubernamental.
| Afirmación sometida a prueba | Resultado documental |
| Sheinbaum prometió transparentar contratos de publicidad. | Comprobada. Hay declaraciones textuales en Presidencia. |
| La presidenta reconoció que seguía pendiente la entrega. | Comprobada. Consta en diciembre de 2025 y marzo de 2026. |
| Toda la información está legalmente reservada o blindada. | No acreditada. Existen contratos públicos consultables. |
| La relación integral prometida se entregó y está disponible. | No acreditada en esta revisión. No se localizó un documento consolidado que satisficiera toda la solicitud. |
| Los medios identificados recibieron exactamente los importes adjudicados. | No demostrada. Adjudicación y pago efectivo son conceptos diferentes. |
| Existe compra gubernamental de líneas editoriales. | No demostrada. No se presentaron pruebas contractuales o testimoniales suficientes. |
| Existen pagos identificables a Pablo Iglesias. | No corroborada. No hay expediente verificable individualizado en esta revisión. |
| La contratación repetida por adjudicación directa es automáticamente ilegal. | Falsa como regla general. Deben examinarse los supuestos legales y justificaciones. |
| Hay prohibición general de contratar publicidad con Reforma, El Universal o TV Azteca. | No se identificó una prohibición general de ese tipo. Pueden existir impedimentos específicos que requieren comprobación. |
VII. Agenda documental para cerrar la investigación
El siguiente paso verificable es solicitar a Presidencia, Gobernación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Hacienda, el IMSS y los organismos compradores:
- El padrón completo de medios, plataformas, productores, agencias y personas físicas contratadas desde el 1 de octubre de 2024, con RFC y razón social.
- Contratos, convenios modificatorios, montos adjudicados, devengados y efectivamente pagados, separados por ejercicio y dependencia.
- Planes de medios, criterios de selección, estudios de audiencia, tarifas, justificaciones de adjudicación y evaluaciones de campañas.
- Facturas, constancias de difusión, entregables y evidencia de cumplimiento contractual.
- Dictámenes o decisiones administrativas sobre proveedores excluidos, incluyendo el fundamento normativo cuando exista.
- Registros que permitan diferenciar pagos a medios digitales, creadores individuales, agencias intermediarias y productores de contenidos.
Esta documentación permitiría analizar concentración del gasto, comparabilidad de tarifas, posibles relaciones entre empresas y cumplimiento de la normativa, sin presumir culpabilidad.
VIII. Conclusión editorial: la diferencia entre tener datos y rendir cuentas
La investigación permite sostener una crítica institucional concreta.
La Presidencia recibió preguntas sobre la distribución de la publicidad oficial, reconoció reiteradamente la entrega pendiente y remitió su presentación a funcionarios responsables. Al mismo tiempo, bases públicas contienen información que permite reconstruir parcialmente los contratos y exhiben la dispersión de las adquisiciones entre numerosas dependencias.
Estos hechos no demuestran un ocultamiento absoluto. Tampoco comprueban que la obligación de transparencia material haya quedado plenamente satisfecha.
La distinción es importante: publicar contratos aislados no equivale necesariamente a explicar la política de distribución del presupuesto publicitario. La rendición de cuentas exige que los criterios de asignación, los montos efectivamente pagados, los beneficiarios y los resultados de las campañas puedan examinarse como un conjunto coherente.
La justificación oficial puede incluir motivos razonables para contratar determinados medios y excluir otros. También debe poder acreditarlos. La afinidad editorial no demuestra favoritismo y la crítica periodística no demuestra represalia. Ambas hipótesis requieren pruebas.
La presidenta tiene la oportunidad institucional de resolver la controversia mediante la divulgación y explicación documentada del gasto. La falta de una entrega integral acreditada mantiene abierto un problema legítimo de fiscalización ciudadana, aun cuando existan contratos disponibles en plataformas públicas.
El escrutinio no consiste en decidir qué periodistas merecen publicidad. Consiste en exigir que todos los recursos sean trazables y que cada decisión pública tenga un fundamento comprobable.
La investigación no demuestra que el gobierno compre opiniones ni que manipule ilegalmente el reparto de contratos. Sí demuestra que hay solicitudes reiteradas, compromisos presidenciales documentados y un volumen importante de contrataciones cuya evaluación integral necesita información adicional.
Ahí reside el cuestionamiento deontológico central: la transparencia no se agota en que el ciudadano pueda descubrir fragmentos del gasto; debe permitirle reconstruirlo, contrastarlo y exigir explicaciones a las autoridades responsables.
Fuentes documentales decisivas
Fuentes primarias: versiones estenográficas de Presidencia del 9 de octubre de 2025, 2 de diciembre de 2025, 12 de marzo de 2026, 24 de marzo de 2026 y 15 de mayo de 2026. Lineamientos de comunicación social 2026.
Bases de contratación: Postor Abierto, con registros derivados de ComprasMX, para Demos Desarrollo de Medios, Sin Embargo, Periódico Digital Sendero y Operadora y Administradora de Información y Editorial. Investigación complementaria de Etcétera sobre Grupo Andrade y El Heraldo.
Nota metodológica: las cantidades se presentan con la precisión de los registros consultados, sin considerarlas cuentas públicas auditadas. Las afirmaciones no corroboradas se han excluido de las conclusiones probatorias.
