Por Inocencia Artificiaga
Hay frases que no se dicen para adornar, sino para poner orden. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum afirma:
“Nadie es portador, una persona no puede ser portadora de las ideas de la Cuarta Transformación. ¿Saben quién es el único? El pueblo de México es quien nos ve, quien nos mira, quien ve lo que hacemos, siempre lo he dicho, el legado del presidente López Obrador está en el pueblo”
no está haciendo pedagogía moral. Está marcando una frontera política y administrativa.
La frase es una advertencia: la Cuarta Transformación no admite intermediarios carismáticos, custodios autoproclamados ni comisarios ideológicos. El obradorismo no es franquicia ni patente individual ni credencial para construir poderes paralelos dentro del Estado. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Convocar comités “insurgentes”, hablar de instrucción, agitación y organización, proponer refundar una secretaría y ocuparla con delegados ideológicamente formados, no es una metáfora, es una tesis de poder.
El problema no es la crítica —la crítica es saludable— sino desde dónde se ejerce. Cuando un funcionario en activo promueve estructuras que se definen como contrapesos reales del propio aparato estatal, el lenguaje deja de ser simbólico y se vuelve organizativo. Ahí comienza la insurgencia administrativa. No armada, no penal, pero sí real.
La frase presidencial anula de un golpe toda la arquitectura retórica que había levantado Marx Arriaga: el custodio, el intérprete autorizado, el pedagogo de la «transformaión permanente», el comisario del Humanismo Mexicano. Si nadie es portador, entonces Marx tampoco. Y si el pueblo es el único heredero, los comités quedan reducidos a lo que siempre fueron: asambleas sin acta constitutiva del poder.
La declaración presidencial rompe con una tentación clásica de todo movimiento que llega al poder: la tentación del heredero iluminado. Sheinbaum desmonta esa lógica al desplazar el centro de legitimidad que no está en los cuadros, ni en los doctrinarios, ni en los “más puros” sino en la mirada pública del pueblo. Y aquí está el choque: mientras algunos actores actúan como guardianes del templo, la presidenta insiste en que no hay templo ni guardianes, solo rendición de cuentas. El obradorismo, así formulado, deja de ser catecismo y se convierte en evaluación cotidiana.
Y, sin embrgo, la Cuarta Transformación arrastra su propia contradicción. La unidad, elevada a consigna suprema, ha operado muchas veces como principio de contención, no de justicia. Unidad para no fracturar, unidad para no exhibir, unidad incluso cuando hay omisiones, abusos o responsabilidades claras. La impunidad se ha vuelto, en no pocos casos, el precio tácito de la cohesión política. Entonces ocurre la paradoja: se toleran errores graves en nombre de la unidad, pero se permite —o se mira con ambigüedad— la insubordinación discursiva cuando viene envuelta en retórica revolucionaria.
En medio de esta misa cívica aparece Mario Delgado, secretario de Educación y practicante avanzado del arte más difícil de la política contemporánea: no confrontar mientras se mantiene la silla. Delgado no desautoriza, pero tampoco abraza. No avala la insurgencia, pero tampoco la sofoca. La deja enfriar. Es la política del termostato: no apagar el fuego, solo bajar la flama hasta que deje de ser noticia.
Conviene decirlo sin rodeos: el Estado no es un botín ideológico. No se ocupa, no se captura, no se infiltra. Se gobierna con reglas, jerarquías y responsabilidades. El lenguaje de “asalto”, “refundación” y “contrapeso interno” pertenece más a la tradición de la política de movimiento que a la del Estado de derecho. La 4T nació como movimiento, sí, pero decidió convertirse en gobierno. Ese tránsito exige abandonar ciertas liturgias revolucionarias que, dentro del poder, ya no son épica: son desorden.
Más allá de tomar el cielo por asalto en un regreso de grandes avenidas, hay un detalle menor que suele arruinar las revoluciones desde dentro: la ley.
Un funcionario en activo:
- No puede promover estructuras paralelas de poder.
- No puede convocar organizaciones que se asuman como contrapeso del propio aparato estatal.
- No puede llamar a refundar la institución que administra sin violentar la jerarquía.
- No puede usar su cargo —ni simbólicamente— para militancia organizativa.
Eso no es herejía ideológica, es responsabilidad administrativa básica. Falta, cuando menos, al deber de subordinación, neutralidad y legalidad del servicio público. Nada heroico, nada épico, solamente falta administrativa con retórica revolucionaria.
Marx Arriaga perdió sin que nadie tomara la Bastilla o el Cuartel Madera. Perdió cuando el obradorismo dejó de ser una doctrina a custodiar y pasó a ser, por boca de la presidenta, un juicio cotidiano del pueblo. Perdió cuando la «revolución» fue devuelta a su lugar más incómodo: la evaluación pública.
No hay herejía más grave que recordar que nadie es indispensable. La derrota de Marx no sólo es personal, es alegórica. Es la derrota del funcionario que confundió convicción con mandato, pedagogía con poder y militancia con Estado. Y como todas las derrotas verdaderamente políticas, ocurrió sin escándalo. Solo con una frase. Y con algo aún más devastador: la normalidad institucional volviendo a su sitio.
