La matriarca de los Mora y el director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz tenían a su servicio a alumnas que eran sacadas de la escuela para limpiar sus casas.
Las niñas sabían que no podían negarse. Las llevaban a domicilios particulares con la promesa de reducir sus castigos o darles una rebanada de pizza. Durante esas horas, dejaban de ser estudiantes para convertirse en sirvientas; publica MILENIO.
Los testimonios de dos menores que permanecieron bajo la custodia del plantel y que, según sus relatos, fueron utilizadas como empleadas domésticas, quedaron asentados en los expedientes de los procesos contra Estrellita y Juan Jesús M., encargados de las áreas femenil y varonil de la academia.
Excadetes de la escuela donde Dafne Zapata Quintos fue víctima de un feminicidio, a escasos días de haber ingresado a un campamento de verano, coinciden en sus señalamientos: teléfonos celulares retirados al ingresar a la academia, largos periodos de incomunicación, castigos que podían durar horas y, en algunos casos, prolongarse durante días, además de violencia física, psicológica y sexual.
Modus operandi
En entrevista exclusiva con MILENIO, el abogado Omar Pérez Hernández sostiene que no se trataba de hechos aislados, sino de un esquema de sometimiento ejercido sobre menores que se encontraban bajo la responsabilidad de la institución.
El penalista es representante jurídico de Danna Yanina y de otra menor que denunció a Juan Jesús M. por violación sexual, y cuya identidad se protege. Ambas, afirma, fueron enviadas a realizar trabajos domésticos.
“Las sacaban de la escuela para ir a realizar trabajos en casa de la mamá de esta mujer (Estrellita M) y del director (Jorge Luis P), las llevaban a realizar labores de limpieza, a las niñas les decían que les iban a hacer más leves sus castigos y otras veces les decían que les darían pizza”.
Explica que “lo que ellas comían en la academia era tortillas con sal, arroz o huevo”, pero, más allá del ofrecimiento, sabían que oponerse no era una opción y “se las llevaban a veces de noche, a veces de día, a cualquier hora”.
Las afectadas, refiere el abogado, recuerdan que encontraban las casas “muy sucias” y tenían que resignarse a barrer, trapear, sacudir y hasta lavar trastes y ropa, labores que ni en su propio hogar realizaban.
El jurista asegura que este conjunto de circunstancias configura algo mucho más grave. Por eso pidió al juez de control Sergio Arturo Arjona que los hechos cometidos contra la menor, presuntamente víctima de abuso sexual, fueran analizados también bajo la figura de trata de personas, particularmente en las hipótesis relacionadas con esclavitud y trabajos forzados.
La petición no prosperó. Durante la audiencia de vinculación a proceso contra Estrellita y Juan Jesús M., el juzgador consideró que no se habían precisado suficientemente las circunstancias y fechas de los hechos planteados y sostuvo que esas precisiones no fueron solicitadas oportunamente durante la formulación de la imputación.
Pérez Hernández discrepa. Afirma que los datos existentes eran suficientes para establecer, al menos en grado de probabilidad, la posible existencia de esas conductas y prepara una apelación contra la determinación, que llegará al amparo si en segunda instancia persiste la negativa.
Pocas denuncias por miedo
Según el abogado, dentro de las carpetas del caso existen testimonios de otros menores que describen castigos prolongados, incomunicación, humillaciones, trabajos excesivos y distintas formas de violencia.
Y cuestiona: “Si esos testimonios ya estaban en poder de la Fiscalía, ¿por qué no se abrieron nuevas investigaciones?”. Apunta que el Ministerio Público tenía la obligación de actuar de oficio al conocer posibles delitos cometidos contra más menores y que no era necesario esperar a que cada niño regresara a la Agencia a formalizar una denuncia y repetir lo vivido.
Omar Pérez señala que hay exalumnos que no han querido denunciar la violencia que sufrieron en la Academia Militarizada Doenitz por miedo a ser detenidos como Danna Yanina, quien, insiste, es inocente en la muerte de Dafne Zapata.
Otros excadetes han intentado acercarse a las autoridades ministeriales, pero habrían enfrentado dificultades para ser atendidos.
“Muchos niños y mamás no quieren ir a denunciar por este tipo de cosas, han ido como cinco. A veces no los quieren recibir, o los hacen esperar por horas. Pero el propio Ministerio Público ya tiene dentro de las carpetas información de estos niños, es evidente que pudiera desglosar e iniciar otra carpeta contra esos tipos, porque eso se sigue de oficio, y los testimonios son coincidentes”.
«Observó y nunca intervino»
De acuerdo con el abogado, Estrellita M. era quien ejercía la autoridad sobre las alumnas, coordinaba actividades y mantenía comunicación con los padres. Esa posición, expone, es fundamental para determinar su posible responsabilidad en los hechos denunciados.
Acusa que ella habría estado presente durante algunos de los hechos de violencia sexual atribuidos a Juan Jesús M. y no intervino.
“A ella se le imputa violación sexual equiparada y violencia familiar equiparada porque mi representada estaba bajo su custodia. Teniéndola a su cargo, no impidió la agresión cometida por su hermano. La niña refiere que la vio y no hizo nada para evitar que abusara de ella”.
Por ambos delitos fue vinculada a proceso, pero el juez negó imputar la trata. No obstante, la defensa confía en que, si la justicia estatal no hace valer su reclamo, la federal dará el respaldo.
Imputaciones contra los hermanos
Cabe recordar que Estrellita M. fue ingresada a prisión por su probable responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, de 13 años de edad, cuya muerte violenta al interior de la Academia Militarizada Doenitz causó conmoción a nivel nacional.
Desde el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, ella enfrenta su vinculación a proceso por estos hechos. En el mismo reclusorio permanece su hermano Juan Jesús M., imputado por violación agravada y violencia familiar equiparada en agravio de la adolescente referida como “la hija de Graciela”.
Al igual que a su hermana, el juez rechazó imputarlo por el delito de trata. Ante esta decisión, el asesor legal de la víctima sostiene que las conductas atribuidas a ambos deben ser valoradas desde una perspectiva jurídica más amplia y advirtió que llevará el planteamiento hasta las últimas instancias, al amparo de los tratados internacionales que protegen a los menores frente a este tipo de delitos y cuyos criterios, afirma, deben prevalecer.
“Cuando una persona mantiene bajo su control a menores de edad, restringe su comunicación y los somete a trabajos mediante amenazas, castigos o promesas de beneficios, esas conductas deben analizarse también a la luz de las disposiciones legales que protegen a los menores frente a la explotación”.
El baño, testigo mudo
Hay otro elemento que, para el asesor jurídico, merece una atención especial.
Se trata del lugar donde su segunda representada denunció que ocurrió la agresión sexual: el baño.
El mismo espacio que aparece relacionado con el lugar donde ocurrió la muerte de otra alumna de la academia, Dafne Zapata.
El penalista no afirma que esa coincidencia demuestre que Dafne haya sido víctima de una agresión sexual. Lo que plantea es que la coincidencia debería ser investigada.
“La forma como sufrió la agresión mi representada es muy similar al lugar donde acontecieron los hechos donde otra niña perdió la vida”, remarca.
Para la defensa, ese elemento no puede simplemente pasar inadvertido. “Corresponde al Ministerio Público determinar si se trata de una coincidencia o de algo que deba investigarse con mayor profundidad”.
Pide investigar a los maestros
La investigación, según el representante jurídico, no debería detenerse en Jorge P., Estrellita y Juan Jesús M. Al revisar las carpetas, asegura haber encontrado elementos que, desde su perspectiva, podrían comprometer también a otras personas que laboraban en la academia.
“Consideramos que el demás personal que estaba dentro de la institución, tiene una participación en estas conductas delictivas”, sostiene.
Habla incluso de un posible consentimiento o tolerancia por parte de algunos maestros. “Es necesario que se les investigue”, advierte.
Son acusaciones graves. Y precisamente por eso, añade, tendrán que ser las autoridades ministeriales y judiciales las que determinen qué puede sostenerse con pruebas y qué permanece, por ahora, en el terreno de los testimonios y las imputaciones de la defensa de las víctimas.
Y mientras el proceso jurídico continúa, el abogado lanza otra interrogante: si los testimonios de otros menores ya estaban dentro de las carpetas, ¿cuánto de lo ocurrido en la Doenitz todavía falta por investigar?
“El verdadero alcance de este caso no está únicamente en determinar la responsabilidad de quienes hoy enfrentan un proceso”, dice.
Por ello, advierte que es necesario descubrir cuántas veces una niña fue castigada, incomunicada, violada, humillada y llevada fuera de la escuela para limpiar una casa.
Imagen portada: MILENIO
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