Mañanera del Pueblo del 7 al 18 de septiembre de 2026
// Ombudsman del Derecho de las Audiencias de la Mañanera del Pueblo / IAQuemada
Ciudad de México.- Durante dos semanas, el huachicol regresó una y otra vez a la Mañanera del Pueblo. No como una sola historia, sino como piezas de un problema mayor: buques que habrían ingresado combustible bajo otras denominaciones, agentes aduanales, gasolineras, decenas de millones de litros asegurados, funcionarios, Marina y una larga lista de preguntas todavía abiertas.
El seguimiento de las conferencias del 7 al 18 de septiembre revela, además, otro fenómeno: mientras el caso crecía, también quedaba expuesta la arquitectura del micrófono presidencial. En el periodo analizado hubo 52 participaciones: 32 desde primera fila, 12 desde segunda, cinco desde tercera y tres desde cuarta. Es decir, 61.5% del acceso se concentró en la primera fila y 84.6% en las dos primeras.
El huachicol permite observar ambas cosas simultáneamente: qué responde el gobierno y quién consigue preguntarle.
De los buques a las aduanas
El 8 de septiembre apareció una de las intervenciones más incisivas. Se cuestionaron las discrepancias sobre el combustible del buque detenido en Altamira: se habían mencionado 10 millones de litros y anteriormente ocho millones. El periodista aseguró, además, que su investigación había identificado 69 buques que ingresaron declarando “aceites” o “aditivos” en lugar de combustible, y sostuvo que 26 habían entrado por Tampico durante la actual administración. También recordó a Claudia Sheinbaum su compromiso de entregar cifras completas sobre el fenómeno. Se trata, debe precisarse, de datos planteados por el periodista durante la conferencia, no de cifras verificadas independientemente por este reporte.
Un día después, el asunto llegó a las gasolineras. Miguel Hernández, de Canal 14, preguntó por las sanciones propuestas para estaciones vinculadas con huachicol y por los mecanismos para identificarlas. En la misma intervención interrogó sobre factureras, vinculando evasión, recaudación y combustible ilegal dentro de la discusión hacendaria.
El 10 de septiembre la ruta condujo a las aduanas. Olga Ojeda Lajud preguntó por la anunciada cancelación de 63 patentes de agentes aduanales debido a irregularidades y su presunta vinculación con contrabando y huachicol fiscal. También planteó si se publicaría la lista de esas patentes.
En tres días, las preguntas habían recorrido buena parte de una cadena: buques, aduanas, agentes aduanales y gasolineras.
El caso SIMSA: del decomiso espectacular al problema procesal
El 18 de septiembre el tema adquirió otra dimensión desde Guanajuato. Miguel Hernández preguntó por el aseguramiento anunciado de más de 59 millones de litros de combustible y si estaba relacionado con redes previamente mencionadas.
Después llegó la pregunta que sintetizaba el problema: Israel Aldave, de Grupo Fórmula, cuestionó cómo podía explicarse un decomiso de semejante magnitud sin un solo detenido. También preguntó por las instalaciones, sus operadores y posteriormente por las cifras de decomisos, detenidos y funcionarios involucrados.
La información posterior sobre el operativo en la terminal de Grupo SIMSA modifica sustancialmente la lectura del episodio y obliga a distinguir entre el anuncio de un aseguramiento y la solidez jurídica de una investigación.
De acuerdo con la actualización incorporada a este reporte, el desenlace pone sobre la mesa una limitación metodológica: la capacidad instalada de almacenamiento industrial no equivale necesariamente a combustible ilícito efectivamente decomisado. Un volumen espectacular puede funcionar como indicador operativo, pero no sustituye la acreditación de procedencia ilícita, la trazabilidad del producto ni una carpeta suficientemente sustentada.
La investigación del llamado huachicol fiscal o contrabando técnico en instalaciones de gran escala requiere algo bastante más complejo que cuantificar tanques: auditorías de sistemas de control volumétrico, cotejos aduanales, documentación fiscal y análisis de laboratorio capaces de establecer origen, composición y trazabilidad del combustible.
Aquí aparece el dato políticamente incómodo que ya estaba contenido en la pregunta de Aldave: mucho combustible y ningún detenido.
Pero la actualización obliga a ir más lejos. Según la información proporcionada, el combustible de la terminal de SIMSA no abandonó los tanques privados ni quedó interrumpida su comercialización en el mercado del Bajío. De confirmarse documentalmente esa secuencia, el concepto mismo de “decomiso” utilizado inicialmente necesitaría ser precisado.
FEMDO: el expediente cambia de dimensión
La atracción del expediente por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abre entonces otra etapa.
No conviene presentar la atracción, por sí sola, como prueba concluyente de que la actuación local fue irregular: jurídicamente pueden existir distintas razones para que una instancia federal asuma una investigación. Pero, puesta en contexto con la ausencia de detenidos y las interrogantes sobre el aseguramiento, sí permite observar un cambio en la naturaleza de la investigación.
El problema deja de reducirse a encontrar combustible almacenado.
La hipótesis investigativa relevante pasa a ser la posible existencia de una estructura financiera, aduanal, fiscal y corporativa detrás del movimiento y comercialización de hidrocarburos.
Ese cambio es fundamental. Para perseguir huachicol tradicional puede buscarse una toma clandestina, una pipa o combustible sustraído de un ducto. Para acreditar huachicol fiscal a escala industrial hay que seguir pedimentos, impuestos, empresas, importadores, facturas, controles volumétricos, transportistas, terminales y dinero.
El despliegue ministerial de San José Iturbide puede entenderse, a partir de la información aportada, como un acierto investigativo inicial en carretera cuyo desarrollo posterior plantea serias preguntas técnico-procesales. Determinar que fue una “pifia” requerirá, sin embargo, revisar la carpeta, las actuaciones ministeriales y las resoluciones correspondientes.
Ese matiz fortalece el reporte: separa lo acreditado de la interpretación.
Y apareció la Marina
La secuencia tampoco terminó en Guanajuato.
Eduardo Dina, de El Universal, preguntó al almirante Raymundo Pedro Morales por José Rafael Ojeda Durán. La intervención señaló que el exsecretario de Marina había sido citado a declarar por el caso de huachicol fiscal relacionado con sus sobrinos y preguntó por su localización y por si continuaba desempeñándose como asesor de seguridad.
Otra vez debe mantenerse la frontera entre pregunta y responsabilidad acreditada. Que esos señalamientos hayan sido formulados en la conferencia no demuestra responsabilidad penal del exsecretario.
Periodísticamente, sin embargo, el desplazamiento resulta significativo. En menos de dos semanas, las preguntas sobre huachicol tocaron buques, puertos, aduanas, agentes aduanales, gasolineras, terminales privadas, funcionarios y Marina.
El problema dejó de parecer exclusivamente petrolero. Se convirtió en un asunto de capacidad institucional del Estado para seguir el combustible y el dinero.
El otro combustible de la Mañanera: el micrófono
Aquí entra la segunda radiografía.
De las 52 participaciones contabilizadas, 44 provinieron de las primeras dos filas. Sólo ocho correspondieron a tercera y cuarta.
La ubicación no demuestra por sí misma favoritismo ni determina la calidad de una pregunta. Algunas de las preguntas más fiscalizadoras del periodo surgieron precisamente de las primeras filas. Pero la concentración existe y es medible.
El 9 de septiembre, Ana Elizabeth García Vilchis, de SDP Noticias, apareció en segunda fila como tercera participante. Preguntó sobre inversión extranjera, reforma fiscal y Fobaproa; en esta última intervención utilizó expresiones como “herencia maldita” y “PRIAN”.
El 17, Poncho Gutiérrez, identificado con Enfoque Noticias y SDP Noticias, apareció como primer participante y desde primera fila. Sus intervenciones abordaron el simulacro, las afectaciones de obras y una encuesta sobre una eventual intervención extranjera en México, entre otros asuntos.
Esto cobra relevancia frente a reporteros y reporteras que, de acuerdo con el seguimiento longitudinal que deberá consolidarse, pueden esperar periodos de meses para recibir el micrófono.
La cuestión periodística no consiste en decidir quién merece preguntar. Es mucho más sencilla:
¿Cuáles son los criterios de Presidencia para distribuir lugares, turnos y recurrencia en el acceso al micrófono?
59 millones no responden a una investigación
El caso SIMSA deja una enseñanza metodológica para evaluar las mañaneras. Las cifras espectaculares deben separarse de sus consecuencias jurídicas.
Litros asegurados no equivalen a litros acreditados judicialmente como ilícitos. Un aseguramiento no equivale a una sentencia. Una operación no equivale a una red desarticulada. Y un anuncio gubernamental no sustituye una carpeta técnicamente sólida.
El verdadero indicador del combate al huachicol fiscal no puede limitarse al volumen anunciado. Debe incluir procedencia acreditada del combustible, impuestos presuntamente omitidos, empresas involucradas, trazabilidad aduanera y fiscal, personas imputadas, funcionarios investigados cuando corresponda, judicializaciones y sentencias.
Esa diferencia explica por qué la pregunta sobre los 59 millones de litros sin detenidos resulta más importante que la espectacularidad de la cifra.
El huachicol que no cabe en el discurso
Después de dos semanas, las preguntas de la Mañanera permiten reconstruir una cadena que el discurso gubernamental todavía no presenta completa.
Primero fueron los buques. Después las aduanas. Luego los agentes aduanales. Aparecieron las gasolineras. Llegaron los millones de litros de Guanajuato. Surgió la pregunta por los detenidos. Después SIMSA obligó a distinguir capacidad de almacenamiento, aseguramiento y acreditación de ilicitud. Y finalmente aparecieron preguntas relacionadas con la Marina.
La investigación federal deberá determinar qué partes de esa cadena están jurídicamente conectadas y cuáles no. El reporte no puede anticiparlo. Pero sí puede establecer algo a partir de las propias conferencias: el huachicol fiscal ya no puede medirse solamente en litros. Se mide en pedimentos, controles volumétricos, impuestos, empresas, dinero, expedientes, imputaciones y sentencias.
Y también se mide en preguntas.
Porque mientras 84.6% de las participaciones de estas dos semanas se concentró en las primeras dos filas, el caso más incómodo del periodo terminó demostrando por qué importa tanto saber no sólo cuánto combustible asegura el gobierno, sino también quién tiene el micrófono para preguntarle qué ocurrió después.
