// Laboratorio de Comunicación Política / IAQuemada
La presidenta Claudia Sheinbaum construyó este jueves una defensa política especialmente elaborada ante el escándalo de las contrataciones electorales y la salida de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral. Su estrategia consiste en reconocer la existencia de un problema, desplazar su origen hacia el pasado, identificar a sus presuntos beneficiarios con adversarios políticos y proponer una solución administrativa desde el Ejecutivo federal.
El argumento tiene una debilidad fundamental: confunde el origen histórico de una red de proveedores con la responsabilidad institucional y política de quienes permitieron su continuidad, la contrataron o debieron supervisarla.
Que una estructura empresarial haya nacido durante el salinismo no demuestra que Lorenzo Córdova sea responsable de sus operaciones. Pero tampoco exonera a Guadalupe Taddei ni a las autoridades que ejercieron funciones durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
La presidenta pretende que una genealogía empresarial explique por sí misma una cadena de responsabilidades. La genealogía puede documentar relaciones; no sustituye la prueba de intervención, conocimiento, beneficio, encubrimiento u omisión culpable.
La refutación debe comenzar concediendo lo verdadero: Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE en 2014; llegó a la presidencia nacional mediante insaculación en la Cámara de Diputados en 2023; y las empresas investigadas registran contrataciones anteriores a su presidencia. Son antecedentes documentables.
Lo que no se sigue de esos hechos es la conclusión política de Sheinbaum: que el centro explicativo del escándalo actual debe trasladarse de Taddei y su gestión hacia Córdova y sus aliados.
La dialéctica erística de Arthur Schopenhauer ofrece una herramienta para desmontar esta operación: distinguir entre ganar una discusión y demostrar una proposición. El propio Schopenhauer estudió procedimientos que permiten imponer una conclusión sin haber acreditado su verdad. Con Ludwig Wittgenstein podemos investigar cómo se modifica el significado de las palabras durante el discurso político.
Estos marcos no prueban una intención psicológica de engañar. Permiten identificar las operaciones argumentativas observables y someterlas a una crítica racional.
I. Las siete operaciones argumentativas de la presidenta
1. La falacia genética: «¿De dónde venía Guadalupe Taddei?»
Sheinbaum presenta el nombramiento de Taddei en Sonora como la clave para interpretar su identidad política posterior.
La premisa es verdadera. La conclusión sugerida es injustificada.
Taddei fue designada por un órgano colegiado encabezado entonces por Lorenzo Córdova. Sin embargo, esa designación no la convirtió en representante personal del presidente del INE ni en integrante de una facción política subordinada a él.
La confusión consiste en transformar una relación administrativa verificable en una relación de pertenencia política no demostrada.
Una persona puede ser nombrada por una institución y posteriormente adoptar posiciones contrarias a quienes la integraban. La continuidad biográfica no establece necesariamente continuidad ideológica.
Refutación: si nombrar a alguien significara compartir su responsabilidad política futura, también habría que atribuir al gobierno federal y a la mayoría legislativa de 2023 una responsabilidad equivalente por la integración del INE que produjo la presidencia de Taddei.
El nombramiento de 2014 explica cómo ingresó a determinada función. No explica quién tomó las decisiones cuestionadas entre 2023 y 2026.
2. La ampliación indebida de responsabilidad: «Tú y todos los consejeros del INE»
Sheinbaum señala que los consejeros presididos por Córdova nombraron a las autoridades electorales locales y pregunta por qué no impidieron determinadas contrataciones.
Aquí se introduce una equiparación jurídicamente problemática: facultad de designación no equivale a control directo de todas las decisiones administrativas del organismo designado.
El artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reconoce personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de funcionamiento e independencia decisoria a los organismos públicos locales electorales.
El Consejo General del INE designa a sus consejeros, pero los OPLE conservan competencias propias. Esta distinción se encuentra expresamente recogida en los acuerdos oficiales del Instituto.
Esto no significa que el INE carezca de obligaciones de regulación, coordinación, fiscalización o supervisión dentro de sus atribuciones legales. Significa que esas obligaciones deben identificarse concretamente.
La pregunta pertinente no es solamente quién nombró a los consejeros, sino qué autoridad aprobó cada procedimiento de contratación, cuál era la norma aplicable y qué funcionarios pudieron intervenir.
3. La culpa por asociación: «¡Oh, sorpresa!»
Sheinbaum reconstruye la trayectoria de Juan Carlos Padilla Aguilar, la relaciona con los hermanos Hernández Casillas y destaca sus presuntos vínculos políticos posteriores con el entorno de Acosta Naranjo.
La asociación puede justificar nuevas preguntas de investigación. No constituye por sí misma prueba de una operación concertada.
Trabajar con alguien en el pasado, pertenecer posteriormente a una organización política y participar en una red de contrataciones son hechos de naturaleza diferente.
Para transformarlos en una acusación sustentada harían falta pruebas de coordinación, conocimiento, decisiones compartidas o beneficios.
Refutación: aun cuando todas las relaciones personales y laborales mencionadas fueran exactas, la conclusión de que un partido político actual es responsable de contrataciones históricas no se desprendería automáticamente de ellas.
La responsabilidad no se transmite por contacto.
4. El desplazamiento temporal: «No surgió con Taddei»
Esta afirmación probablemente sea una de las más eficaces del discurso porque contiene una verdad verificable: la trayectoria de los proveedores antecede a la presidencia de Taddei.
Pero también introduce una falsa alternativa.
Que una trama no haya comenzado durante una gestión no significa que esa gestión no pueda ser responsable de mantenerla, expandirla, tolerarla o contratarla irregularmente.
Las responsabilidades son acumulativas, no excluyentes.
El ejemplo es sencillo: si una red de corrupción opera durante cuatro administraciones, investigar a la primera no exonera a las otras tres.
Refutación: el origen antiguo de una irregularidad puede ampliar el universo de investigados; nunca debe reducirlo.
5. La apariencia de precisión: «Más de 2 mil millones»
La Secretaría Anticorrupción presentó cifras que la prensa reportó como 2,094 millones de pesos contratados entre 2015 y 2023, y otros 646 millones entre 2024 y 2025. La Jornada+1
Estas cifras permiten dimensionar un fenómeno de concentración empresarial. No demuestran, por sí solas, desvío de recursos, sobreprecio o corrupción por la totalidad de los montos.
Es indispensable distinguir entre dinero contratado, dinero pagado, daño patrimonial acreditado y beneficio ilícito.
Además, la comparación presidencial utiliza periodos de distinta duración: nueve años frente a dos.
Una lectura meramente aritmética da aproximadamente 233 millones anuales para 2015-2023 y 323 millones para 2024-2025. La segunda cifra es mayor, aunque no equivale todavía a demostrar un incremento real de irregularidades, porque deben homologarse cobertura, servicios, inflación y contratos.
La selección de los datos históricos puede producir una impresión de culpabilidad exclusiva que los datos no sostienen.
6. La sustitución del expediente por el antagonista
Al colocar a Lorenzo Córdova en el centro de la exposición, la presidenta convierte una controversia administrativa y potencialmente penal en una confrontación política reconocible.
La pregunta pública deja de ser quién autorizó, supervisó o se benefició de contratos específicos y se transforma en quién pertenece a qué grupo político.
Esto se aproxima al procedimiento erístico de abandonar el objeto concreto de controversia para atacar una posición más amplia del adversario.
Pero demostrar inconsistencias de Córdova no demuestra inocencia de Taddei.
Dos adversarios pueden estar equivocados simultáneamente. Dos administraciones pueden haber incumplido obligaciones diferentes.
7. La solución gubernamental como cierre narrativo
El anuncio de fortalecer Talleres Gráficos de México tiene elementos atendibles: competencia, transparencia, reglas comparables, control de intermediarios y participación de instituciones académicas.
Sin embargo, la propuesta no responde por sí misma a las preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades anteriores.
Además, cualquier concentración adicional de producción electoral en una entidad vinculada al Ejecutivo debe acompañarse de salvaguardas de independencia, auditoría y trazabilidad, precisamente porque la autonomía electoral es un valor que también debe protegerse.
Un decreto futuro no sustituye las investigaciones del pasado.
La consecuencia política de esta última operación es significativa: después de señalar una trama histórica atribuida a sus adversarios, el Gobierno federal aparece como el actor capaz de corregirla.
Así, el discurso presenta al Ejecutivo simultáneamente como fiscal de la historia y reformador del presente, sin someter su propia actuación al mismo nivel de escrutinio.
II. Schopenhauer: la erística presidencial bajo examen
En El arte de tener razón, Schopenhauer describe 38 estratagemas de controversia. No todas son falacias formales; algunas consisten en maniobras retóricas para obtener una ventaja dialéctica.
La intervención presidencial permite identificar correspondencias especialmente claras.
| Estratagema | Aplicación en La Mañanera |
|---|---|
| N.º 1. Ampliación | Extiende la discusión de los contratos recientes a toda la historia del sistema electoral, trasladando el centro de responsabilidad |
| N.º 2. Homonimia | Emplea la idea de pertenecer a un «grupo» como si una trayectoria institucional acreditara afiliación o subordinación política |
| N.º 16. Argumento ad hominem | Recurre a la historia y relaciones del adversario para cuestionar su posición, sin resolver necesariamente el fondo de las contrataciones |
| N.º 29. Diversión | Introduce al salinismo, el CISEN y Somos como asuntos que compiten con la pregunta sobre las responsabilidades de la presidencia reciente del INE |
| N.º 32. Categorización odiosa | Condensa vínculos y contrataciones heterogéneos en etiquetas como «cochinero» y «mafia electoral», antes de demostrar individualmente todas las responsabilidades |
Hay un rasgo particularmente significativo: la presidenta no necesita demostrar que Taddei es inocente. Le basta con presentar una historia más extensa, políticamente reconocible y emocionalmente contundente, que desplace la atención pública.
El éxito dialéctico consiste en cambiar la pregunta que el auditorio cree estar respondiendo.
Inicialmente se pregunta qué ocurrió bajo la presidencia de Taddei. Al final, se discute quién creó la estructura histórica de los proveedores.
Cuando la presidenta habla de Taddei, exige que la ASF y la Fiscalía determinen sus posibles responsabilidades. Esa cautela es correcta.
Cuando habla de sus adversarios, utiliza expresiones concluyentes —«mafia electoral», «creador de estos personajes»— sin exponer una resolución que atribuya individualmente las responsabilidades que esas expresiones sugieren.
La presunción de inocencia y la exigencia probatoria no pueden depender de la identidad política del investigado.
La misma regla debe aplicarse a Taddei, Córdova, los Hernández Casillas y cualquier funcionario implicado.
III. Wittgenstein: cuando las palabras cambian el objeto de la discusión
El enfoque del segundo Wittgenstein, especialmente sus reflexiones sobre los juegos de lenguaje en Investigaciones filosóficas, permite identificar otra operación.
La presidenta utiliza cuatro expresiones decisivas: «viene de», «grupo electoral», «nombró» y «mafia».
Cada una corresponde a un campo de significado distinto.
«Viene de» puede describir una trayectoria profesional, no necesariamente una lealtad política.
«Grupo electoral» puede indicar un conjunto de funcionarios pertenecientes a un mismo sistema institucional, no una organización coordinada.
«Nombró» identifica un acto jurídico, pero no necesariamente una relación permanente de mando.
«Mafia» supone una organización ilícita, algo que requiere pruebas específicas antes de asumirse como hecho.
La operación discursiva consiste en pasar de un significado administrativo a otro político y finalmente a uno penal, sin demostrar todas las transiciones.
El significado de las palabras cambia mientras el discurso mantiene la apariencia de una argumentación continua.
De ese modo, lo que comenzó como una designación legal termina presentado como indicio de complicidad colectiva.
La crítica wittgensteiniana obliga a preguntar en qué sentido exacto se emplea cada palabra y qué evidencia autoriza ese uso.
No es una cuestión de semántica ornamental. Es la diferencia entre una investigación verificable y una imputación por asociación.
IV. La contradicción más incómoda: la «tómbola» y la responsabilidad política de Morena
La explicación presidencial sobre la insaculación de 2023 es jurídicamente correcta, pero insuficiente para resolver la cuestión política.
El Tribunal Electoral confirmó que Taddei fue seleccionada el 31 de marzo de 2023 mediante el procedimiento desarrollado en la Cámara de Diputados, después de la evaluación de aspirantes y ante la falta de acuerdo para alcanzar la mayoría calificada.
La tómbola determina quién resulta designado entre las personas elegibles. No demuestra que el proceso careciera de preferencias partidistas ni que los actores políticos fueran indiferentes al resultado.
Tampoco demuestra que Morena haya intervenido indebidamente en la selección.
Son preguntas diferentes.
Más relevante todavía: existe una declaración presidencial anterior que introduce una tensión con la defensa actual.
En la conferencia del 30 de octubre de 2026, Sheinbaum reconoció, refiriéndose a Taddei, que había traicionado la confianza depositada en ella al llegar a la presidencia del INE, por lo que describió como su participación en esos contratos.
Este reconocimiento no equivale a una confesión de responsabilidad partidista, pero plantea una pregunta inevitable: ¿de quién era esa confianza y sobre qué actuaciones concretas descansaba?
Una confianza política o institucional puede ser compatible con una designación por sorteo. No debe confundirse la legalidad del procedimiento con la ausencia de relaciones políticas.
Además, Taddei renunció con efectos desde el 26 de octubre de 2026, después de los señalamientos e investigaciones sobre sus contrataciones. Su propia comunicación pública insistió en la necesidad de preservar la independencia institucional y esclarecer los hechos con debido proceso.
La renuncia no acredita culpabilidad. Pero tampoco la elimina.
V. El dato que debilita la distribución presidencial de responsabilidades
La documentación reportada este mismo 5 de noviembre plantea una interrogante que la narrativa presidencial no resuelve satisfactoriamente.
La cifra más reciente no es marginal: durante 2024 y 2025 se registraron contrataciones por 646 millones de pesos atribuidas a la misma red, cuando Córdova ya no presidía el INE y Taddei encabezaba el organismo nacional.
Ahí reside la debilidad del argumento presidencial: si los nombramientos de autoridades locales permiten cuestionar la responsabilidad de Córdova, es necesario examinar con el mismo rigor las obligaciones del INE durante la gestión de Taddei.
Una investigación equilibrada debe establecer quiénes autorizaron contratos, quiénes emitieron recomendaciones, quiénes supervisaron y qué irregularidades estaban formalmente identificadas en cada periodo.
No puede utilizar un criterio expansivo de responsabilidad contra un adversario y uno restrictivo para una figura políticamente incómoda.
VI. Diez preguntas que la presidenta tendría que responder
Estas preguntas trasladan el debate del enfrentamiento retórico al terreno de la prueba documental.
1. Si el nombramiento de consejeros locales compromete a Lorenzo Córdova, ¿qué obligaciones de vigilancia correspondieron al INE bajo Guadalupe Taddei respecto de esas mismas contrataciones?
2. ¿Qué documentos acreditan que Córdova conocía irregularidades concretas y omitió actuar pese a contar con facultades legales para hacerlo?
3. ¿Cuáles fueron las contrataciones autorizadas entre 2023 y 2026, quién las firmó y quién verificó su cumplimiento?
4. ¿Qué evidencia conecta los vínculos políticos actuales de Juan Carlos Padilla Aguilar con decisiones de contratación electoral adoptadas décadas antes?
5. ¿Qué parte de los 2,094 millones y de los 646 millones corresponde a contratos legales, a sobreprecios presuntos y a daño patrimonial efectivamente determinado?
6. ¿Qué funcionarios y órganos internos de control recibieron alertas sobre concentración de proveedores, simulación de competencia o posibles conflictos de interés?
7. ¿En qué momento las autoridades federales conocieron los indicios que ahora presenta la Secretaría Anticorrupción, y qué actuaciones documentadas realizaron?
8. ¿Por qué la pertenencia de Taddei al sistema electoral anterior sería relevante para identificar sus lealtades, mientras su nombramiento de 2023 y los respaldos políticos posteriores no lo serían?
9. ¿Cómo garantizará el Gobierno federal que fortalecer Talleres Gráficos no implique aumentar la dependencia operativa de la autoridad electoral respecto del Ejecutivo?
10. ¿Aceptaría la presidenta aplicar a Taddei, a su gobierno y a sus aliados exactamente el mismo razonamiento de responsabilidad por nombramiento, conocimiento institucional y omisión que utiliza contra Córdova?
La décima pregunta es la decisiva: obliga a universalizar la regla del razonamiento presidencial. Si no puede aplicarse consistentemente a todos los actores, no funciona como principio de atribución de responsabilidades.
VII. Qué puede sostenerse deontológicamente
| Afirmación | Evaluación |
|---|---|
| Taddei fue designada en Sonora por el INE presidido por Córdova | Documentada |
| Taddei llegó al INE mediante insaculación parlamentaria | Documentada |
| La red empresarial tenía contratos anteriores a la gestión de Taddei | Documentada en la investigación gubernamental presentada |
| Córdova es responsable de todas las contrataciones de los OPLE que designó | No demostrado |
| La vinculación política de Padilla acredita responsabilidad de Somos o Córdova | No demostrado |
| La permanencia de los proveedores exonera a Taddei | Lógicamente insostenible |
| Los montos contratados constituyen íntegramente corrupción comprobada | No acreditado |
| Fortalecer Talleres Gráficos resolverá las irregularidades electorales | Propuesta pendiente de evaluación |
La autoridad investigadora presentó indicios relevantes y la UIF adoptó medidas de bloqueo sobre personas y empresas relacionadas con el caso. Esos procedimientos deben ser examinados y pueden conducir a responsabilidades. No equivalen todavía a sentencias condenatorias.
El rigor del análisis no exige defender a Lorenzo Córdova ni absolver a Guadalupe Taddei. Exige que ninguna explicación partidista sustituya la investigación de los hechos.
VIII. Conclusión: el pasado no absuelve al presente
La presidenta tiene razón en una cuestión sustantiva: los problemas estructurales de las contrataciones electorales no necesariamente comenzaron con Guadalupe Taddei. Si existen indicios de irregularidades anteriores, deben investigarse hasta sus orígenes.
Pero su argumentación fracasa cuando pretende que el pasado establezca una atribución política preferente que la prueba disponible no demuestra.
El verdadero problema no consiste en determinar quién puede contar la historia más antigua de la corrupción electoral, sino quién puede documentar las responsabilidades concretas de cada administración.
Sheinbaum identifica a Córdova mediante una cadena de nombramientos, relaciones personales y trayectorias políticas. Sin embargo, esas conexiones no constituyen por sí mismas una demostración de responsabilidad administrativa o penal.
A la vez, la presidenta reconoce la necesidad de investigar a Taddei, pero el peso de su exposición se dirige hacia los adversarios de la Cuarta Transformación.
La asimetría es política y argumentativamente relevante.
Desde Schopenhauer, el discurso puede leerse como un desplazamiento erístico de la controversia. Desde Wittgenstein, como una transformación del significado de las relaciones institucionales mediante el lenguaje político.
La crítica más sólida, sin embargo, es más sencilla:
Si la red empresarial operó durante el salinismo, la etapa de Lorenzo Córdova, el gobierno de López Obrador y la presidencia del INE de Guadalupe Taddei, la investigación debe abarcar todas esas etapas.
El argumento de que una irregularidad viene de atrás no es una defensa del presente. Es una exigencia de investigar también el pasado.
Y cuanto más antigua, extendida y conocida haya sido una estructura irregular, mayor será la necesidad de explicar por qué pudo seguir funcionando.
La conclusión es incómoda para todos los involucrados: la responsabilidad histórica no sustituye la responsabilidad contemporánea. Puede sumarse a ella.
Sheinbaum no ha demostrado, con los elementos examinados, que Córdova sea el responsable central del escándalo. Y la historia que cuenta tampoco absuelve a Taddei.
La verdad institucional exige expedientes, competencias identificadas, pruebas y responsabilidades individualizadas. No genealogías partidistas construidas para ganar una conferencia de prensa.
Fuentes principales de contraste
- Tribunal Electoral: sentencia SUP-JE-1172/2023 sobre la designación de Taddei.
- INE: trayectoria institucional de Guadalupe Taddei.
- Diario Oficial: autonomía y procedimiento de designación de consejeros locales.
- Presidencia: versión estenográfica del 30 de octubre de 2026.
- La Jornada: presentación gubernamental del 5 de noviembre.
- El Economista: contratos y presuntos esquemas de simulación.
