Sentada en un sofá prestado, con un crucifijo detrás, Rosa Mosqueda Ambía, de 96 años, intenta poner en orden las piezas de un despojo que tardó más de una década en consumarse. No estuvo presente la mañana del 26 de agosto de 2025, cuando la fuerza pública rompió los cerrojos de su casa de tres pisos en Piura 749, en la colonia Lindavista. Logró juntar 5 mil pesos para que le avisaran la fecha exacta del desalojo y rescatar a toda prisa algunos muebles. Todo lo demás lo perdió; señala MILENIO.
Prefirió no encarar la humillación ni estar cerca del abogado que la extorsionó y despojó del hogar que construyó junto a su esposo desde 1961. “No me sentía capaz de estar ahí y ser la burla de un criminal de esta naturaleza. Por dignidad, por miedo, por dolor, por todo, no quisimos estar ahí”, confiesa con la voz firme.
El origen del caso se remonta a octubre de 1999, tras la muerte de su esposo, el abogado invidente Luis Barajas Castellón, a quien ella auxilió durante 42 años de matrimonio como asistente personal en los tribunales. Al no haber tenido descendencia directa, la pareja construyó un patrimonio pensado únicamente para garantizar su tranquilidad en la vejez. Con los ahorros de toda una vida, reunieron una masa hereditaria de ocho inmuebles valuados en casi 35 millones de pesos.
“Trabajamos mano a mano para asegurar nuestros últimos años”, recuerda la mujer. Sin embargo, la falta de una regularización a tiempo y la irrupción de una red de abogados deshonestos terminaron por arrebatarle el patrimonio completo.
La señora Rosi, como la llaman, repasa una a una las propiedades perdidas: la casa conyugal de Piura 749; la de Marisma 97 en Alpes, donde resguardaba muebles familiares; Egipto 83 en Clavería; y un inmueble más en Guadalajara. El inventario se completa con cuatro propiedades más en las colonias Santa María la Ribera, Triunfo de la República, Tlatilco y Providencia.
La clave del enredo legal radica en la titularidad de los bienes: cuatro estaban a nombre de su difunto esposo, dos a nombre de Rosa Mosqueda y dos más no estaban escrituradas cuando Barajas Castellón falleció. Poner en orden el patrimonio fue, precisamente, la rendija por donde se colaron los abusos.
Tras el desalojo en Lindavista, Rosi habita hoy un departamento prestado en Nezahualcóyotl que le facilitó un médico amigo de la familia. Ahí, en medio del refugio improvisado, atiende a su hermana enferma María de la Luz, de 92 años, apoyada por el auxilio diario de su asistente Óscar Gálvez Bonilla, de 80.
Un contrato de compraventa apócrifo llega al juzgado
Es 7 de septiembre. La señora Rosi recibe a este reportero luciendo una blusa estampada, un pantalón mostaza e impecable peinado rubio. A sus 96 años, conserva una lucidez contundente para precisar fechas, repasar detalles de los expedientes y señalar las traiciones. Sentada en el comedor cubierto por un mantel blanco de su vivienda temporal, recuerda que la pesadilla comenzó en 2013, cuando buscó asesoría para regularizar las escrituras tras el fallecimiento de su esposo.
Fue cuando apareció el abogado Teok Flores Bravo. “Él dijo que me iba a ayudar con los papeles de mi esposo, pero en lugar de eso inventó un documento que yo nunca firmé para quedarse con las casas”, acusa con indignación.
Para consumar la jugada, Flores Bravo demandó a la mujer en el Juzgado Primero Civil de Toluca, Estado de México –una jurisdicción ajena a la ubicación de los inmuebles, lo que representaba un primer indicio del fraude–. El litigante exhibió un contrato de compraventa apócrifo de 1997, alegando que el matrimonio le había vendido la mitad de las ocho propiedades por cuatro millones de pesos en efectivo. Como respaldo, fabricó cartas mecanografiadas en una máquina de escribir que le había pedido prestada a la misma Rosi e incluyó como supuestos testigos a su asistente y a un sobrino de ella.
Poco después, el propio Teok Flores introdujo en la escena a otro litigante allegado a él, Carlos Eduardo González Sandoval. Aprovechándose del glaucoma que padece Rosi, Flores la hizo firmar un poder notarial a favor de González para representarla. Tiempo después, acusa la mujer, Flores invadió uno de sus departamentos. DOMINGA buscó contactar al abogado Teok Flores para conocer su versión, pero no hubo respuesta alguna; al contrario, procedió a bloquear a este reportero tras solicitar su testimonio.
Arrepentido de formar parte de la maniobra, según dijo, González Sandoval decidió canalizar a la señora Rosi con un nuevo litigante: Víctor Hugo Espino Hernández, quien presumía trabajar para un reconocido despacho penalista capitalino. “Creí que por fin alguien me defendería”, lamenta Rosi. Sin embargo, Espino terminaría convirtiéndose en su principal extorsionador.
Falsificaron la firma de doña Rosa
En la Ciudad de México, el despojo puede operar mediante violencia, pero también a través de mecanismos que aparentan ser legales. La fiscalía capitalina ha identificado esquemas basados en contratos de compraventa apócrifos, simulación de juicios e instrumentos notariales para apropiarse de inmuebles. El propietario suele enterarse hasta que recibe la orden de desalojo. Entre las principales víctimas, según la propia autoridad, están los adultos mayores y las personas que viven solas.
Las cifras oficiales confirman el avance de este delito: en 2025 las carpetas de investigación por despojo aumentaron 4.25% respecto a 2024, sumando 3 mil 797 casos. El problema no se detuvo: en el primer semestre de este 2026 se abrieron mil 978 investigaciones más. Ante este panorama, el Congreso de la Ciudad de México reformó las leyes para aumentar las penas en casos donde justo median documentos falsos o la participación de redes delictivas.
Este fue el esquema contra Rosa Mosqueda. En un primer juicio penal, un juez determinó que el contrato de Teok Flores era apócrifo y lo condenó a pagar un millón 682 mil pesos o cumplir un año de prisión. Flores no pagó y promovió un amparo.
En tanto, el nuevo abogado, Víctor Hugo Espino Hernández, y la señora firmaron un contrato de prestación de servicios con honorarios del 25% sobre los inmuebles. En el documento se aclaraba que el pago se realizaría hasta la venta final de las propiedades. Sin embargo, el litigante ejecutó un embargo de manera anticipada. A la par, comenzó a exigirle entregas continuas de efectivo. “Me pedía de 5 mil, 10 mil, 60 mil y hasta 100 mil pesos con el pretexto de realizar pagos a jueces y al Ministerio Público. Fueron más de 900 mil pesos entregados sin recibo. Fue extorsión y engaño”, dice la señora Rosi.
La relación se rompió en junio de 2020 cuando la anciana se negó a entregarle más dinero. Espino la insultó y abandonó el caso. Entonces, Rosa Mosqueda descubría otra traición: su sobrino Francisco Javier se había aliado con el abogado.
El desalojo de la casa conyugal
En febrero de 2021, recomendada por un abogado amigo de la familia, doña Rosi contrató al litigante José Arturo Chávez García para demandar a Espino por extorsión. En lugar de entablar la demanda penal que correspondía, Chávez la convenció de enviarle únicamente un aviso por escrito ante notario a Víctor Hugo Espino para reclamar su actuar. Era un trámite estéril: el abogado sólo simulaba gestiones para cobrarle mensualmente mientras la dejaba en total indefensión.
La respuesta de Espino fue inmediata. Promovió un procedimiento para exigirle el pago de 6 millones 582 mil pesos. Pese a que Chávez le aseguró a la anciana que era un trámite sin validez, el extorsionador promovió formalmente una demanda en el Juzgado 24 de lo Civil. “Decía que habíamos hecho un contrato verbal por 6 millones de pesos por el juicio que llevó en contra de Teok Flores Bravo y que yo no había pagado”, detalla doña Rosi. Durante la audiencia de febrero de 2023 se consumó otra traición: el sobrino de la afectada, Francisco Javier, testificó a favor del extorsionador. Aseguró que dicho contrato verbal sí existía.
El 8 de mayo de 2023, el juzgado dictó sentencia. Condenó a Rosi a pagar 4 millones 582 mil pesos, más el 25% del valor de cada inmueble y un 2% adicional por su venta. Aunque ella firmó la apelación a tiempo, el abogado Chávez la ingresó fuera de plazo con el pretexto de un error de sus pasantes. La omisión provocó que el fallo quedara firme y la dejó sin defensa. Pese al desastre, el litigante siguió cobrando sus honorarios. “De febrero de 2021 a septiembre de 2023 pagué cada mes por sus honorarios, 10 mil pesos más supuestos gastos. Y él salió con esa tontería”, reclama
“Espino Hernández y Chávez García estaban coludidos. La corrupción en el juzgado facilitó todo esto”, agrega.
Con la sentencia dictada, el juez ordenó el embargo de las propiedades y Espino logró congelar las cuentas bancarias de la señora, incluyendo su pensión alimenticia por viudez y su pensión del Bienestar.
Para intentar frenar el desastre, la señora Rosi contrató a Alejandra Jiménez Ávila, una pasante que le cobraba 5 mil pesos mensuales más cobros adicionales por supuestos trámites. Prometió entablar juicios por daños y perjuicios contra los abogados anteriores, pero sus gestiones tampoco frenaron la ejecución.
El desalojo de la casa conyugal en Piura 749 se ejecutó la mañana del martes 26 de agosto de 2025 con fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Tras perder el hogar donde vivió casada por más de medio siglo, la anciana debió trasladarse a Marisma 97 para resguardar lo poco que rescató. Hoy, su representación legal intenta simplemente sobrellevar el procedimiento en la medida de lo posible.
Las acusaciones contra el operador del fraude
Tras una revisión en registros oficiales, se confirmó que la cédula profesional de Víctor Hugo Espino Hernández sí corresponde a la de un abogado titulado. Este personaje cobró notoriedad pública en el ámbito penal cuando el periodista Carlos Jiménez difundió un video en el que se le observa en una audiencia judicial actuando como representante legal de Irving N, presunto líder de La Unión Tepito.
El fragmento del video se mostró a Rosi, quien reconoció y confirmó sin duda que el hombre que aparece alegando ante el juez es la misma persona que la embargó y extorsionó. El perfil de Espino responde al de un abogado que, tras haber defendido inicialmente a la anciana, terminó utilizando los propios mecanismos del aparato judicial para despojarla y dejarla en la calle.
En la búsqueda realizada para este reportaje no se hallaron perfiles ni información pública sobre los litigantes José Arturo Chávez García ni Alejandra Jiménez Ávila. De acuerdo con Rosa Mosqueda, tanto el abogado Chávez García como Jiménez Ávila le aseguraron en su momento que Víctor Hugo intentó comprarlos o sobornarlos. Según le relataron, les prometió sumas de dinero superiores a sus honorarios a cambio de ceder en el litigio, a lo que ambos afirmaron haberse negado bajo el argumento de que ellos “no se vendían”.
Sin embargo, tras la cadena de supuestas omisiones, plazos vencidos y cobros mensuales que terminaron por consolidar el despojo de sus propiedades, Rosi sospecha hoy que ambos estaban coludidos con él o que, en el mejor de los casos, simplemente buscaron sacar provecho económico e individual de su vulnerabilidad.
“Me vieron sola, vieja y pensaron que no me iba a dar cuenta, pero Dios me da lucidez para ver que todos jugaron en mi contra”, concluye doña Rosi.
Las vías jurídicas de combate técnico
A pesar del desalojo en Piura 749 y del avance del embargo sobre las demás propiedades, Rosa Mosqueda aún tiene caminos legales para pelear. José Luis Matabuena Ramírez, maestro en Derecho Constitucional y socio de Gabinete Legal, A.C., revisó el caso y confirmó las alternativas que siguen abiertas. De acuerdo con Matabuena, la vía principal es denunciar un fraude procesal, es decir, un delito que ocurre cuando se engaña a un juez con documentos falsos para sacarle una sentencia a favor, justo como hizo Teok Flores con el contrato apócrifo de 1997.
“Si se demuestra que la demanda inicial se basó en mentiras y trámites alterados, todo lo que cobraron o embargaron después se cae”, explica el especialista.
En la parte civil, plantea promover la anulación del juicio, una herramienta extraordinaria para echar abajo sentencias pasadas cuando se prueba que a la víctima la dejaron indefensa mediante trampa, complicidad o negligencia de sus abogados.
Además, el abogado subraya que las autoridades están obligadas a proteger a la señora Rosi por su avanzada edad. Instancias como la Fiscalía de Atención a Personas Adultas Mayores y la comisión antidespojos pueden dictar medidas urgentes para frenar remates de propiedades, detener demoliciones y proteger sus casas mientras se investiga el fondo del caso. Aunque no es un camino fácil, la suma de abusos y engaños deja una puerta abierta para que la justicia revise este despojo con perspectiva de derechos humanos y proteja a una adulta mayor de 96 años.
Imagen portada: Guillermo Rivera
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