El Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como el Altiplano, cumple 35 años de operaciones y se ha convertido en la prisión de máxima seguridad más emblemática de México y en un espejo de la evolución del crimen organizado en el país: del narco al huachicol fiscal o lavado de dinero; publica MILENIO.
El penal se declaró terminado en su construcción en 1990 y, entre agosto y noviembre de 1991, quedaron listos sus últimos detalles y el inicio de la recepción de sus primeros internos.
Por sus celdas han pasado narcotraficantes, secuestradores, jefes de sicarios y líderes de organizaciones que durante décadas disputaron territorios a sangre y fuego.
Rafael Caro Quintero; Joaquín El Chapo Guzmán; Edgar Valdez Villarreal, La Barbie; Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40; Omar Treviño Morales, El Z-42; Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón; Daniel Arizmendi, El Mochaorejas; además de personajes como Mario Aburto Martínez y Raúl Salinas de Gortari, forman parte de su historial.
Pero el perfil de algunos de sus actuales “inquilinos” muestra otra cara del crimen.
Altiplano, la casa de los criminales de cuello blanco
A los mandos armados se sumaron en los últimos años empresarios, exfuncionarios, militares y presuntos operadores de redes financieras y de contrabando de combustibles.
Entre los internos actuales de mayor perfil criminal se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1, señalado como jefe de Los Rs y ligado a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco.
Fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y permanece en prisión preventiva en el Altiplano.
Su perfil conserva la tradición para la que fue concebido el penal: aislar a mandos criminales con capacidad territorial, armada y de operación.
Pero comparte prisión con una nueva generación de acusados, principalmente involucrados en el contrabando o robo de combustible.
Uno de ellos es Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina señalado por la FGR dentro de una investigación de huachicol fiscal que involucra a militares, funcionarios aduanales y empresarios en el ingreso ilegal de combustibles.
También fue enviado al Altiplano el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, procesado junto con otros acusados por delincuencia organizada y contrabando dentro de otra investigación relacionada con combustible ingresado ilegalmente al país.
La nueva población de alto perfil refleja así una transformación, la del narcotraficante que controlaba rutas y pistoleros, al empresario, funcionario o intermediario acusado de operar empresas, aduanas, documentación comercial, dinero y redes logísticas.
Otro es Humberto Enrique López Arellano, capitán de navío y exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas; permanece en el Altiplano por el caso de la red de huachicol fiscal vinculada con aduanas marítimas.
Clímaco Aldape Utrera, capitán de la Marina procesado en la misma causa de huachicol fiscal, también permanecía recluido en el Altiplano en junio de 2026.
¿Qué pasó con los capos presos en el Altiplano?
Esto no significa que el Altiplano haya dejado de recibir hombres señalados como integrantes de organizaciones violentas, pero 35 años después de su apertura, la lista de internos permite observar la transformación de las grandes investigaciones federales.
Por ejemplo, en los años noventa y dos mil, los personajes de mayor notoriedad eran secuestradores, narcotraficantes y jefes de organizaciones armadas.
Hoy siguen llegando operadores de esa naturaleza, pero también acusados relacionados con esquemas financieros, empresas fachada, comercio exterior, corrupción aduanera y contrabando de hidrocarburos.
El huachicol fiscal se convirtió en uno de los ejemplos más claros. Incluso han abandonado el Altiplano para ser entregados a las autoridades de Estados Unidos.
El 20 de enero, México entregó a 37 personas requeridas por autoridades estadunidenses por narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de personas y otros delitos.
El Departamento de Justicia estadunidense informó que entre los enviados había integrantes o líderes vinculados con el Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Línea y la antigua organización de Los Beltrán Leyva.
La operación fue la tercera entrega masiva realizada durante la actual administración federal.
Antes, en febrero de 2025, México envió a Estados Unidos a 29 narcotraficantes y líderes criminales, entre ellos Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, quienes durante años representaron precisamente el tipo de interno para el cual fue diseñado el penal de Almoloya.
Con ello, el Altiplano se “libró” de los altos mandos de la mafia dedicada al trasiego de drogas.
El Chapo, el criminal que escapó del Altiplano
Pero ningún episodio marcó tanto al Altiplano como la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
La noche del 11 de julio de 2015, El Chapo desapareció de su celda a través de un túnel que desembocaba en el área de la regadera.
El pasadizo, construido desde un inmueble ubicado fuera del perímetro penitenciario, convirtió en símbolo de vulnerabilidad a la prisión que durante años había sido presentada como inexpugnable.
Guzmán fue recapturado seis meses después y finalmente extraditado a Estados Unidos. La fuga provocó revisiones de protocolos, sistemas de vigilancia y medidas de control dentro del penal.
Otros internos tampoco salieron de ahí con vida. El Canicón, identificado como uno de los mandos de Los Zetas, murió en el Altiplano en 2015.
Una prisión dentro de otra
El Altiplano cuenta con dormitorios de alta seguridad, áreas médicas, espacios de visita y ejercicio, juzgados y múltiples controles internos. Cada una es una “mini prisión” dentro de la gran estructura.
En marzo de 2026, la SSPC inauguró dentro del Cefereso una Clínica de Diagnóstico con Cirugía Ambulatoria y Hemodiálisis para atender enfermedades crónico-degenerativas y reducir los traslados de internos a hospitales externos, uno de los movimientos considerados de mayor riesgo para la seguridad penitenciaria.
Los movimientos de los internos están sometidos a horarios y controles, mientras las visitas, comunicaciones y actividades dependen del régimen penitenciario y de la situación jurídica de cada persona.
Imagen portada: MILENIO
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