Dos casos documentados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) muestran cómo una persona puede permanecer oficialmente desaparecida aun cuando ya fue localizada, o incluso cuando su cuerpo ya se encuentra bajo resguardo de una institución pública.
Se trata de Braulio Bacilio Caballero, un adolescente que desapareció en 2016 y cuyo cuerpo permaneció casi seis años sin ser identificado, y de Julio César Cervantes Cabañas, una persona con discapacidad cuyo cuerpo fue localizado en 2024, pero cuya familia fue informada de ello diez meses después.
En ambos casos, la Comisión capitalina determinó que estos actos, omisiones y fallas de coordinación institucional configuraron lo que denomina desaparición administrativa; publica MILENIO.
Una persona puede estar muerta y, sin embargo, continuar oficialmente desaparecida. Ese es el problema que la institución garante de los derechos humanos en la capital busca visibilizar con este concepto, que utilizó por primera vez en sus Recomendaciones 08/2025 y 09/2025, correspondientes a Braulio y Julio César.
Al respecto, la Comisión define la desaparición administrativa como aquella que se origina por la intervención de autoridades que, de manera no intencionada, mediante actos, omisiones o negligencias, provocan que una persona no pueda ser localizada o prolongan su desaparición.
El caso de Braulio: seis años en una fosa común
Braulio, de 13 años, desapareció en 2016 en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán. Ese mismo día murió atropellado, pero su cuerpo fue registrado por las autoridades como el de un hombre adulto de 20 años y enviado a una fosa común.
La identificación mediante confronta genética ocurrió hasta abril de 2022, casi seis años después de su desaparición. La investigación de la CDHCM encontró que las autoridades contaban con información que pudo haber permitido establecer antes su identidad, pero fallaron en intercambiarla y cotejarla.
En este sentido, la Comisión documentó problemas de comunicación entre la entonces Procuraduría y el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), además de deficiencias en el rastreo administrativo de información.
En su Recomendación 08/2025 concluyó que esas omisiones prolongaron durante más de cinco años el desconocimiento sobre el destino del adolescente y afectaron el derecho de su familia a la verdad y la justicia.
El caso de Julio César: un cuerpo donado antes de avisar a la familia
Julio César desapareció el 20 de septiembre de 2021, después de salir de su domicilio para ir a una tienda. En enero de 2024, policías localizaron un cuerpo en la alcaldía Coyoacán y lo trasladaron al INCIFO.
Sin embargo, su madre fue informada de la localización diez meses después. Para entonces, de acuerdo con la CDHCM, el cuerpo ya había sido donado a una escuela de medicina mediante un convenio.
La Recomendación 09/2025 responsabilizó de las omisiones a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, e indicó la necesidad de evitar que la fragmentación de información entre áreas ministeriales, periciales y de atención a víctimas vuelva a producir una desaparición administrativa.
Los hallazgos en el informe de la CDHCM
Braulio y Julio César no son los únicos casos. En agosto de 2025, un Informe Temático de la CDHCM sobre búsqueda de personas desaparecidas, elaborado a partir de 35 expedientes de casos ocurridos entre 2017 y 2024, encontró deficiencias recurrentes en la actuación de las autoridades.
La Comisión reportó que en 44 por ciento de los casos las personas no fueron inscritas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; en otros 13 expedientes, la inscripción se realizó con retrasos de entre cuatro meses y cinco años.
El mismo análisis encontró que en 97 por ciento de los casos las indagatorias ministeriales no tuvieron un plan de investigación, y que en 61 por ciento no se realizó ningún análisis de contexto. También indicó que solo en tres de cada diez casos se realizaron acciones de búsqueda inmediata que permitieron obtener indicios relevantes.
De los 35 expedientes analizados, sólo 11 personas fueron localizadas. De ellas, la mayoría (90 por ciento) fue encontrada sin vida, mientras que el diez por ciento fue localizado con vida.
Dentro de esos 11 casos de localización, la Comisión encontró que en 45.5 por ciento de los casos al menos una autoridad había tenido contacto directo con la persona cuando todavía se encontraba con vida, pese a que oficialmente continuaba registrada como desaparecida.
Este hallazgo muestra que, en algunos casos, las instituciones tuvieron contacto con personas que eran buscadas por sus familias sin que esa información permitiera actualizar oportunamente su situación o detener la búsqueda.
La CDHCM reportó, además, seis mil 713 personas desaparecidas y no localizadas en la Ciudad de México hasta agosto de 2025, aunque precisó que no podía determinar cuántas de ellas podrían estar siendo víctimas de desaparición administrativa.
Disculpa pública y seguimiento institucional
El caso de Julio César tuvo una consecuencia posterior: el 6 de mayo de 2026, la Fiscalía capitalina ofreció una disculpa pública a sus padres, Laura Cabañas y Leobardo Cervantes, en cumplimiento de uno de los puntos derivados de la Recomendación 09/2025.
Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, coordinador general jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía capitalina, reconoció a nombre de la institución que «la Fiscalía les falló».
La madre de Julio César aceptó la disculpa, pero pidió que las palabras se acompañaran de cambios estructurales y medidas de no repetición. En el mismo acto, Miriam Jacqueline Palmeros Rosas, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, indicó que las disculpas públicas no deberían existir porque el Estado no tendría que fallar al buscar a una persona desaparecida.
Entre las medidas de seguimiento de la Recomendación 09/2025 se encuentra la creación de mecanismos para intercambiar información entre áreas ministeriales, periciales y de atención a víctimas, así como sistemas que permitan cruzar datos sobre personas desaparecidas y personas fallecidas sin identificar.
En el caso de Braulio, la CDHCM estableció medidas similares: que el INCIFO y la Fiscalía intercambien de manera inmediata información sobre personas fallecidas sin identificar, e incorporar expresamente el concepto de desaparición administrativa en sus lineamientos.
Los casos de Braulio y Julio César no permiten afirmar que todas las desapariciones en la Ciudad de México sean consecuencia de fallas administrativas, pero sí muestran que esto puede prolongarse después de que esta tuvo contacto con instituciones públicas, cuando la información no se registra, no se comparte o no se confronta de manera oportuna e interinstitucional.
La CDHCM emitió también la Recomendación 10/2025 por el caso de Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida en 2020 y localizada sin vida en 2024; aunque ese expediente fue relacionado con falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda, no con una desaparición administrativa.
Imagen portada: MILENIO
https://www.milenio.com/policia/desaparicion-administrativas-fallas-prolongan-busqueda-personas
