El gobierno de Donald Trump mantiene una ofensiva para intimidar a la población latina y a otras con presencia de migrantes, utilizando al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) como una milicia personal que pone en riesgo el proceso democrático y empleando a negacionistas electorales, con los sistemas de vigilancia masiva de la empresa Palantir, para procesar datos privados de millones de personas y localizar a presuntos deportables, para así generar presión y desincentivar el voto; publica MILENIO.
En 2024, Donald Trump logró marcar un récord entre los republicanos en el respaldo de la comunidad latina, con un 46 por ciento de sus sufragios, casi la mitad. Pero desde entonces, se produce lo que la cadena CNN describe como “una caída en picada” de este apoyo.
En este sector clave, que tiene 36 millones de ciudadanos con derecho a voto, un 59 por ciento de los encuestados prefiere que los demócratas arrebaten el control del Congreso, contra un 35 por ciento que sostiene lo contrario, según una encuesta de NBC News/Telemundo. Casi la mitad de latinos que respondieron otro sondeo cree que enfrentará intimidación en las urnas.
El 48 por ciento de los votantes latinos considera que los agentes del ICE merodearán las casillas durante los comicios de este martes 3 de noviembre, frente al 37 por ciento de los ciudadanos blancos que creen que eso pasará; el 46 por ciento de los afroamericanos están en ese entendido.
El sondeo nacional de la Universidad de California en San Diego reveló que el 40 por ciento de los encuestados cree que agentes del ICE se presentarán en los centros de votación el día de las elecciones.
El impacto emocional de estas operaciones es distinto en distintos grupos étnicos, dependiendo de qué tan expuestos se sientan a ser víctimas de los agentes: entre población blanca, poco más de la décima parte, un 11 por ciento, teme ser objeto de actos de intimidación. Entre los latinos y los afros, es casi la mitad, 45 y 49 por ciento.
El gobierno insiste en afirmar, sin pruebas, que Trump ganó las elecciones de 2020 pero fue víctima de un enorme fraude, que el sistema electoral es muy vulnerable a la manipulación y que el Partido Demócrata moviliza a cientos de miles de personas sin derecho a voto —como residentes permanentes, con trámites de naturalización sin concluir o simplemente indocumentadas— para inclinar la balanza a su favor.
A partir de informes de organizaciones de derecho al voto, de evidencias presentadas en demandas judiciales y de documentos internos del ICE, obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información, se dibuja una estrategia no para impedir el voto ilegal, sino para desincentivar la participación legítima de quienes sienten que podrían ser objeto de abusos, tras casi dos años en que agentes enmascarados y sin identificación han perseguido, golpeado y arrestado a ciudadanos y personas con estancia legal en el país, a veces encerrándolos largo tiempo en centros de detención e incluso cometiendo asesinatos que no han sido aclarados ni castigados.
El personal del ICE ha tenido un aumento histórico del 120 por ciento desde que Donald Trump regresó a la Presidencia, en enero de 2025, hasta sumar 22 mil agentes. Organizaciones como Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) alertaron del posible uso de esa fuerza y a la Guardia Nacional para influir en el proceso democrático.
Amnistía Internacional sostuvo que “los votantes elegibles deben tener la oportunidad real de participar en las elecciones sin barreras discriminatorias y arbitrarias, sin intimidación por parte de las fuerzas armadas ni temor a sufrir daños al intentar ejercer sus derechos”.
Trump respondió en mayo de 2026 que haría “lo que sea necesario” para tener elecciones honestas, mientras que su antiguo asesor ideológico, Steve Bannon, afirmó que “vamos a tener al ICE rodeando las urnas en noviembre”, y Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad de la Patria, sostuvo que el ICE no “patrullaría” los centros de votación, pero sus agentes podrían estar allí por otros motivos: “si existe una amenaza para ese centro o si estamos ejecutando una orden judicial contra alguien a quien hemos estado buscando activamente”.
Intimidación en la puerta de tu casa
Heather Honey, conocida por hacer campaña asegurando que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas y actualmente asesora principal del director del ICE y consejera principal del Departamento de Seguridad de la Patria, es la impulsora de una “línea de acción estratégica para detectar el fraude electoral” que lleva a cabo Investigaciones de Seguridad de la Patria (HSI).
Honey proveyó los registros y datos de 48 millones de votantes al HSI, que además recibió otros 50 millones del Departamento de Justicia, reportó la organización Democracy Forward a partir de documentos internos del ICE que obtuvo a través de una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información.
El ICE dio prioridad a estados con población latina significativa como Texas, Pensilvania, California, Nueva Jersey, Minnesota, Michigan, Arizona, Florida, Georgia y Ohio. Democracy Forward estima que la información puede haber sido procesada con el sistema ELITE de Palantir, una herramienta del ICE utilizada para identificar, priorizar y localizar a las personas que pueden ser deportadas.
Los documentos demuestran “hasta qué punto el aparato de control de la inmigración del Departamento de Seguridad de la Patria se ha involucrado en las elecciones”, escribió Marc Elias, director de Democracy Forward.
Una investigación de CBS confirmó que agentes del ICE armados y uniformados realizan operaciones casa por casa para interrogar a personas sobre su estatus migratorio y sobre el ejercicio de su derecho al voto.
El objetivo declarado es detectar posibles votantes no ciudadanos, alegando que podría haber hasta 250 mil de estos casos, aunque solo han sido acusadas por esto 156 personas, entre 227 millones de votantes registrados. Menos de una por millón.
A los empleados se les asignó una cuota para investigar a 40 personas al día, lo que equivale a aproximadamente 12 minutos por persona.
El propio Departamento de Seguridad de la Patria hace la difusión de estas actividades, como muestran tweets en los que interrogan, por ejemplo, a una mujer de piel morena con un niño de la mano.
La organización Protect Democracy consideró que la intención real es “disuadir a los votantes legítimos de participar”.
El 24 de octubre, un juez federal de California consideró válidas las alertas de que estas operaciones pueden afectar el proceso electoral y las prohibió en California, Wisconsin, New York, Missouri, Connecticut, Nevada, Georgia, Pennsylvania y Washington, citando riesgo de intimidación y alta probabilidad de error (que se identifique a ciudadanos estadunidenses como no ciudadanos).
Intimidación electoral
Además de la presión individual, preocupa que agentes del ICE se presenten en los centros de votación como suelen hacer en otras actividades públicas, para detener personas al azar, interrogarlas y a veces arrestarla, aunque presenten documentos que acreditan su situación legal “para verificación”.
Activistas del derecho al voto señalan que no es necesario que esto ocurra en realidad, pues el lenguaje deliberadamente ambiguo de las autoridades, que no descartan definitivamente la posibilidades de que realicen operativos, ya tiene un efecto de intimidación que podría afectar la participación.
Imagen portada: Archivo
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