Por Valeria Riaño // IAQuemada
En política, las reformas constitucionales deben leerse por lo que dicen, pero también por el momento en que aparecen y por los actores sobre los cuales podrían producir efectos. La iniciativa de Claudia Sheinbaum sobre doble nacionalidad pertenece exactamente a esa categoría. Formalmente, el argumento es impecablemente solemne: soberanía. Quien aspire a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México deberá tener exclusivamente nacionalidad mexicana o renunciar a la adicional antes de solicitar su registro. La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 constitucionales. No elimina la doble nacionalidad ni cancela permanentemente derechos políticos. Establece una condición para acceder a determinados poderes ejecutivos. Hasta ahí, la norma. Después comienza la política.
El primer nombre colocado alrededor de la reforma fue Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero otro personaje entendió inmediatamente que el traje podía quedarle: Ricardo Salinas Pliego.
El empresario reaccionó el mismo 27 de agosto: «¿Adivinen quién tiene doble nacionalidad?». Después atribuyó a Morena la intención de cerrarle el camino hacia 2030. Esa segunda afirmación pertenece a Salinas Pliego, no a los hechos acreditados: no existe evidencia pública que permita afirmar que la reforma fue redactada específicamente contra él, pero tampoco es irrelevante que pueda alcanzarlo.
La disposición no impediría al dueño de Grupo Salinas competir. Lo obligaría, si efectivamente posee otra ciudadanía, a escoger. Y allí aparece una barrera considerablemente más sofisticada que una prohibición nominal: para entrar a la competencia presidencial tendría que abandonar previamente esa segunda nacionalidad. Si ésta fuera estadounidense las consecuencias podrían trascender ampliamente el pasaporte. La legislación fiscal de Estados Unidos contempla para determinados «covered expatriates» un régimen de exit tax, que trata buena parte de los activos mundiales como vendidos a valor de mercado inmediatamente antes de la expatriación. No todos los ciudadanos que renuncian quedan sujetos automáticamente a ese régimen y existen excepciones específicas, incluso para ciertos dobles nacionales. Convertir, por tanto, la hipotética renuncia de Salinas en una factura fiscal automática sería incorrecto.
El dilema político sí existe: ciudadanía extranjera o candidatura.
Y eso permite una lectura distinta de la reforma. Más que prohibir candidatos, eleva el costo de entrada para algunos de ellos. Los antecedentes latinoamericanos alimentan el debate, aunque tampoco prueban la intención mexicana. Daniel Noboa llegó a la Presidencia de Ecuador teniendo nacionalidad ecuatoriana y estadounidense. En Colombia, Abelardo de la Espriella defendió públicamente en 2026 la legalidad de su candidatura pese a poseer las nacionalidades colombiana, estadounidense e italiana. Es decir, la doble ciudadanía ha generado controversias sobre lealtad y conflicto de intereses, pero América Latina dista mucho de compartir una regla uniforme que la considere incompatible con la Presidencia. México pretende ahora endurecer la suya.
Y mientras en el tablero nacional aparece el Tío Ritchie, en el tablero capitalino surge otro movimiento preventivo. Citlalli Hernández comienza a perfilarse como la carta de Morena para disputar la Cuauhtémoc en 2027 a Alessandra Rojo de la Vega. Arturo Ávila se hizo a un lado y propuso públicamente a Hernández; ella todavía no ha confirmado su candidatura. Alessandra, en cambio, sí ha manifestado su intención de reelegirse.
Cuauhtémoc puede ser mucho más que una alcaldía. Es territorio, presupuesto, exposición nacional y plataforma. Rojo de la Vega ya ha sido medida en escenarios para la Jefatura de Gobierno y, cuando se le ha preguntado directamente por 2030, no ha descartado analizar ese paso después de buscar la reelección. Una victoria en 2027 le proporcionaría algo particularmente escaso en la oposición capitalina: seis años consecutivos de construcción territorial desde el corazón político de la ciudad. Por eso Citlalli pesa. Morena no estaría enviando simplemente una candidata a recuperar una demarcación perdida. De concretarse su postulación, estaría colocando a un cuadro nacional, expresidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido y exsecretaria federal, frente a una adversaria cuya marca política comienza a superar las siglas que originalmente la llevaron al gobierno.
Derrotar a Alessandra en 2027 significaría recuperar Cuauhtémoc. También interrumpiría su plataforma hacia 2030. Derrotar a Citlalli produciría el efecto contrario: Alessandra podría salir de una elección local convertida en figura opositora de dimensión capitalina. Son operaciones diferentes y sería excesivo afirmar que obedecen a una conspiración única. No hay prueba pública de que Sheinbaum haya concebido la reforma de nacionalidad para detener a Salinas Pliego ni de que Citlalli haya recibido la misión de destruir una futura candidatura presidencial de Rojo de la Vega.
El río suena porque el poder rara vez espera a que sus adversarios lleguen fortalecidos al año electoral para comenzar a observarlos.
La reforma de doble nacionalidad establece una aduana constitucional antes de 2030. La batalla por Cuauhtémoc puede establecer otra, estrictamente electoral, en 2027. Salinas tendría que decidir, llegado el caso, cuánto vale políticamente su segunda ciudadanía. Alessandra tendrá que demostrar primero que puede conservar la alcaldía que arrebató a Morena. Y Citlalli deberá resolver si abandona el tablero nacional del partido para disputar unas cuantas colonias que, paradójicamente, pueden valer mucho más que una alcaldía. 2030 ha comenzado demasiado pronto. Y cuando el poder empieza a modificar requisitos constitucionales y a mover cuadros nacionales hacia territorios estratégicos cuatro años antes de una elección presidencial, la pregunta pertinente no es solamente quién quiere competir. También quién podría llegar vivo políticamente a la boleta.
