Camp East Montana, el mayor centro de detención de migrantes de Estados Unidos cuando opera a máxima capacidad, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras confirmarse una tercera muerte en apenas 44 días dentro del complejo instalado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, en la frontera con México. La instalación, compuesta por carpas y levantada de forma acelerada, es operada por una empresa privada sin experiencia previa, según reportó El País.
La víctima más reciente fue identificada como Víctor Manuel Díaz, nicaragüense de 36 años. De acuerdo con un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) citado por El País, Díaz fue hallado inconsciente en su habitación y declarado muerto la tarde del miércoles anterior; las autoridades señalaron preliminarmente que se trataría de un suicidio, aunque la causa oficial continúa bajo investigación.
El País informó que Díaz había sido detenido en Minneapolis durante un macrooperativo migratorio realizado a inicios de enero y posteriormente fue trasladado a Texas.
Las otras dos muertes ocurrieron en diciembre y el 3 de enero. En diciembre falleció Francisco Gaspar-Andrés, guatemalteco de 48 años, tras ser trasladado al Hospital Providence East en El Paso; la causa definitiva no había sido establecida de manera concluyente, aunque médicos la atribuyeron inicialmente a insuficiencia hepática y renal. El 3 de enero murió Geraldo Lunas Campos, cubano de 55 años y padre de cuatro hijos; El País reportó que existen versiones encontradas sobre lo ocurrido, incluyendo señalamientos y testimonios que apuntan a un posible uso excesivo de la fuerza.
En este contexto, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) pidió el cierre inmediato del centro, al que describió como un gran campamento de tiendas dentro de una base militar, y sostuvo que los fallecimientos serían “prevenibles”. La organización y otros grupos de derechos humanos también han denunciado un patrón de presuntas violaciones, incluyendo negligencia médica, maltratos y limitaciones de acceso a representación legal, según la misma fuente.
Por su parte, ICE aseguró —en el comunicado citado por El País— que está comprometido con mantener condiciones seguras y humanas, y que las personas detenidas deben recibir evaluaciones médicas y de salud mental tras su ingreso. Sin embargo, la secuencia de decesos ha vuelto a poner en el foco público las condiciones de detención en Camp East Montana.
