Ha pasado un año, dos meses y cuatro días desde que padres y madres de familia del preescolar Juan Enrique Pestalozzi, en León, Guanajuato, alzaron la voz para denunciar públicamente a una de las maestras, a quien señalaron por presunto abuso sexual contra sus hijos, de entre tres y cuatro años, mediante la práctica de lo que los menores identificaban como el ‘juego del pato’; publica MILENIO.
Sin embargo, cuando el caso parecía llegar a un desenlace, esta semana la audiencia final para dictar sentencia contra la presunta responsable tuvo que ser postergada luego de que el número de víctimas aumentara de cuatro a cinco menores: cuatro niñas y un niño.
Las familias sostienen que podría haber más menores afectados.
De acuerdo con un familiar de una de las afectadas, este lunes 17 de agosto se realizó una nueva audiencia, en la que el juez estableció que deberán realizarse nuevas investigaciones correspondientes para integrar el quinto caso y empatar los datos de las cinco víctimas antes de continuar con la etapa final del proceso.
«Todo va vía procedimiento abreviado», declaró el familiar, quien estuvo presente en la audiencia de este lunes y aceptó hablar con MILENIO bajo condición de anonimato, pero cuya identidad y conocimiento del caso fueron plenamente acreditados.
Mediante la dinámica del ‘juego del pato’, la maestra Guadalupe ‘N’ presuntamente pretendía premiar a sus alumnos; sin embargo, de acuerdo con las denuncias, la supuesta recompensa consistía en realizar tocamientos en distintas partes del cuerpo de los menores.
En los casos más graves, las agresiones habrían escalado hasta la violación.
MILENIO publicó el 4 de febrero testimonios de varios padres y madres de familia de las víctimas, quienes coincidieron en que la dirección del preescolar no atendió la situación de manera inmediata después de la denuncia inicial.
Esto derivó en protestas frente al jardín de niños, donde padres de familia exigieron, mediante pancartas, la destitución tanto de la maestra como de la directora.
«Mi niña empezó a animarse a hablar porque su mamá le prometió que iba a meter a la cárcel (a su maestra)», explicó entonces a MILENIO el padre de una de las víctimas.
El inicio de una historia de terror
Todo comenzó el 14 de mayo de 2025, cuando una de las niñas, de cuatro años y medio, comenzó a presentar malestares físicos.
Sus padres la llevaron al pediatra sin imaginar el diagnóstico: la especialista detectó una infección de transmisión sexual en la menor y recomendó presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
Sería la primera víctima relacionada con las acusaciones contra la maestra Guadalupe ‘N’.
El 13 de junio, los padres interpusieron una denuncia colectiva ante la FGE. En esa misma fecha, Guadalupe ‘N’ solicitó permiso para ausentarse de la escuela por presuntos problemas personales y se trasladó a Nayarit, de donde es originaria.
Los menores continuaron asistiendo al preescolar para concluir el ciclo escolar 2024-2025, el 16 de julio.
Más de un año después de aquellas primeras denuncias, este lunes 17 de agosto, el caso volvió a cambiar: una quinta víctima se incorporó al proceso contra Guadalupe ‘N’, lo que obligó a postergar la audiencia final en la que se definiría su sentencia.
El juez estableció que deberán realizarse las investigaciones correspondientes para incorporar a la quinta víctima al proceso y empatar los datos de las otras cuatro antes de continuar con la etapa final.
Posponen audiencia, aumenta número de víctimas
Guadalupe ‘N’ fue detenida y vinculada a proceso bajo prisión preventiva el 10 de julio de 2025.
De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la audiencia para definir la sentencia estaba prevista para el 11 de septiembre a las 9:30 horas.
Sin embargo, un familiar de una de las víctimas señaló que, ante la incorporación de esta quinta víctima, el juzgador otorgó más tiempo para concluir las diligencias correspondientes antes de la audiencia final.
«Hubo una audiencia para integrar a una quinta víctima, emparejar los cartones de las cinco con vistas a la audiencia final. El juez comentó que era para hacer las investigaciones pertinentes de esta quinta víctima, tiempo para empatar las cinco», explicó el familiar.
Durante la investigación periodística de MILENIO, los padres comenzaron a detectar cambios en la conducta de sus hijos, entre ellos ansiedad, tristeza, aislamiento y rechazo a acudir al preescolar.
En aquella ocasión, una de las víctimas comenzó a presentar dolores abdominales frecuentes, pesadillas recurrentes y rechazo hacia la escuela. Estos cambios conductuales fueron tan marcados que su padre temió por la salud mental de la pequeña, al sentir incluso que estaba perdiendo su estabilidad emocional.
«Esa maestra golpeaba a los niños, ¿cómo los golpeaba?, les pegaba en el estómago dicho por la niña. Mi niña decía que le dolía el estómago el juego ese que supuestamente mi niña decía es ‘el pato’, les hacía ‘el pato’, (…) solamente ellos saben, pero eso es lo que externa la niña entonces no es cualquier cosa», explicó en aquel momento.
El padre reconoció que la revelación de los abusos no fue inmediata. Las alteraciones emocionales y físicas de la víctima eran persistentes y difíciles de ignorar, lo que finalmente llevó a la familia a indagar a fondo.
En el grupo había entre 33 y 35 alumnos y, tras conocerse las primeras denuncias, otros padres comenzaron a identificar posibles situaciones similares.
En ese momento, MILENIO reportó que la vinculación correspondía a tres víctimas, aunque autoridades habían señalado inicialmente que podrían existir más menores afectados.
Y así ocurrió: el número aumentó.
Papás de víctimas se organizan para que maestra sea castigada
El familiar de una de las víctimas explicó que el viernes 17 de julio se realizó una reunión entre las madres de las víctimas, la defensora pública de la imputada y un representante de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de conocer las posturas de cada parte y analizar la posibilidad de llegar a un procedimiento abreviado antes de la audiencia final.
«Esa reunión fue con fines de poner las cartas sobre la mesa, estrategia y ponerse de acuerdo para también plantear el proceso abreviado con miras a la última audiencia, donde va a darse la sentencia», explicó.
Mencionó que ahora, con la incorporación de una quinta víctima, las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes antes de avanzar a la etapa final.
Guadalupe ‘N’ podría reducir hasta un tercio su condena
Pablo Enrique Salinas Ramírez, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, explicó a MILENIO que esta vía —el procedimiento abreviado— requiere un consenso previo entre las partes y que la imputada debe aceptar su responsabilidad y renunciar a un juicio oral.
Explicó que la vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria y que la docente mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución definitiva.
Por ello, estimó que la reducción de la pena puede llegar hasta un tercio en determinados casos, aunque aclaró que no es posible establecer cuál sería la sanción concreta para Guadalupe ‘N’ sin conocer las condiciones específicas de la vinculación a proceso y las posibles agravantes contempladas en el expediente.
«Se hace a petición del Ministerio Público, se llama a una audiencia especial, en la cual la parte realizaría la acusación, tendría que anunciar sus derechos de un juicio, aceptaría la responsabilidad y a cambio se propondría una reducción en la sanción», explicó.
Salinas Ramírez destacó que las víctimas también tienen participación en este procedimiento, pues tienen derecho a oponerse si no están de acuerdo con la sanción propuesta o con la reparación del daño.
«Aun así, hecho el procedimiento, llevada a cabo la audiencia del procedimiento abreviado, el juez sí tendrá que emitir una sentencia», enfatizó.
El presidente del Colegio de Abogados agregó que la reparación del daño es otro de los aspectos que deben ser considerados dentro del acuerdo y que, por la naturaleza del caso, podría contemplar atención para los menores afectados.
“Violentar a nuestros niños tiene consecuencias graves”.
Ante este caso, Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, consideró que una eventual aceptación de responsabilidad por parte de la docente no elimina las consecuencias que los hechos pudieron generar en los menores.
El representante de padres de familia pidió que las víctimas y sus familias no sean presionadas durante el proceso y sostuvo que el caso debe resolverse conforme a la legislación.
«Que no se dejen ni presionar ni amedrentar por nadie, porque lo que se les está por impartir es una justicia. Además, que se quede registrado que violentar a nuestros niños tiene consecuencias graves», indicó a MILENIO.
Sánchez Martínez también planteó la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención en las escuelas, al considerar que los mecanismos de actuación suelen activarse después de que ocurre una agresión.
«Debe de ser preventivo. Yo creo que aquellos estados que, como en el caso de Guanajuato y otros que tienen sistemas educativos estatales de mucha rigurosidad, digámoslo así, en el cumplimiento normativo, pues yo creo que deberían de ya establecer criterios para fortalecer la prevención».
Mientras tanto, el proceso contra Guadalupe ‘N’ continuará con las diligencias relacionadas con la quinta víctima.
Una vez que se integre la nueva información y se empaten los datos de los cinco casos, el procedimiento podrá avanzar hacia la etapa en la que se determine la resolución correspondiente.
La audiencia que debía acercar el caso a una sentencia tendrá que esperar: la incorporación de una quinta víctima volvió a modificar el expediente y abrió una nueva etapa de investigación antes de que el juez pueda emitir una resolución definitiva.
Imagen portada: MILENIO
