Por Staff / AQ
En el México de hoy, la luz no cae pareja sobre el Estado. Hay zonas iluminadas —mesas ordenadas, cifras claras, contratos numerados— y hay sótanos donde la información se vuelve silencio. Entre esos planos se mueven dos temas que definen la relación del gobierno federal con la verdad pública: la publicidad oficial y el huachicol fiscal. El primero avanza con destellos de apertura; el segundo permanece rodeado de sombras estructurales.
La presidenta Claudia Sheinbaum prometió el 9 de octubre abrir los contratos de publicidad del gobierno. Esa promesa produjo un registro útil: datos sobre el gasto, montos, destinatarios. La información no es total ni del gobierno, pero existe. De 2024 se conocen cifras comprobables: 356.9 millones de pesos para Televisa; 237.6 millones para La Jornada; contratos menores para otros medios. El rastro se puede seguir. El presupuesto deja huella.
Incluso ahí la luz es parcial. Falta saber qué ocurre con los contratos a influencers, micro-medios digitales, creadores de contenido y agencias. Es un terreno donde la documentación pública se vuelve borrosa. La transparencia avanza, pero no abarca la totalidad del sistema. Hay aperturas, hay bordes no revelados.
En el caso del huachicol fiscal, la iluminación cambia de intensidad. No se trata de un gasto sino de una fuga: un contrabando técnico, aduanal, que no deja recibos públicos. Las estimaciones hablan de pérdidas que superan los 9,000 millones de dólares al año. Operaciones con documentos alterados, empresas fachada y rutas diseñadas para evadir impuestos como el IEPS. En meses recientes se han registrado decomisos de millones de litros de diésel en puertos como Tampico, además de detenciones e investigaciones.
I. Dos zonas grises, dos umbrales públicos
En el gobierno de Claudia Sheinbaum coexisten dos lógicas de relación con la verdad pública:
- una transparencia parcial, administrada, visible en la discusión sobre publicidad oficial, y
- una opacidad estructural, persistente en el fenómeno del huachicol fiscal.
Ambos temas comparten un hilo conductor: el Estado se muestra cuando quiere —o cuando le conviene— y se oculta cuando la malla institucional se tensa, cuando la verdad implica desmontar redes profundas, o cuando la transparencia podría desatar conflictos internos.
II. Publicidad oficial: la transparencia como vitrina
La presidenta prometió el 9 de octubre abrir la información sobre los contratos de publicidad: cuánto paga el gobierno, a qué medios, bajo qué criterios y con qué montos. Esa promesa forma parte de un discurso coherente con su identidad política: austeridad, no-chantaje mediático, ruptura con el viejo “chayote” institucionalizado.
¿Qué se ha mostrado?
- Algunos montos, especialmente a medios tradicionales,, pero no desde su gobierno.
- Algunos informes oficiales y periodísticos que permiten rastrear flujos a Televisa, a La Jornada, a medios digitales.
- Cifras parciales que abren una ventana a la distribución del gasto.
Es decir, una transparencia de superficie.
El 9 de octubre se le preguntó a la presidenta: Presidenta, por rendición de cuentas y transparencia, ¿cuándo la compañera Paulina Silva nos podría informar del dinero del pueblo que su gobierno gastó en pautas publicitarias durante este primer año?, ¿una tabla de informe?, ¿cuánto ganan las televisoras, los medios corporativos, los medios digitales?, y si ¿hay una partida para influencers y los llamados “youtuberos”?
¿Qué falta?
- La lista completa desglosada por tipo de medio: televisión, radio, prensa, digitales, agencias, creadores de contenido.
- Información contractual detallada (objeto, criterios, métricas de impacto).
- La parte más sensible: los contratos a influencers, youtubers, micro–medios y agencias políticas digitales.
Aquí la transparencia se vuelve más delgada: el gobierno abre lo que le da legitimidad, pero resguarda aquello que podría revelar nuevas formas de relación con las audiencias digitales.
Transparencia selectiva, no integral.
III. Huachicol fiscal: la opacidad como sótano estructural
A diferencia de la publicidad oficial —un gasto que podría ser visible, documentable— el huachicol fiscal es un delito sistémico:
- se comete en aduanas,
- involucra empresas fachada,
- usa documentación falsa,
- permea redes privadas y nodos estatales,
- genera pérdidas multimillonarias para el erario.
No es un desvío: es una economía paralela que opera al ritmo de complicidades institucionales.
¿Qué se sabe?
- La presidenta reconoce el problema.
- Ha habido decomisos, detenciones, operativos relevantes.
- EE.UU. incluso ha presionado y reconocido los esfuerzos.
Lo visible está allí: golpes espectaculares, comunicados, imágenes de buques y camiones asegurados.
¿Qué no se sabe?
Prácticamente todo lo que permitiría una transparencia real:
- lista completa de empresas investigadas;
- nombres de funcionarios implicados;
- rutas aduaneras vulneradas;
- pérdidas reales año por año;
- sanciones administrativas y penales;
- auditorías internas desclasificadas;
- criterios para las investigaciones abiertas y las cerradas.
El huachicol fiscal vive en lo que podríamos llamar la penumbra estatal: un espacio poco iluminado por diseño, donde revelar información significaría admitir que la red incluye funcionarios, agentes, mandos medios e incluso eslabones empresariales intocables.
Aquí, la transparencia no es útil políticamente. La opacidad sí.
IV. Publicidad y huachicol: dos espejos del Estado
Ambos temas revelan una constante: la transparencia funciona mejor cuando no amenaza al poder.
Publicidad oficial
La transparencia:
- da legitimidad,
- refuerza la narrativa anti–chayote,
- exhibe distancia respecto de medios empresariales,
- no compromete estructuras internas del Estado.
La opacidad solo protege nuevas formas de comunicación digital que aún no se regulan.
Huachicol fiscal
La transparencia:
- expondría redes de corrupción,
- revelaría fallas estructurales,
- podría implicar responsabilidades político-administrativas,
- dañaría relaciones diplomáticas o comerciales,
- mostraría la permanencia de prácticas heredadas del sexenio anterior.
La opacidad se vuelve un escudo, una forma de administrar el daño.
V. Una teoría del doble estándar: transparencia cuando sirve, silencio cuando duele
No es un fenómeno exclusivo del actual gobierno, pero sí un patrón que se puede formular así:
El Estado abre sus ventanas cuando mostrar fortalece su posición y cierra sus sótanos cuando revelar corroería sus cimientos.
La publicidad oficial sería una ventana.
El huachicol fiscal es el sótano.
VI. Consecuencias políticas de esta asimetría
- Narrativas incompletas: la ciudadanía conoce parte del gasto público mediático, aunque no por el gobierno, pero desconoce la magnitud exacta de la evasión fiscal en combustibles.
- Confianza limitada: la transparencia parcial genera dudas sobre qué se decide revelar y por qué.
- Riesgo institucional: el huachicol fiscal, al permanecer en la sombra, reproduce la corrupción estructural.
- Asimetría informativa: el gobierno administra qué verdad se vuelve pública —y esa administración es también una forma de poder.
Si la democracia se sostiene sobre la luz, entonces el gobierno mantiene encendida la lámpara donde controla el relato (publicidad oficial), y deja en penumbra aquello que exige desmontar complicidades profundas (huachicol fiscal).
Lo transparente construye imagen. Lo oculto preserva estructuras.
La pregunta que queda es doble —precisamente porque ambas zonas revelan un Estado que decide no solo qué mostrar, sino qué ocultar:
- ¿Puede haber una verdadera reforma moral si los sótanos fiscales siguen sellados?
- ¿Puede presumirse transparencia cuando la mitad del edificio permanece en sombra?
El Estado puede abrir lo que controla, le cuesta abrir lo que lo atraviesa. En México, la transparencia no es un bloque uniforme sino un territorio irregular donde la luz y la penumbra conviven en la misma página del presupuesto.
