Más de mil personas de la sierra de Chihuahua han sido expulsadas a más de 400 kilómetros de sus comunidades; publicó MILENIO.
La violencia que ha impactado en municipios como Guadalupe y Calvo, en el corazón del llamado “Triángulo Dorado”, y a pequeñas comunidades en la sierra que colinda con Sonora, como Arechuyvo, Chiltepín y Moris, les ha obligado a salir a ciudades más grandes como Delicias y Cuauhtémoc y pedir auxilio del gobierno federal.
Son de los grupos de población históricamente más olvidados y marginados, como raramuris, tepehuanos, guarijíos y ódami.
Para enfrentar este fenómeno, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) están llevando a cabo un diagnóstico de la situación que viven en la sierra de Chihuahua para lograr el retorno seguro de los desplazados y, al mismo tiempo, dotarlos de servicios básicos, empezando por un lugar seguro y digno para vivir.
Y de entrada, se están desplegando 15 dependencias del gobierno federal, como la propia Segob, Salud, Trabajo, Bienestar, CFE, Cultura, Sedatu y el IMSS.
La violencia y la pobreza los agobian. En un par de asambleas con autoridades, dieron a conocer la dura realidad que les ha tocado enfrentar y la urgencia que tienen de volver a sus comunidades de origen para seguir con su vida.
“Nosotros, como guarijíos, como la etnia, tenemos derecho también a nuestro hogar; necesitamos, yo creo que nuestro territorio es lo principal que necesitamos. Nosotros sabemos hacer muchas, muchas cosas que necesitamos… ¿Aquí dónde vamos a hacer nuestro trabajo? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde encontramos? Y allá nuestro rancho, pues ahí pues hacemos nuestro trabajo”, contó una mujer desplazada de acuerdo a testimonios a los que accedió MILENIO.
Un religioso que acompaña a la comunidad expresó a nombre de los desplazados la necesidad de que se regrese a las comunidades a la par que el gobierno empieza a entregar apoyos sociales y brinda acompañamiento en temas de salud.
Según explicó, las personas consideran que en sus lugares de origen no tienen ningún problema para subsistir como están padeciendo ahora en campamentos improvisados en Cuauhtémoc y Delicias.
“Como me dijo uno de ellos, es que nosotros allá éramos ricos, teníamos nuestros animalitos, teníamos nuestra tierra, teníamos nuestra manera, nuestras costumbres. Allá yo ahorita lo hemos perdido todo, absolutamente todo; esto es lo que ellos me han comentado… Pero miren, muchas de estas familias tienen miedo. Ni siquiera alguna de ellas dice su nombre”, expresó el religioso a las autoridades.
Plan Chihuahua
En entrevista con MILENIO, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, explicó que personal de la dependencia ha estado ya en tres ocasiones con las comunidades afectadas para conocer de primera mano sus necesidades.
“Lo más importante es que la mayor parte de las personas quiere volver a sus comunidades. Entonces tenemos que generar condiciones de seguridad y de habitabilidad y de trabajo y de desarrollo para que vuelvan y que estén ahí en las mejores condiciones y que no tengan que desplazarse”, dijo.
Y aunque se sigue consultando a las comunidades cuáles son las prioridades a atender, de entrada ya se identificó que hay necesidad de vivienda digna, garantizar educación para niños y niñas, así como dar especial atención a mujeres y niñas.
Además, se revisarán las necesidades de la región en materia de salud.
“Y por otro lado, la obligación también de atender a toda la población, sobre todo en temas de educación, de salud, y de atenciones inmediatas. Muchos, la gran demanda fue vivienda porque encontramos que viven cuatro o cinco familias en dos cuartos que comparten una misma habitación o que comparten, pues, espacios muy pequeños y además de eso, como tuvieron que salir de sus comunidades sin documentos, jornadas para que obtengan sus documentos a través de la propia Secretaría de Gobernación y otras autoridades”, agregó.
Otras prioridades son el empleo, la protección de niñas, niños y adolescentes y atender las causas que generan la violencia con perspectiva de derechos humanos.
“Hablamos también con la Secretaría de Educación Pública para conocer cuántos niños de esas comunidades desplazadas ya están inscritos en escuelas y, si no, garantizar que lo estén y que tengan las condiciones mínimas. También el DIF nacional nos apoyó para conocer cómo vamos a trabajar y también la Secretaría de las Mujeres, porque muchas de las personas desplazadas son mujeres y niñas, que hay que decir que algunas de ellas trabajan muy temporalmente o de ratos en el sector agrícola, pero en condiciones muy desfavorables también”, concluyó.
Foto portada: MILENIO
