A mes y medio de que venza el plazo para que todos los usuarios de telefonía celular vinculen su línea con su credencial de elector, expertos destacan la importancia de que se le pueda poner rostro a cada número telefónico para evitar delitos como es la extorsión o el secuestro virtual; señala MILENIO.
El gobierno federal emitió desde diciembre los lineamientos para el nuevo registro, que según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es similar a medidas ya implementadas en otros países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, en donde los usuarios están obligados a otorgar información personal, una fotografía y datos técnicos del dispositivo.
Importancia para regular uso de telefonía
Raúl Sapién Santos, presidente jurídico y de relaciones públicas del Consejo Nacional de Seguridad Privada, destacó la importancia de que las líneas telefónicas tengan una trazabilidad de quién las utiliza.
“Desde hace más de diez años, prácticamente, (las líneas móviles) se han convertido en un elemento tan letal como puede ser incluso una propia arma de fuego. En el teléfono celular hay acceso a redes sociales, en las que se sabe qué negocios tienes, en dónde estás vacacionando, incluso vínculos y redes familiares y de amigos. Es un instrumento en el cual se pueden realizar dispersiones de dinero”, describió el especialista para MILENIO.
Además de darles identidad, otra ventaja del registro, dijo, es que los servidores públicos y las entidades responsables de procuración e impartición de justicia están obligados a realizar los actos de investigación necesarios, hasta llegar al fondo de toda llamada extorsiva.
Contra el delito de extorsión
“Los encargados de procuración de justicia, así como las instituciones de investigación, están obligados a que ante el más mínimo detalle que tenga un delito de extorsión denunciado, este se tenga que seguir de manera oficiosa. De lo contrario, ellos también serán penalmente responsables de ser omisos”, señaló Sapién Santos.
No obstante, explicó que el hecho de contar con un registro nacional de usuarios de telefonía celular no significa que se va a terminar con el delito de extorsión o secuestro virtual, pero es el principio para atender un ecosistema en el que la principal vía por la que se cometen este tipo de crímenes son los teléfonos celulares.
De acuerdo con el gobierno federal, la obligatoriedad de asociar las líneas telefónicas móviles con sus titulares, para evitar delitos, va de la mano con experiencias internacionales.
Para José Flores, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), evitar delitos “es un fin legítimo” del nuevo registro, y aunque consideró que no ha probado ser eficaz, sí podría ayudar a que todo sea rastreable, lo que le puede servir al Estado para la agilización de trámites.
Al Servicio de Administración Tributaria (SAT) le ha facilitado la detección de fraude, de factureras, de emisiones de CFDIs falsos, la detección de movimientos irregulares dentro de cuentas bancarias, explicó.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció el 9 de diciembre que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar, lo cual se averiguó a partir de llamadas al número 089.
Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales, García Harfuch aseguró que ya implementaron acciones de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión; mientras que en el primer trimestre de este año, quedarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.
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