El jurado federal de Baltimore, en Maryland, leyó el veredicto contra Alekzander Quinn Bywater la tarde del 20 de agosto de 2026: “culpable” de los cinco cargos que enfrentaba, entre ellos conspirar para explotar sexualmente a una niña y publicar en la internet oscura (o ‘dark web’) los videos de su propio abuso; publica MILENIO.
Bywater, originario de Colorado Springs, Colorado, vivía en el estado de Veracruz junto con su esposa, Anika Danielle Studlar Bywater, cuando la pareja grabó, en enero y febrero de 2024, dos videos en los que abusaban sexualmente de una menor.
Según la acusación federal presentada ante la Corte de Distrito de Maryland, y consultada por MILENIO para esta investigación, el matrimonio subió ese material a un sitio de internet identificado como “Website A”, y ahí lo ofrecieron a la venta. Un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que operaba en Maryland compró de manera encubierta los dos videos el 6 y 7 de febrero de ese año.
La fiscalía federal calificó el caso de “profundamente depravado” y reveló que Alekzander Quinn Bywater dejó Estados Unidos rumbo a México y se aprovechó de una persona muy vulnerable; “una niña pequeña”, como la describió el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, del Departamento de Justicia, tras el veredicto de culpabilidad.
El expediente judicial –que mantuvo sellados buena parte de los documentos para proteger la identidad de la menor– es uno de los poquísimos casos de turismo sexual infantil que llegó a los tribunales con nombre y apellido.
Una revisión de MILENIO en los archivos del Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cortes federales de Texas, Arizona, California y Florida encontró que, entre 2008 y 2026, las autoridades estadunidenses han hecho públicos apenas 17 casos de ciudadanos de ese país procesados por abusar sexualmente de menores en territorio mexicano.
La cifra contrasta de forma drástica con lo que documenta ECPAT International, la red mundial que desde 1990 monitorea la explotación sexual comercial de la infancia, que identifica desde hace más de una década un corredor de turismo sexual infantil que corre a lo largo de la frontera norte de México y de sus principales destinos turísticos: Tijuana y Ciudad Juárez, en el norte; Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, en las costas.
Pese a esto, el aparato de justicia estadunidense solo alcanza a capturar una fracción mínima de los casos: aquellos en los que el sospechoso comete el error de cruzar de regreso a Estados Unidos con evidencia gráfica en el teléfono, o donde una víctima logra escapar y denunciar del otro lado de la frontera.
“Lo que tenemos son los casos que fallaron para el agresor”, dice un fiscal citado en uno de los expedientes revisados para este reportaje.
Se temía la llegada de pedófilos al país
Un documento publicado en enero de 2026 por la agencia de Naciones Unidas para la infancia (Unicef), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras advertía que la explotación sexual infantil podría repuntar en México durante el Mundial de futbol de este año, con el arribo de millones de visitantes extranjeros a sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
“Con la llegada de millones de visitantes nacionales e internacionales a México en 2026, es altamente probable que aumente el riesgo de explotación sexual infantil y de violencia contra la niñez”, advirtió Luis Fernando Carrera Castro, representante de Unicef en México, al anunciar el convenio con la industria hotelera.
Si bien la Secretaría de Turismo afirmó que habían llegado tres millones de visitantes a las tres sedes mundialistas, estimaciones independientes como la firma Deloitte en su análisis ¿Qué sucede después del Mundial? El impacto económico en los negocios, calcularon que el país recibió medio millón de turistas: 296 mil nacionales y 198 mil extranjeros.
A pesar de que las cifras oficiales permiten darse cuenta de la magnitud del problema, también evidencian su subregistro.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citados por MILENIO en junio de 2026, entre enero de 2015 y febrero de 2025 se registraron 2 mil 835 víctimas menores de edad en casos de trata de personas en México: 2 mil 119 mujeres y 716 hombres.
Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones citado en esa misma investigación calcula que, de los 600 millones de viajes turísticos internacionales que se realizan cada año en el mundo, en 20 por ciento de ellos el sexo es una motivación declarada por el viajero.
Y algo revelador: tres por ciento de ese grupo confiesa tener tendencias pedófilas. Las ciudades mexicanas con más denuncias por este delito, según la misma nota, son Tijuana, Acapulco, Cancún y Guadalajara.
Red de abuso infantil en México
El abuso de estadunidenses a niños mexicanos no es nuevo. El caso de Thomas Frank White, el financiero de San Francisco que construyó un refugio y una escuela cerca de Puerto Vallarta que terminaron siendo, según acusaciones tanto mexicanas como estadunidenses, una fachada para una red de abuso que habría afectado a decenas de menores entre 1999 y 2001, ilustra este patrón.
Un jurado federal en San Francisco lo acusó formalmente en 2004 por turismo sexual infantil, pero White nunca fue juzgado en Estados Unidos y murió preso en Puerto Vallarta en 2013, tras ser condenado por la justicia mexicana.
Un patrón similar, aunque de escala institucional y sin que ningún responsable enfrente cargos penales en Estados Unidos hasta ahora, es el de Niños de México, una organización religiosa de Union, Missouri, que operó ocho casas hogar en la Ciudad de México y Cholula, Puebla, durante 58 años.
Una investigación independiente realizada por GRACE (Godly Response to Abuse in the Christian Environment), organización contratada por la propia Niños de México en 2024 tras presión de exempleados y cobertura periodística, documentó en un reporte de 256 páginas publicado el 12 de noviembre de 2025, acusaciones de abuso sexual contra 20 empleados de la organización, incluidos sus fundadores.
En sus pesquisas encontró “una falla catastrófica de supervisión” por parte de la junta directiva estadunidense, pero sólo un empleado, de nacionalidad mexicana, ha sido condenado exclusivamente por tribunales mexicanos.
Algunos de los 17 expedientes: así operaban
De los 17 casos que la justicia estadunidense ha hecho públicos desde 2008, estos son los que, por la gravedad de los hechos o la relevancia de sus sentencias, marcan el patrón con mayor claridad.
El primero de la lista es también uno de los más elementales en su método: Richard Hendryx, un hombre de 78 años de Morristown, Arizona, se declaró culpable en diciembre de 2008 de organizar un viaje de dos días a México con la intención de tener sexo oral con dos chicos menores de 12 años. Coordinó todo por teléfono y correo electrónico sin saber que hablaba con agentes encubiertos.
Cuatro años después, en 2012, la justicia norteamericana procesó a Carmen Alonzo, de 58 años y residente de Progreso, Texas, quien trabajaba para la empresa que manejaba el puente fronterizo del Puerto de Progreso. Entre enero y abril de 2010, viajó reiteradamente a México y sostuvo relaciones sexuales con una menor de 16 años, por lo que un juez lo sentenció a 72 meses de prisión al determinar que Alonzo había influido indebidamente en la víctima.
El patrón de usar una fachada de ayuda humanitaria para acercarse a las víctimas reapareció en 2016 con Joel Alexander Wright, de 23 años, un exestudiante de un seminario católico de Columbus, Ohio, que aspiraba al sacerdocio.
Luego de colocar anuncios en una guía turística de Craigslist Tijuana, a través de los cuales pretendía adoptar o comprar infantes menores de cuatro años, alguien respondió –en realidad, un testigo cooperante– y no le quedó más que confesar que quería “adoptar o poseer” a bebés menores de tres años para tener relaciones sexuales. Viajó a San Diego con ropa de bebé, medicamentos, juguetes y lubricante en su equipaje. Fue arrestado por un agente encubierto de HSI y sentenciado a 188 meses de prisión.
Tres años más tarde, en 2019, cayó Donald Frederic Bollinger, de 63 años y residente de Dallas, quien ya era un delincuente sexual registrado cuando abusó de menores tanto en Honduras como en Reynosa, México, entre 2012 y 2014. Fue detenido en el Puerto Internacional de Hidalgo, en McAllen, y sentenciado a 121 meses.
Uno de los casos más largos en resolverse fue el de David Manuel Garcia, ciudadano estadunidense que viajó de forma reiterada a México entre 2003 y 2008 y sostuvo actos sexuales forzados con una menor que tuvo dos hijos suyos, a los 13 y a los 15 años. Fue detenido en 2018 en el Puerto de Eagle Pass, pero el proceso se extendió hasta 2022, cuando un juez lo declaró culpable en un juicio sin jurado y lo sentenció a 188 meses.
Ya en 2025, la justicia estadunidense sentenció a Enrique Ruvalcaba-Mendez, de 71 años y residente de El Paso, quien cruzaba constantemente a Ciudad Juárez para pagar por sexo con menores, a quienes grababa y cuyo material conservaba en su celular. Fue detenido en una inspección secundaria en el Puente de las Américas. Las autoridades determinaron que había abusado de al menos tres menores. Fue sentenciado a 240 meses.
El caso más reciente y uno de los más severos en su condena es el de Daniel Navarro, de Victorville, California, quien se hizo pasar por un adolescente de 15 años en Instagram para enamorar a una niña de la misma edad, originaria de Arizona. La convenció de viajar con él desde el condado de San Luis Obispo hasta Tijuana, justo antes de la fiesta de sus 15 años.
Autoridades mexicanas la rescataron 11 días después en una casa de esa ciudad, tras arrestar a Navarro, quien intentaba cruzar de regreso a Estados Unidos. Un jurado lo declaró culpable en julio de 2025 de múltiples cargos, incluida la distribución de pornografía infantil, y en mayo de 2026 un juez lo sentenció a 45 años de prisión, la condena más severa de todo el expediente revisado para este reportaje.
En el caso de Anika, se declaró culpable en diciembre de 2025 de un cargo de conspiración para incurrir en conducta sexual ilícita en el extranjero. Fue sentenciada en marzo de 2026 a 25 años de prisión, seguidos de 20 años de libertad supervisada. Alekzander, su pareja, espera todavía la fecha de su propia sentencia: podría recibir hasta 150 años.
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