Norma Piña Hernández cerró su gestión como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un informe de actividades 2023-2025; publica MILENIO.
En un mensaje final ante el pleno del máximo tribunal del país, Piña Hernández destacó que el organismo ejerció recursos públicos con estricto cumplimiento de la ley.
«Se mantuvo una política de gastos basada en disciplina presupuestaria, transparencia, eficiencia y austeridad, lo que permitió que cada año se alcanzara un ahorro presupuestal, es decir, se cumplieron los objetivos perseguidos con un gasto menor al presupuesto».
Transferencia de recursos al nuevo Poder Judicial
La ministra presidenta de la Corte señaló que el grupo de trabajo que se creó para la transferencia de recursos a los nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación se realizaron con el fin de asegurar una transferencia ordenada de recursos materiales, humanos, presupuestales y financieros, establecido por la reforma judicial de 2024 una vez que sea determinado a partir del primero de septiembre de 2025.
«El Tribunal Pleno y la Comisión de Transición fueron debidamente informados en cinco momentos de los avances del plan de trabajo, lo que permitió estar en condiciones de contar con información certera, precisa y útil, concluyendo el último de los reportes durante este mes de agosto de 2025».
Piña Hernández también dijo que en este periodo se trabajó por primera vez en atender un rezago acumulado desde que se tiene registro en la SCJN el planteamiento de inventarios bajo metodologías.
«Se avanzó en el levantamiento de un inventario físico de bienes muebles de equipos de administración que se encuentran en sistemas administrativos. Y actualmente están conciliados por la cifra de la contabilidad institucional lo cual además facilitará y dará certeza y precisión sobre estos bienes en el proceso de transferencia de recursos previsto en la reforma de 2024».
«De estas políticas demuestran el compromiso total de esta administración con el actuar eficiente sustentado de un personal capacitado comprometido con los objetivos institucionales así como con apoyo en las tecnologías más avanzadas».
Pleno de la Corte terminó sus funciones este 31 de agosto para dar paso a los nuevos nueve ministros electos por voto popular en la elección judicial.
El contexto de su despedida está marcado por la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, que ordenó la salida anticipada de los ministros y su reemplazo por jueces electos por voto popular a partir del 1 de septiembre.
Informe de gestión 2023-2025
🔴 #EnVivo | Informe de Gestión 2023-2025 presentado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN #InformePJF2025https://t.co/C3bpRtlWDL
— Suprema Corte (@SCJN) August 26, 2025
¿Quién es Norma Piña?
Norma Lucía Piña Hernández ha sido una figura clave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconocida por su postura liberal, su firme defensa de los derechos humanos y su compromiso con el carácter laico del Estado mexicano. Como ministra, ha marcado distancia frente a iniciativas impulsadas por el gobierno federal, posicionándose como una voz crítica y autónoma dentro del máximo tribunal.
Desde su nombramiento, Piña ha sostenido una línea jurisprudencial centrada en la protección de las garantías individuales, especialmente en temas de género, libertad de expresión y derechos reproductivos. En septiembre de 2021, formó parte de la mayoría que declaró inconstitucional la prohibición absoluta del aborto, argumentando que obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado vulnera sus derechos fundamentales.
En ese mismo fallo, subrayó la importancia de reconocer la diversidad de creencias en un Estado laico y garantizar condiciones dignas para la interrupción legal del embarazo en su etapa inicial.
Su independencia judicial también se reflejó en su voto a favor de declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), aunque la norma se mantuvo vigente por no alcanzar la mayoría calificada. Esta decisión evidenció su preocupación por el respeto a los principios constitucionales frente a reformas estructurales del Ejecutivo.
Como integrante de la Primera Sala, Piña presentó un proyecto pionero que permitió a empresas explotar legalmente la fibra de cannabis (cáñamo) con fines industriales. El fallo, que otorgó el primer amparo en esta materia, declaró inconstitucional la prohibición de sembrar, cultivar y cosechar cannabis industrial, abriendo un precedente en el ámbito económico y regulatorio.
Su compromiso con la equidad de género también se manifestó en casos mediáticos. En el amparo promovido por el periodista Juan José Origel, Piña condenó expresiones que calificó como “discriminatorias” y “denigrantes” hacia su ex compañera Flor Rubio, al considerar que perpetúan estereotipos contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres.
Otro de sus proyectos relevantes fue el rechazo al amparo solicitado por Efraín Cázares López, juez que liberó a los implicados en el caso conocido como “Michoacanazo”. La resolución, que generó tensiones entre el Poder Judicial y el gobierno de Felipe Calderón, reafirmó la postura de Piña en favor de la legalidad y la rendición de cuentas.
Imagen portada: Cuartoscuro
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