Para miles de personas encarceladas en México, la condena puede comenzar antes de escuchar una sentencia: cuando no pueden leerla, entenderla o dimensionar los términos jurídicos con los que se decide su libertad; publica MILENIO.
De las 270 mil 158 personas recluidas en centros penitenciarios estatales y federales del país, 42.53 por ciento no concluyó la educación básica. Dentro de ese universo, seis mil 905 no saben leer ni escribir.
Pero existe otra brecha menos visible: el analfabetismo funcional. Son personas capaces de leer o escribir palabras, pero sin las herramientas suficientes para comprender documentos, declaraciones o el lenguaje especializado de un proceso penal.
La desigualdad educativa se extiende hasta los niveles profesionales. Apenas 4.47 por ciento de la población privada de la libertad logró terminar una carrera comercial, licenciatura o algún posgrado.
La radiografía penitenciaria muestra así que una parte importante de quienes hoy están detrás de las rejas llegó al sistema de justicia arrastrando rezagos educativos, pobreza, exclusión y falta de oportunidades. En algunos casos, esas carencias pueden convertirse también en indefensión jurídica.
Bonifacia: cuatro años presa sin comprender su proceso
En el Estado de México, esa vulnerabilidad tiene un nombre: Bonifacia.
Mujer mazahua, pasó más de cuatro años en prisión acusada de homicidio calificado tras la muerte de un familiar dentro de su comunidad.
Su caso expone una de las grietas del sistema de justicia: para una persona que no sabe leer ni escribir, colocar una firma o una huella en un documento que no comprende puede tener consecuencias definitivas para su libertad.
Bonifacia colocó su huella digital en actas del Ministerio Público que no podía leer.
De acuerdo con la reconstrucción de su defensa, nadie le explicó que aquel acto terminaría respaldando la narrativa de culpabilidad construida en su contra.
El proceso continuó sin que comprendiera plenamente la gravedad de la acusación ni el alcance del vocabulario jurídico utilizado en su expediente.
A esa condición se sumaron la ausencia de un traductor de su lengua originaria y la imposibilidad de revisar por sí misma los documentos que integraban su causa.
Finalmente fue sentenciada a casi una década de prisión.
Fuera quedaron su hija Julia y sus nietos.
Solo mediante el mecanismo extraordinario previsto en la Ley de Amnistía del Estado de México consiguió recuperar su libertad después de pasar más de cuatro años encarcelada.
“No comprender el proceso aumenta la vulnerabilidad”, afirma abogado defensor
La situación ha llevado a colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos a acompañar a personas que enfrentan procesos penales en condiciones de analfabetismo, bajo nivel educativo o desconocimiento del español.
Antonio Lara Duque, abogado defensor e integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, advierte que la falta de acceso a la educación coloca a una persona en una posición particularmente vulnerable frente al sistema judicial.
“El analfabetismo o la falta de acceso a la educación es una condición de vulnerabilidad que facilita que una persona sea violentada en sus derechos humanos y en el debido proceso. Es el hecho de no poder comprender lo que está ocurriendo en su proceso legal, un analfabetismo funcional. Es evidentemente donde el sistema de justicia se ensaña, porque esa persona tampoco va a tener acceso a una defensa adecuada”, indicó.
La situación puede agravarse cuando se trata de integrantes de comunidades indígenas.
“Seguimos adoleciendo de un sistema de justicia que no termina de comprender la cosmovisión indígena. Han confundido que lo indígena es tener vestimenta típica y parecer jarrones en un salón de eventos”, afirmó Lara Duque.
Para el abogado, el reconocimiento de una persona indígena no puede limitarse a su vestimenta o apariencia, pues implica también lengua, cultura, contexto comunitario y una forma particular de entender las relaciones sociales.
“Lo indígena es mucho más profundo, es toda otra cosmovisión. Todavía no lo armonizan, prefieren verlo como alguien que se puede ver bien en una foto, pero en la práctica cotidiana se siguen teniendo a personas injustamente presas, particularmente indígenas. Ser indígena y no saber leer es sumamente peligroso”, advirtió.
Más de cuatro de cada diez presos, sin educación básica completa
Las estadísticas penitenciarias dimensionan el rezago.
Al menos 42.53 por ciento de la población privada de la libertad no logró concluir su educación básica y, dentro del total nacional, seis mil 905 personas no saben leer ni escribir.
La mayor cantidad de población penitenciaria analfabeta se encuentra en Sonora, Puebla, Oaxaca, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Chiapas.
Estas últimas dos entidades concentran, juntas, 24.19 por ciento de las personas encarceladas en el país sin habilidades de lectoescritura.
Especialistas identifican desigualdad, pobreza, desempleo, exclusión social y precariedad educativa como condiciones de vulnerabilidad que pueden confluir en las trayectorias de las personas que llegan al sistema penitenciario.
Las cárceles concentran así historias marcadas por abandono escolar, falta de oportunidades, violencia familiar, pobreza y dificultades para acceder al empleo.
Cristina Pablo Dorantes, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), destaca que cometer un delito no es exclusivo de las personas con bajo nivel educativo.
“Pero, ciertamente, no sólo las personas iletradas delinquen; también lo hacen quienes tienen maestría o doctorado, sólo que muchas veces no llegan a prisión, porque en numerosos casos gozan de relaciones, poder y, sobre todo, en general tienen una defensa más especializada que no para hasta lograr su libertad. Se les conoce, dicen, como delincuentes de cuello dorado”, explicó.
Seis mil 905 presos no saben leer ni escribir
Los Cuadernos Mensuales de Información Penitenciaria Nacional, analizados por MILENIO, permiten dimensionar con mayor detalle la escolaridad dentro de las cárceles mexicanas.
El corte a junio registra seis mil 905 personas privadas de la libertad en todo México que no saben leer ni escribir.
A ellas se suman otras seis mil 848 que saben leer y escribir, pero no cuentan con ningún grado formal de escolaridad.
Además, 269 personas no concluyeron preescolar y otras 719 tienen este nivel como máximo grado educativo.
Entre las entidades sobresale Nayarit, donde 12.8 por ciento de la población penitenciaria se encuentra en condiciones particularmente precarias en materia educativa, al concentrar personas que no saben leer ni escribir, otras que únicamente poseen esas habilidades o cuyo máximo nivel alcanzado es preescolar.
Las cifras crecen de forma considerable cuando se analiza la primaria.
En México hay 26 mil 98 personas encarceladas que no concluyeron los seis años de ese nivel educativo y otras 42 mil 623 que terminaron primaria, pero no continuaron sus estudios.
Entre ambos grupos suman 68 mil 721 personas. El Estado de México concentra 13 mil 435 de ellas.
Más de 115 mil reos llegaron como máximo a secundaria
El rezago continúa en el siguiente nivel educativo.
En las cárceles del país hay 31 mil 440 personas que comenzaron secundaria pero no concluyeron los tres años, mientras otras 83 mil 932 terminaron ese nivel y ya no continuaron estudiando.
En conjunto, son 115 mil 372 internos cuyo máximo avance educativo se quedó entre una secundaria inconclusa y una secundaria terminada.
En educación media superior se contabilizan 23 mil 741 personas con preparatoria incompleta y 27 mil 792 que sí concluyeron los tres grados, pero no siguieron hacia una carrera universitaria o técnica.
Las cifras dibujan una pirámide: conforme aumenta el nivel de estudios, disminuye drásticamente el número de personas dentro de las prisiones.
Solo 8 mil 195 presos tienen licenciatura
En el extremo opuesto de la estadística están quienes alcanzaron estudios profesionales.
En los centros penitenciarios estatales y federales hay ocho mil 195 personas con licenciatura concluida y otras cinco mil 441 con una carrera universitaria inconclusa.
En maestría, 261 internos iniciaron el posgrado, pero no lo terminaron, mientras 487 sí lograron concluirlo.
El grupo se reduce todavía más cuando se llega al máximo grado académico.
Hay 24 personas que cursaron estudios de doctorado pero no los concluyeron y 82 que sí terminaron este nivel.
Edomex concentra más presos con doctorado
El Estado de México sobresale en el extremo contrario del rezago educativo.
En sus cárceles hay 24 personas con doctorado concluido, la mayor cifra entre las entidades del país.
Le sigue Ciudad de México, con siete; Chiapas y Durango, con seis cada uno; Baja California, Chihuahua y Puebla, con cuatro por entidad.
Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala tienen entre uno y tres casos.
Además, seis personas con doctorado se encuentran recluidas en penales federales de máxima seguridad.
El nivel educativo registrado no necesariamente fue obtenido antes del encarcelamiento.
En algunos casos, los internos continuaron estudiando una vez privados de la libertad, debido a que la legislación contempla la educación como parte de los procesos de reinserción y puede generar beneficios para personas que ya cumplen una sentencia.
Sin embargo, dentro de la mayoría de los centros penitenciarios, la oferta se concentra en educación básica y son mucho más reducidas las posibilidades de cursar niveles medio superior o superior.
La condena que comienza fuera de prisión
La radiografía educativa de las cárceles mexicanas muestra dos extremos: miles de personas que llegaron al sistema penitenciario sin saber leer ni escribir o sin haber concluido la educación básica, frente a unas cuantas decenas que alcanzaron un doctorado.
En medio existe una enorme franja de abandono escolar y oportunidades truncadas.
Para Lara Duque, atender el problema requiere actuar mucho antes de que una persona llegue a un tribunal, pero también garantizar que quien enfrenta un proceso penal pueda comprender plenamente qué está ocurriendo y ejercer su derecho a una defensa adecuada.
“Hasta que las aulas en las comunidades más vulnerables no logren retener a las infancias y juventudes, y los tribunales no aprendan a juzgar más allá de los modismos técnicos y las condiciones de origen, el analfabetismo seguirá dictando el destino y la condena de miles de personas en las cárceles de México”, concluyó.
Con información de Mellissa López
Imagen portada: MILENIO
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