Por Olivia García
En México, la violencia contra las mujeres ya no escandaliza: se contabiliza. Se presenta en gráficas, se administra en boletines y se diluye en conferencias donde la cifra sustituye a la responsabilidad. Casi seis mil mujeres asesinadas en un año no provocan una ruptura institucional; provocan un ajuste de discurso.
Los datos son conocidos y, sin embargo, siguen siendo tratados como si fueran una novedad incómoda. De acuerdo con cifras oficiales retomadas por la prensa nacional, casi seis mil mujeres fueron asesinadas en 2025 y solo 721 casos fueron investigados como feminicidio. El resto se dispersa en tipologías penales que alivian la estadística, pero no el crimen. La violencia existe; lo que fluctúa es la forma de nombrarla.
El problema no es semántico. Es estructural. El Estado mexicano ya sabe contar, pero no sabe responder. Tiene leyes, protocolos, fiscalías especializadas, alertas de género y campañas con tipografía violeta. Lo que no tiene —o no ejerce— es una cadena funcional que conecte prevención, investigación, sanción y reparación. El resultado es una coreografía repetida: crimen, comunicado, promesa, olvido.
En algunos estados, como el Estado de México, los gobiernos presumen reducciones “históricas” en feminicidios gracias a operativos focalizados y juzgados especializados. La nota informativa es correcta; el énfasis político es tramposo. Reducir una cifra no equivale a desmontar una violencia. Menos carpetas abiertas no siempre significan menos asesinatos; a veces significan menos investigación, menos reclasificación como feminicidio, menos presión institucional.
En el centro del problema está la impunidad, esa política no escrita que atraviesa gobiernos y colores partidistas. La mayoría de los crímenes contra mujeres no llega a sentencia. No por falta de discursos, sino por falta de peritajes sólidos, investigaciones oportunas y fiscalías capaces de sostener los casos ante un juez. La justicia, cuando llega, lo hace tarde; cuando no llega, se justifica con lenguaje técnico.
Las desapariciones de mujeres y niñas exhiben otra capa del abandono. Colectivos y madres buscadoras siguen llenando el vacío que dejan comisiones sin recursos suficientes y bases de datos que no se comunican. La búsqueda se privatiza emocionalmente: el dolor corre por cuenta de las familias; el acompañamiento oficial se reduce a declaraciones y fotografías de archivo.
A ello se suma la fragilidad institucional federal. La propia prensa ha documentado vacíos de liderazgo en instancias clave encargadas de coordinar la política contra la violencia de género, lo que se traduce en alertas que se decretan tarde, se implementan a medias o se convierten en trámites administrativos sin consecuencias reales.
Y mientras tanto, el poder presume paridad. Más mujeres en cargos, más fotografías oficiales, más discursos con perspectiva de género. Pero la representación no sustituye a la protección. Tener mujeres en el gobierno no ha impedido que el aparato siga fallando a las mujeres fuera de él. La violencia política de género convive sin fricción con la violencia física y social: ambas son toleradas mientras no alteren el equilibrio del sistema.
El punto más corrosivo es este: la violencia contra las mujeres ya no es una crisis; es un régimen de normalidad. Se gestiona como se gestiona el tráfico o la inflación: con resignación técnica. El Estado no está ausente; está presente de la peor manera posible: administrando el daño.
Romper esta lógica implicaría algo que ningún gobierno ha querido hacer a fondo: asumir costos políticos reales, limpiar fiscalías, romper pactos locales, medir resultados con sentencias y no con spots. Implicaría aceptar que el fracaso no es coyuntural, sino sistémico.
Mientras eso no ocurra, las cifras seguirán bajando o subiendo según convenga, pero las mujeres seguirán muriendo con regularidad estadística. Y el país seguirá llamando política pública a lo que, en el fondo, es solo contabilidad del abandono.
