Para evitar ser víctimas de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, los habitantes de Culiacán, Sinaloa, cambiaron sus horarios para ir al trabajo, tomaron nuevas rutas para llegar a las escuelas y restringieron sus salidas a bares y restaurantes; publica MILENIO.
De acuerdo con una investigación del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos, la guerra urbana, iniciada el 9 de septiembre de 2024, alteró la vida cotidiana en la capital de Sinaloa y se convirtió en un factor que determina cuándo y cómo se realizan las actividades cotidianas.
Nueve investigadores realizaron el Estudio longitudinal de adaptaciones psicosociales y conductuales a la violencia comunitaria continua en Culiacán, Sinaloa, para el cual entrevistaron a mil 163 residentes de Culiacán en octubre de 2024 y posteriormente a 100 de ellos en los meses de febrero y junio de 2025.
En octubre de 2024, nueve de cada 10 de los participantes en la investigación mantuvieron cambios en sus horarios y actividades laborales, escolares y sociales por razones de seguridad. Para junio de 2025, la proporción fue de 88 por ciento.
Efecto dominó de la ruptura del Cártel de Sinaloa
Para los investigadores, la variación no fue estadísticamente significativa. Y, en cambio, se identificó que los habitantes comenzaron a adaptarse a determinadas consecuencias psicológicas y económicas del conflicto, pese a lo cual prefirieron mantener sus conductas de autoprotección ante la inseguridad.
“Estos hallazgos (…) sugieren que, si bien los impactos psicosociales y económicos agudos pueden disminuir con el tiempo, las adaptaciones conductuales protectoras permanecen relativamente estables”, señala el estudio.
La modificación de horarios de trabajo y escuela, las restricciones a las salidas y los cambios en los desplazamientos cotidianos son respuestas defensivas ante la violencia prolongada.
Los resultados mostraron que, mientras las modificaciones de las rutinas permanecieron prácticamente inalteradas, disminuyó significativamente el porcentaje de personas que recurrían a medicamentos prescritos, de venta libre o remedios para controlar el estrés y la ansiedad asociados con la violencia.
En octubre de 2024, el 36 por ciento de los participantes reportó haber empleado algún recurso farmacológico para enfrentar las consecuencias emocionales que le generaba el conflicto; hacia junio de 2025, el porcentaje descendió al 20 por ciento, aunque el estudio indica que esta disminución no necesariamente demuestra una reducción de la ansiedad clínica.
Sin embargo, de las 16 personas que abandonaron el uso de medicamentos en esos meses, 14 de ellas, es decir, el 87.5 por ciento, continuaron haciendo cambios en sus horarios y actividades como medida de protección.
“El uso de medicamentos refleja una interacción compleja entre la carga de síntomas, el acceso a la atención médica (…) En consecuencia, no se puede asumir que las reducciones en el uso de medicamentos representen reducciones equivalentes en el malestar psicológico”.
Balas en Sinaloa impactan directo al bolsillo
Una situación similar se presentó con las afectaciones económicas.
Los resultados del estudio indicaron que, mientras en octubre de 2024 el 62 por ciento de los participantes reportó dificultades financieras asociadas con la inseguridad, en junio de 2025 la proporción disminuyó al 35 por ciento, aunque los investigadores advierten que hubo diferencias en los métodos de seguimiento para medir este indicador.
Pese a esa disminución, de las 27 personas que reportaron una reducción en sus dificultades económicas, el 88.9 por ciento, es decir, 24 participantes, mantuvieron cambios en sus actividades habituales para evitar exponerse al peligro.
Los investigadores identificaron a este fenómeno como “adaptación de dos velocidades”, lo que significa que hay una disminución de algunas manifestaciones inmediatas del estrés y de las dificultades económicas, pero permanecen las conductas defensivas en la vida diaria.
La exposición prolongada a la violencia, explica el estudio, puede transformar medidas de protección inicialmente temporales en hábitos persistentes, incluso cuando disminuyen algunas respuestas emocionales agudas.
Esta condición, identificada como “vigilancia crónica”, significa que las personas siguen organizando sus movimientos y actividades a partir de la percepción de inseguridad, sin que una disminución del estrés inmediato represente necesariamente la recuperación de sus viejas rutinas.
Desplazamientos en Culiacán
Otra de las consecuencias identificadas en el estudio es la intención de abandonar Culiacán. En junio de 2025, el 45 por ciento de los 100 participantes había considerado como probable o muy probable dejar la ciudad.
Aunque la investigación encontró que las dificultades económicas individuales significaban un factor estrechamente relacionado con esa intención, el análisis estadístico identificó una asociación más fuerte con el deseo de migrar:
La pérdida de confianza entre integrantes de la comunidad, el deterioro de la convivencia y cohesión social, el debilitamiento de la confianza en las instituciones y la ruptura del orden social ante la violencia del crimen.
Los participantes que identificaron la polarización social y la desconfianza comunitaria como principales factores de inseguridad presentaron una posibilidad 11.56 veces mayor de manifestar una alta intención migratoria que quienes señalaron factores económicos.
Los resultados de la investigación también mostraron diferencias en cuestión de género y edad.
En la encuesta inicial de mil 163 participantes, las mujeres reportaron un mayor uso de medicamentos o productos para sobrellevar el estrés y la ansiedad en comparación con los hombres, mientras que los grupos más jóvenes registraron una mayor frecuencia en la modificación de sus actividades y horarios.
El estudio reconoce que los resultados del seguimiento corresponden a 100 participantes, sin representar estadísticamente a toda la población de Culiacán; sin embargo, los hallazgos permiten identificar cómo la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa derivó en un cambio de hábitos y decisiones cotidianas, al menos en los habitantes estudiados.
Concluye que para las autoridades, este trabajo permite subrayar que la restauración de la estabilidad económica por sí sola puede no ser suficiente en un intento de frenar la migración o mejorar la calidad de vida; la restauración de la polarización social y la confianza comunitaria, asegura, es primordial.
Imagen portada: MILENIO
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