El 29 de julio, un venezolano que residía en Brooklyn, Nueva York, recibió un mensaje a través de una aplicación cifrada. Estaba escrito en español y lo enviaba un paisano suyo llamado Ángel Eduardo Castro. Sólo que él se encontraba en Rusia; publica MILENIO.
“¿Tienes a alguien de confianza en Washington?”, le preguntó Castro al otro venezolano cuya identidad ha sido resguardada por las autoridades del Departamento de Justicia estadunidense, que expusieron este intento de reclutamiento de un latinoamericano en territorio norteamericano por parte de los servicios de inteligencia rusos.
Según el expediente oficial, Castro le explicó a su connacional que en Rusia pagaban dinero por “fotos de lugares”, es decir, por espiar. Ese mismo día reenvió mensajes de otro integrante de la red, un cubano que también vivía en Rusia, de nombre Yaidel Delgado Suárez.
Lo que querían eran fotos y videos de una dirección; ofrecían entre mil y mil 500 dólares a cambio. La dirección correspondía a un disidente ruso al que querían “eliminar”. Por ese trabajo, que involucraba matar al opositor del régimen de Vladimir Putin, ofrecían 40 mil dólares; publica MILENIO.
Los latinos identificados por EU
El venezolano asentado en Brooklyn respondió que tomaría fotos, pero que él no mataría a nadie. Cuatro semanas después, el 26 y el 27 de agosto, en efecto, grabó videos de dos propiedades y se los envió a Yaidel Delgado. Pero le siguieron insistiendo y le preguntaron si conocía a alguien que hiciera “el trabajo”, es decir, que cometiera el asesinato contra un ciudadano ruso. La respuesta fue que quizá había alguien dispuesto, pero habría que preguntarle primero. Castro y Delgado tendrían la respuesta en tres días.
Lo que se hizo público es que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) frustró el plan, pero no se habían dado muchos más detalles sobre esta operación de espionaje hasta el martes 15 de septiembre, cuando la fiscalía federal de Nueva York hizo pública la acusación contra cinco personas que conspiraron para financiar actos de terrorismo y –tres de ellas– por conspirar para contratar los servicios de un asesino.
Los cinco, sin embargo, están prófugos de la justicia estadunidense.
Una revisión de MILENIO en cortes federales e informes del Departamento de Justicia revela que este es apenas el caso más reciente de una lista de latinos –cinco cubanos, dos venezolanos, un colombiano y un mexicano– señalados en Estados Unidos de trabajar para gobiernos extranjeros en su territorio.
En los últimos seis años, autoridades estadunidenses han señalado al menos a nueve personas: cinco trabajaron para Rusia, tres para Cuba y uno para Venezuela. No todos han sido condenados. Unos están presos, otros fueron deportados y unos siguen prófugos.
En México había otro equipo de espías
Una acusación del Distrito Sur de Nueva York reconstruye el reclutamiento descrito, mensaje por mensaje, del más reciente caso de espionaje ruso en territorio estadunidense. Por cierto, las conversaciones fueron en español. Después de preguntar a su conocido en Brooklyn si podía tomar unas fotos en Washington, Ángel Eduardo Castro le reenvió un audio del cubano de 35 años, Yaidel Delgado, quien también operaba desde Rusia.
Hablaba en clave: “No necesito que haga construcción. Necesito que mida un terreno y me dé las medidas”. Según la fiscalía neoyorquina, “construcción” significaba matar y “medir un terreno” significaba vigilar.
El mismo día llegaron dos mensajes más de Delgado Suárez. En el primero pedía fotos y videos de una dirección, de al menos 30 segundos y desde distintos ángulos.
“Este es un trabajo gravemente serio”, advirtió.
En la segunda comunicación, aclaró que quería “eliminar” a la persona de esa casa y ofreció 40 mil dólares “para quien haga el trabajo”.
El 26 de agosto, Castro escribió que su amigo Delgado pedía el número telefónico del hombre de Brooklyn para hablar directo, pero este se negó:
“Que no me llame. Eso es una locura”. Y agregó: “Sabes que aquí lo rastrean todo”.
Yaidel Delgado le escribió de todos modos. Le dijo que la vigilancia tenía que hacerse “hoy o mañana”, le ordenó borrar el chat con las direcciones y le pidió ser discreto y hacerlo de lejos. Le envió la ubicación de una casa, más la foto y la dirección de otra. Las dos ubicaciones –describe la acusación– estaban públicamente asociadas con el disidente al que querían asesinar.
El 27 de agosto, Yaidel le dio instrucciones a su contacto: poner el teléfono en modo avión, sostenerlo con la mano izquierda, empezar a grabar una cuadra antes de llegar y bajar la velocidad frente a la casa. El hombre de Brooklyn grabó varios videos y fotos de las dos propiedades y se las mandó. Yaidel aseguró que ya le había pagado a Ángel Eduardo Castro por ese trabajo.
Entonces llegó la consulta más grave: si conocía a alguien que quisiera hacer “construcción”, o si él mismo estaba interesado. El de Brooklyn respondió que él no, pero que buscaría a las personas indicadas. Yaidel le explicó que su jefe lo presionaba y que, si bien tenía otro equipo en México, este se había retrasado.
Según la fiscalía, Yaidel Delgado intentó reclutar a más personas en Estados Unidos a través de aplicaciones encriptadas y ofreciendo “sumas sustanciales” para vigilar y matar al disidente y a otros posibles blancos.
Detrás de los mensajes había una red que la fiscalía llama RIS Network, por las siglas en inglés de servicios de inteligencia de Rusia. Según la acusación, opera desde al menos 2024 y tiene tres integrantes de alto rango: Yuri Khrameev, de 63 años, coronel retirado de la inteligencia rusa; su hijo, Kirill Khrameev, de 27, oficial del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB), y un cubano, Oemis Romagoza Durruthy.
Este último, de 35 años, es descrito como un miembro influyente de la diáspora cubana en Rusia que coordina ataques en otros países. Según la acusación, uno de esos operativos se hizo en junio de 2024 en Praga, y otro, en septiembre de 2024, contra un fabricante lituano de radios para el Ejército de Ucrania.
Un científico, un excongresista, un embajador
Sin embargo, esta historia es apenas la última de una lista que se apila en Washington. Otro de los casos es el de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, un científico mexicano con residencia en Singapur, detenido el 16 de febrero de 2020 en el aeropuerto de Miami, quien, según el Departamento de Justicia, desde 2019 recibía órdenes de un funcionario ruso.
Ese oficial le pidió rentar, por medio de un intermediario, un departamento en el edificio donde vivía una fuente de Estados Unidos que había dado información sobre el gobierno ruso. En febrero de 2020, viajó a Miami para anotar la placa y el estacionamiento del carro de esa persona.
Cabrera Fuentes se declaró culpable y, en 2022, recibió cuatro años y un día de cárcel, con orden de ser enviado a México al cumplirlos. Actualmente vive nuevamente en Oaxaca, donde no ha querido dar entrevistas.
Ese mismo año, en diciembre de 2022, fue arrestado en Atlanta un excongresista republicano cubanoamericano de Florida, David Rivera. Según la fiscalía, en 2017, este político y empresario había firmado un contrato de 50 millones de dólares con PDV USA, filial de la petrolera estatal de Venezuela, para influir en la política estadunidense hacia Caracas.
El 1 de mayo de 2026, un jurado de Miami declaró culpables a David Rivera y a su socia, la consultora Esther Nuhfer, de cabildear en secreto para el gobierno de Nicolás Maduro y de lavar dinero.
David Rivera está preso y enfrenta además otro caso en Washington, por intervenir entre 2019 y 2020 a favor del empresario venezolano Raúl Gorrín, de quien habría recibido más de 5.5 millones de dólares. Su defensa asegura que trabajaba contra el exmandatario Nicolás Maduro.
En 2023, otro latino fue acusado de trabajar para un gobierno extranjero: Víctor Manuel Rocha, originario de Colombia y nacionalizado estadunidense. Él se había desempeñado como embajador en Bolivia y director para asuntos interamericanos del Consejo de Seguridad Nacional.
En 2022, un agente encubierto del FBI se hizo pasar por enlace de la inteligencia cubana y se reunió con él en Miami. Rocha llamó a Estados Unidos “el enemigo” y se refirió a Fidel Castro como “el Comandante”.
Lo detuvieron el 1 de diciembre de 2023. En abril de 2024, se declaró culpable y recibió 15 años de cárcel, el máximo, y una multa de 500 mil dólares. Admitió que sirvió a la inteligencia cubana desde 1973. En mayo de 2026, el Departamento de Justicia pidió quitarle la ciudadanía estadunidense.
Los agentes que ICE sacó de Florida
En marzo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y el FBI arrestaron en su casa de West Park, Florida, a Tomás Emilio Hernández Cruz, de 71 años. La investigación arrancó en septiembre de 2023. La agencia dice que fue miembro de la inteligencia cubana en puestos de alto nivel en el exterior y que lo ocultó al pedir la residencia.
Por su parte, el 10 de julio de este año, ICE detuvo en el aeropuerto de Miami a Fernando Armando Valdés Pérez, de 61 años. Según la agencia, desde mediados de los años noventa se logró infiltrar y reportó sobre comunidades de exiliados y disidentes, ganándose la confianza del conocido espía cubano Luis Posada Carriles. Lo deportaron a Cuba el 7 de agosto.
Estados Unidos lleva décadas acusando de espionaje a sus rivales políticos en Rusia, Cuba, China y Venezuela. Estas acusaciones han servido también como arma política en épocas de álgidos roces internacionales, pero no siempre resistieron un juicio.
En 1999, el científico Wen Ho Lee fue acusado de 59 cargos presuntamente por espiar en favor de China. Pasó nueve meses en aislamiento y terminó declarándose culpable de uno solo, por manejo indebido de información. El gobierno nunca pudo probar que fuera espía y el juez se disculpó por el trato que recibió.
Asimismo, en 2015 la fiscalía retiró los cargos contra el físico Xiaoxing Xi y la hidróloga Sherry Chen, también acusados de trabajar para China.
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