El Tribunal Supremo de España volvió a cerrar la puerta al voto de decenas de miles de personas que fueron nacionalizadas desde la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática, que ampliaba los casos por los que exiliados del régimen franquista podían solicitar el pasaporte español y tener derecho a participar en sus elecciones. Una decisión que podría afectar a gran parte de la comunidad española en México; publica MILENIO.
En un auto, hecho público el lunes, jornada festiva en España por celebrarse el Día de la Hispanidad, los magistrados ratificaron su decisión y mantuvieron la suspensión decretada meses atrás, después de un recurso presentado por los partidos de extrema derecha Vox e Iustitia Europa.
“Debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de quienes figuran inscritos en aquel Censo respecto a los cuales la Administración no ha aclarado las condiciones en que se realizó aquella inscripción y la trazabilidad de su acceso al Registro Consular correspondiente”, dijeron los jueces.
Esta decisión cierra el camino al voto para casi 165 mil personas nacionalizadas y que estaba previsto que hubieran podido votar en las próximas elecciones que tendrán lugar en España el próximo 29 de noviembre.
La decisión del Tribunal Supremo, sobre la que todavía cabe un recurso, afecta directamente a cientos de personas que solicitaron su nacionalidad en el Consulado General de España en México. Esta dependencia es la quinta en todo el mundo en número de solicitudes recibidas, más de 100 mil, según datos hechos públicos en abril por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España.
La mayoría de registros se presentaron en los consulados de Argentina, según datos de la dependencia española. No obstante, se desconoce cuántos estarán afectados directamente por la decisión de los jueces. De hecho, los propios magistrados reconocen en su resolución no saber cuántas personas estarán directamente afectadas.
El auto señala que son 163 mil 020 personas las que fueron inscritas en el CERA (registro de los españoles residentes en el extranjero) y cuyo derecho a participar en las elecciones sería puesto en suspenso. De ellos, se desconoce cuántos estaban inscritos en el registro mexicano.
En total, el auto hace referencia a un informe de la Abogacía General del Estado que señala que hay casi 100 mil solicitudes que se resolvieron positivamente, pero que no habían sido inscritas en el registro de electores, y más de 300 mil que todavía estaban en proceso.
En todo caso, ni siquiera los 163 mil han quedado excluidos, ya que existen excepciones con las que los afectados podrán alegar y poder participar en los comicios.
Ley de Nietos: ¿Quiénes sí podrán votar en España?
Las dudas sobre el derecho al sufragio se explican por el proceso de aprobación de la Ley de Memoria Democrática o Ley de Nietos. La norma, aprobada en 2022, facilitaba los supuestos por los que nietos de represaliados durante la dictadura podían acceder a la nacionalidad y el derecho al voto.
Un reglamento puesto en marcha posteriormente ampliaba la casuística y consideraba que las personas que probasen que su familiar dejó España entre el 18 de julio de 1936 (fecha en la que tuvo lugar el golpe de estado fascista) y el 31 de diciembre de 1955 serían consideradas directamente como perseguidas.
Esto permitía que sus descendientes solicitasen la nacionalidad sin tener que presentar documentos sobre el exilio o la persecución a la que fueron sometidos. Aquellos que sí presentaron documentos, podrán votar, según se indica en el propio auto.
“Esto es muy complejo, tenemos a una comunidad que son españoles pero a los que se prohíbe votar. Es como una dictadura”, dijo a MILENIO Estela Marina Pérez Cabrera, presidenta de Adem (Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo), una organización civil que se ha personado en el proceso como parte interesada.
Según Pérez Cabrera, la decisión de los jueces deja en indefensión a todas las personas cuyo derecho al voto ya había sido reconocido al ser inscritas en el registro. El auto dicta un plazo de cinco días para que los afectados (las casi 165 mil personas) puedan presentar sus alegaciones. Un proceso para el que la Abogacía del Estado ya dijo no disponer de capacidad suficiente.
“Es ridículo que hagan esto, no se a qué tienen miedo”, dijo Tania Sánchez Juárez Zugazagotia.
La mujer, residente en Austria, recuperó su nacionalidad española en 2008 tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que es el antecedente de la norma puesta en cuestión por los jueces. Sánchez es descendiente de represaliados durante el franquismo, como Julián Zugazagoitia Mendieta, capturado por la Gestapo nazi y entregado al régimen de Francisco Franco, quien lo fusiló. Ella sí logró su pasaporte y puede votar en las elecciones españolas.
Sin embargo, considera que muchas de las personas que recuperaron la nacionalidad no participan en los comicios.
“Muchos están en México y no votan, no sé de qué tienen miedo”, argumentó.
La decisión del Tribunal Supremo provocó el enfado en el gobierno español, quien todavía puede recurrir ante el Tribunal Constitucional. Mientras, la cuenta atrás comienza para los afectados, que disponen de cinco días para presentar alegaciones.
Imagen portada: MILENIO
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