Por Valeria Riaño / IA
El pasado martes 3 de marzo de 2026, el Salón Tesorería de Palacio Nacional fue el escenario de una de las paradojas más profundas de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. En un espacio habitualmente reservado para el rigor de la política pública, la «Mañanera del Pueblo» —oficialmente designada ese día como un «Martes de Salud»— se transformó en un escaparate publicitario para el sistema Coca-Cola. La presencia de Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, y el exfutbolista Bebeto, escoltando el trofeo original de la Copa del Mundo de la FIFA, no solo interrumpió la agenda sanitaria del país, sino que evidenció la porosidad de las fronteras entre el poder político y el corporativo. En esa Mañanera “se sintió el sabor”.
Mientras los funcionarios de salud presentaban avances en programas de vacunación contra el sarampión y metas de trasplantes para 2026, la narrativa cambió súbitamente hacia la promoción de un evento deportivo global donde Coca-Cola es el patrocinador principal. La entrega simbólica de 25 boletos para el Mundial a la presidenta Sheinbaum, destinados a ser rifados por el gobierno, fue interpretada en redes sociales y por organizaciones civiles como un acto de «filantropía de captura”. Y sí, siempre Coca Cola.
Las críticas en medios digitales no tardaron en señalar la ironía: en el mismo foro donde se ha declarado que «la Coca-Cola hace mucho daño», se cedió la palabra a su máximo directivo para celebrar «más de 100 años de construir juntos» en México. Para la Alianza por la Salud Alimentaria y El Poder del Consumidor, este evento representó una violación a la autonomía de la política de salud, normalizando la presencia de una industria que es señalada como motor de la epidemia de enfermedades no transmisibles en el país.
La tensión había alcanzado su punto álgido con la intervención del Dr. Hugo López-Gatell. El exsubsecretario de Salud, hoy representante ante la OMS, rompió la disciplina partidista para lanzar una crítica frontal contra el secretario de Educación, Mario Delgado. López-Gatell no escatimó en adjetivos, comparando la gestión de Delgado con la de secretarios del periodo neoliberal como Josefina Vázquez Mota o Aurelio Nuño. Según Gatell, al permitir que empresas como Coca-Cola y Bimbo se involucren en la elaboración de materiales educativos y donen básculas para el programa «Vida Saludable», Delgado está compartiendo la responsabilidad soberana del Estado con el poder económico.
«Es tan absurdo como pedirle a una tabacalera que elabore los materiales para dejar de fumar», sentenció López-Gatell, acusando a la industria de fabricar «pseudociencia» para distorsionar la evidencia científica rigurosa. Esta fractura interna expone un dilema deontológico en la Cuarta Transformación: ¿es posible regular a una industria mientras se le integra como «socio» en la implementación de la política pública?
Desde un punto de vista jurídico y administrativo, la relación Sheinbaum-Coca-Cola se sostiene sobre tres pilares de acero:
Primero: El Factor Inversión: El compromiso de 6,000 millones de dólares anunciado en febrero de 2026 actúa como un amortiguador político. En la lógica macroeconómica, México no puede permitirse alienar a su mayor empleador privado en un año de volatilidad hídrica y reformas estructurales.
Segundo: La Ingeniería Fiscal (IEPS): El aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a 3.08 pesos por litro para bebidas azucaradas es el «mazo» regulatorio. Sin embargo, la ley introdujo una ventana de salida: una tasa reducida de 1.50 pesos para productos light o zero, obligando a la empresa a reformular el 30% de sus calorías para finales de 2026.
Tercero: La Soberanía Hídrica: La recuperación de 4,400 millones de metros cúbicos de agua a través de la Conagua es una señal de fuerza. El gobierno ha dejado claro que las 28 plantas embotelladoras de Coca-Cola FEMSA están bajo inspección constante en zonas de alto estrés hídrico, prohibiendo la «venta de agua entre privados» que imperó en sexenios anteriores.
El análisis de fondo sugiere que la administración de Claudia Sheinbaum está intentando un equilibrismo sin precedentes: exprimir fiscalmente a la industria y restringir su acceso a las escuelas, mientras mantiene una alianza logística para el Mundial de 2026.
Sin embargo, el riesgo de «captura regulatoria» denunciado por López-Gatell permanece latente. La «puerta giratoria» que llevó a personajes como el ex gerente regional de Coca Cola, Vicente Fox, a la Presidencia de la República y, en sentido contrario, Roberto Campa Cifrián de la Secretaría de Gobernación a la dirección corporativa de FEMSA, sigue siendo un canal de influencia activo. El evento del 3 de marzo no fue una sorpresa, sino el síntoma de una administración que, a pesar de sus proclamas de soberanía, sigue negociando la salud de sus infancias en el mismo estrado donde se celebran las inversiones y la publicidad corporativa. La historia juzgará si las básculas donadas por la industria pesaron más que los principios de salud colectiva que la propia mandataria juró proteger. Por lo pronto, en esa Mañanera del Pueblo, Coca Cola destapó, como dice su eslogan y, entre comillas, la felicidad futbolera.
