A la altura del kilómetro 19 de la carretera Corregidora-Huimilpan, el paisaje libra una silenciosa disputa a nueve entradas. De un lado, hileras de lechuga corren verdes hasta perderse en la arboleda. Del otro, la promesa de un residencial de lujo y un solitario estadio de béisbol, cuyos palcos vacíos no tienen más espectáculo que contemplar la cosecha; publica MILENIO.
El predio conocido como El Salto, municipio de Huimilpan, propiedad de los hermanos Pamela, Julián y Agustín Urquiza, resiste desde 2023 el embate de lo que califican como la arremetida de un Cártel Inmobiliario, y del desarrollo de Valle Cardenal, un proyecto residencial contiguo, cuyo fideicomiso está a nombre del exgobernador Francisco Domínguez.
El caso es apenas la pieza más visible de un mapa de las irregularidades con las que opera el andamiaje político-empresarial en los municipios de El Marqués, Colón y la propia capital queretana, donde el crecimiento urbano desmedido ha avanzado a costa de la venta de megadesarrollos sobre predios ejidales, acompañado de estafas a particulares que pagan millones por una casa que no ha sido construida.
“Resulta que el papá de Pancho tenía una granjita (sic) de cinco hectáreas que colinda con este rancho. En repetidas ocasiones él se acercó con mi hermano a decirle —directamente o a través de terceros— que quería comprar el rancho, y mi hermano siempre le dijo que no, que no estaba en venta. Nosotros sin saber del proyecto que tenía Pancho de hacer su estadio de béisbol y convertir su rancho en un proyecto residencial”, dice Julián Urquiza a MILENIO.
Estilo de vida cambió por amenidades
La ambición territorial por consolidar el desarrollo Valle Cardenal, —un proyecto de viviendas con albercas, campos de golf y el estadio Finsus de los Conspiradores como atractivo principal— chocó de frente con la negativa de venta de un predio estratégico por contar con una concesión de agua; esto fue lo que detonó un engranaje de presión legal y penal.
«Nos estamos peleando contra el Estado», sostiene Julián. «La persona que estaba proponiendo este fideicomiso es un exgobernador. Aunque ya no está en el cargo, él sigue manipulando a fiscales, jueces y policías».
Apenas en agosto, luego de hacerse público el caso en un video de redes, el exmandatario publicó su respuesta oficial:
«El Salto forma parte de un conflicto patrimonial familiar del que yo no soy parte, del que nunca me apropié ni tuve posesión. Mi participación es otra, legal y debidamente documentada».
Sin embargo, para la defensa, el caso sigue trabado en el Poder Judicial y no se han desestimado los casos contra los hermanos Urquiza, quienes viven amparados y amenazados a ser encarcelados por pasarse una multa de tránsito.
Rodrigo Madero, abogado de la familia Urquiza, advierte: «Lo que tiene que pasar es que exista independencia judicial. Suena hasta absurdo decirlo así, pero en el momento en que los jueces decidan actuar con autonomía respecto al poder político del Estado, la Fiscalía se dará cuenta de que tiene que dejar de intentar hacer de un asunto familiar una causa penal».
Cártel inmobiliario cruza municipios
El engranaje político-empresarial muestra nombres que se repiten entre fideicomisos y empresas desarrolladoras. En las investigaciones en torno al fideicomiso MFG —diseñado para la absorción de hectáreas en la zona de La Haciendita y El Salto— emerge la figura de José Luis Yáñez Piña, conocido en el ámbito local por haber sido contratista recurrente de servicios de jardinería para diversas administraciones gubernamentales.
Claudia Manilla, vocera y víctima de defraudación en el desarrollo El Encino, denunció la recurrencia del esquema:
«Yáñez Piña extrañamente aparece en el fideicomiso en el que está Pancho Domínguez. Es representante legal tanto de El Encino como de El Roble, proyectos que han defraudado a muchísimas personas», acusó ante medios de comunicación durante una marcha de personas defraudadas que se manifestaron en el centro de Querétaro.
Unas 50 personas más marcharon hacia la Plaza de Armas llevando consigo expedientes, contratos incumplidos y recibos de depósitos por viviendas que solo existen en maquetas digitalizadas por Yañez Piña y decenas más de prestanombres y empresarios inmobiliarios.
Los testimonios recopilados exponen la magnitud del daño patrimonial. De acuerdo con estimaciones del Clúster de Innovación Inmobiliaria del Bajío (CIIB), hasta 2025 se tenían identificados a cerca de 15 mil afectados, con casi 500 carpetas de investigación abiertas ante las autoridades.
A la marcha se presentaron inversionistas y familias que entregaron sus ahorros a firmas como Constructora BETA, en zonas como Juriquilla o El Nuevo Refugio, narran desfalcos que van desde los 600 mil hasta más de un millón 200 mil pesos por inmuebles sin permisos de construcción ni certeza jurídica. Los desarrolladores, señalan, han dejado de dar la cara.
La historia se repite en otros puntos de la entidad. Arturo Varela, representante de otro grupo de 60 compradores afectados, calcula que tan solo en su caso se comercializaron más de 200 lotes irregulares bajo la promesa de entregas entre 2023 y 2024:
«Es fecha que solo se levantaron muros, no hay más allá. Nos daban promesas de entrega, pero no se entregó ningún lote».
Mientras los tribunales deciden la suerte de las demandas penales como la que existe contra los Urquiza, cientos de compradores en Querétaro continúan esperando que la ley alcance a quienes convirtieron el suelo en un negocio.
Imagen portada: Especial / MILENIO
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