El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras no marcó un “happy ending” de su drama judicial: sólo cambió el escenario. El exmandatario, que gobernó su país entre 2014 y 2022, salió de una prisión federal estadunidense después de recibir en diciembre de 2025 un indulto del presidente Donald Trump, en medio del cumplimiento de una condena de 45 años de prisión por haber sido encontrado culpable de tráfico de drogas; publica MILENIO.
Su indulto —apoyado por el consultor conservador Roger Stone, un viejo aliado de Trump— coronó una campaña orquestada por Hernández desde prisión, que incluyó una carta proclamando su inocencia y elogiando al mandatario estadunidense. Fue perdonado justo antes de las elecciones hondureñas a la presidencia de 2025, mientras Trump respaldaba públicamente a Nasry Tito Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, el mismo que lideró Hernández.
De la extradición por Biden al indulto de Trump
Su caso en Estados Unidos arreció con la revocación de su visa por parte del Departamento de Estado en julio de 2021, bajo la presidencia de Joe Biden y debido a señalamientos relacionados con corrupción y narcotráfico. Sin embargo, la decisión no se hizo pública sino hasta el 7 de febrero de 2022, menos de dos semanas después de que la izquierdista Xiomara Castro asumiera la presidencia de Honduras.
El 14 de febrero de 2022, agentes de la Policía Nacional de Honduras —con el apoyo de una investigación de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés)— rodearon su residencia en Tegucigalpa, luego de que Washington solicitara formalmente su extradición por cargos vinculados al tráfico de drogas. Hernández aceptó entregarse a las autoridades y fue extraditado a Estados Unidos.
En 2024, fue declarado culpable de tres cargos de narcotráfico y conspiración para utilizar armas. Ese 26 de junio fue encontrado culpable. El 1 de diciembre de 2025 recuperó su libertad después de recibir un indulto formal de Trump, bajo el argumento de que Biden lo había perseguido por ser líder de otro país.
El perdón “total e incondicional” por los delitos federales de tráfico de drogas fue firmado por Trump, paradójicamente, en medio de los preparativos de la operación Determinación Absoluta contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, señalado por Washington de acusaciones similares.
¿Cómo transcurrió su caso en Honduras?
Pero los tentáculos del indulto de Trump no alcanzaron a los procesos judiciales preexistentes contra él en Tegucigalpa, donde Hernández enfrenta el peso de la justicia con una acusación por fraude y lavado de activos vinculada al financiamiento de su campaña presidencial de 2013.
Hernández, de 58 años, fue extraditado en abril de 2022 y, tras un juicio de tres semanas en la corte federal en Manhattan, donde también fue procesado su hermano Tony, un jurado lo declaró culpable en marzo de 2024 bajo la administración de Joe Biden.
La fiscalía federal en Nueva York lo acusó de usar cargos públicos, incluida la presidencia, para proteger una estructura que introdujo más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, de recibir millones de dólares de narcotraficantes, en especial del Cártel de Sinaloa y ordenar el despliegue de miembros de las fuerzas de seguridad para proteger cargamentos de drogas.
En junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de ocho millones de dólares.
Caso Pandora II
En Honduras, el Ministerio Público acusa al exmandatario en el denominado caso Pandora II por un presunto esquema de desvío de aproximadamente 288 millones de lempiras —más de 181 millones de pesos— de fondos públicos entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Congreso Nacional.
Pandora II empezó formalmente el 11 de octubre de 2023, cuando la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción de Honduras (Uferco) presentó ante la Corte Suprema de Justicia el requerimiento fiscal contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa.
Se le llamó “Pandora II” porque era una extensión del caso Pandora original, que había sido judicializado el 13 de junio de 2018.
Según la acusación, los fondos canalizados mediante las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista fue destinado a actividades políticas, y unos 62 millones de lempiras, cerca de 39 millones de pesos, beneficiaron directamente su campaña de 2013. Hernández rechaza los cargos y sostiene que es víctima de “persecución política”.
Los próximos eventos ante la justicia hondureña
La causa está todavía en una fase decisiva de la audiencia inicial, en la que el juez debe determinar si existen indicios suficientes para dictar un auto de formal procesamiento y permitir que el expediente avance.
El 3 de agosto, el tribunal rechazó la petición del fiscal de encarcelar preventivamente al exmandatario y le permitió enfrentar el proceso en libertad, aunque con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de Honduras.
La fiscalía hondureña presentó 48 medios de prueba y la Procuraduría General de la República agregó uno más.
La defensa respondió este 18 de agosto con 36 medios probatorios, además de pedir la nulidad de la investigación y buscar el sobreseimiento definitivo.
A solicitud del Ministerio Público, el juzgado aplazó la continuación de la audiencia hasta el 24 de agosto, para estudiar esos elementos.
Así, Hernández vive una paradoja jurídica: el expediente que lo llevó a una condena en Nueva York quedó sin efecto procesal tras el indulto del presidente Trump, pero en su país natal aún no se escribe el último capítulo de su proceso judicial.
El perdón concedido por Trump se refiere a delitos contra Estados Unidos y no elimina una acusación formulada por fiscales hondureños bajo la legislación del país centroamericano. La próxima decisión en Tegucigalpa será crucial: el juez deberá resolver si Pandora II se archiva o si el expresidente queda formalmente procesado y el caso avanza hacia nuevas etapas de un juicio penal.
Imagen portada: MILENIO
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