La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas de Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector del Instituto Nacional Electoral (INE), —información constatada por MILENIO— por supuestas irregularidades en la realización de contrataciones.
El exfuncionario ocupó ese cargo durante la presidencia de Lorenzo Córdova. Su identidad fue difundida en reportes periodísticos, aunque la UIF no lo mencionó por nombre en el comunicado en el que informó sobre el bloqueo.
De acuerdo con la dependencia, Cuervo Escalona habría participado en un esquema de contratación con empresas proveedoras de materiales y servicios electorales, mediante posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos; informa MILENIO.
La UIF señaló que el exdirectivo también mantenía vínculos comerciales con compañías del sector electoral, en algunas de las cuales habría fungido como apoderado legal.
“Como parte del análisis financiero, la UIF identificó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que constituyen elementos relevantes para el seguimiento de posibles irregularidades financieras asociadas con dicho esquema”, indicó la dependencia.
¿Qué restricciones enfrenta el exfuncionario?
La SHCP precisó también que el exdirectivo permanece inscrito en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), por lo que continúa sujeto a la suspensión de operaciones y servicios financieros.
“Se precisa que el exfuncionario permanece incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), por lo que continúa sujeto a las restricciones previstas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones aplicables, que contemplan la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros”, detalló.
La autoridad explicó que esta disposición busca impedir que las personas incluidas en dicha lista realicen movimientos financieros mientras permanecen sujetas a las restricciones correspondientes.
Bloqueo no implica responsabilidad definitiva
La dependencia aclaró que la incorporación a la lista constituye una medida administrativa de carácter preventivo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
“La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”, puntualizó.
De igual forma, indicó que las personas incluidas en este mecanismo cuentan con recursos legales de defensa y garantía de audiencia, conforme a la legislación aplicable.
La UIF reiteró que continuará con las acciones de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como con la identificación de esquemas financieros que pudieran afectar la integridad del sistema financiero nacional.
Hasta el momento, la autoridad no dio a conocer la identidad del exfuncionario, los nombres de las empresas involucradas ni los montos de las operaciones bajo análisis.
Imagen portada: Javier Ríos
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