Ruth Ávila Soriano, conocida como La Baby Ruth y dueña de un spa de masajes en Puerto Vallarta, ofreció a un policía encubierto los servicios sexuales de adolescentes y jóvenes por entre 600 y mil dólares la hora, según su edad. Ella misma, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), presumía que para desarrollar ese servicio contaba con la protección de cárteles criminales.
Fue detenida el 29 de julio de 2024 con 14 víctimas de explotación sexual en una casa de la colonia Díaz Ordaz, en ese puerto jalisciense. A pesar de esa flagrancia y de la gravedad de los delitos de los que se le acusa, hoy busca salir de prisión y se opone a la prisión preventiva oficiosa, medida que determina que un juez pueda mantener presa a una persona mientras dura su proceso legal; informa MILENIO.
Ese asunto está detenido hasta que la Suprema Corte resuelva si esa prisión automática es compatible con los tratados internacionales.
Una resolución de un tribunal federal, fechada el 15 de julio de 2026 y a la que tuvo acceso MILENIO, describe con detalle cómo habría funcionado la red que la FGR –la cual operó a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra)– le atribuye.
Todo empezó un domingo, 28 de julio, a mediodía, en una palapa de dos niveles de la Zona Romántica en Puerto Vallarta. Un hombre entró presentándose como cliente. Era un agente de la FGR infiltrado. En la puerta lo recibió una joven que dijo ser hija de la dueña, y avisó que su mamá ya lo esperaba en el interior del establecimiento. Al fondo, en una mesa larga con mantel azul y botellas de cerveza, había una decena de jóvenes sentadas junto a cuatro hombres que solo hablaban inglés.
La mujer invitó a sentarse al recién llegado y le aconsejó que fuera eligiendo antes de que se las ‘ganaran’. Le recomendó a dos chicas en particular, y añadió que habría “una fiesta especial” el día siguiente en una casa de lujo con alberca; se dispondría de alcohol, drogas y una hora de sexo con la joven que escogiera, a un precio que aumentaba mientras más joven fuera la víctima de trata.
El agente puso a prueba la oferta. Manifestó que deseaba acudir, pero que necesitaba un descuento porque no tenía tanto dinero como los otros clientes. La dueña del lugar le contestó que le había caído muy bien y le informó que uno de los hombres que estaba ya en ese lugar, contento, había pagado toda la cuenta. Pero eso sí: no le proporcionó la dirección, por seguridad. Pasaría por él a las 11:45 de la mañana siguiente, en una esquina determinada.
The Best Massage Spa
Desde afuera, el local parecía un spa: letras doradas en cursiva sobre un letrero oscuro, una fachada de cristal justo en el centro de Puerto Vallarta.
Durante los meses que duró la investigación, los agentes vieron cómo mujeres con uniforme guinda repartían volantes en la calle.
Detrás de cada uno de esos papeles, escrito con pluma, había un apodo y un teléfono. Un cliente habitual le dijo al agente que el masaje tenía “final feliz” y que ahí mismo se ofrecían más servicios. A mediados de julio de ese año, dos extranjeros contaron a los investigadores encubiertos que la dueña les ofreció servicios con menores de edad y que, incómodos, se fueron del lugar.
A las jóvenes las reclutaban donde fuera: en un antro, a través de Instagram o incluso en alguna comida dominical. Algunas recibieron la invitación por WhatsApp, con la dirección del spa y, a veces, un viaje pagado en una aplicación de transporte.
A una adolescente le ofrecieron un empleo en el negocio a través de Messenger de Facebook. Otra joven contó a los investigadores que, ya dentro del spa, una mujer les enseñó qué edad debían decir que tenían y les pidió aparentar que eran menores.
Unos días antes de la detención de La Baby Ruth, el 25 de junio, una mujer había llamado de forma anónima a la FGR. Dijo que en el centro de Puerto Vallarta había encontrado a una niña descalza, llorando, que huía de dos hombres y aseguraba estar retenida con otras. La denunciante contó que antes había acudido a la policía municipal, donde le pidieron sus datos y su ubicación, y que por eso desconfió.
El órgano de la FGR especializado en estos crímenes abrió una carpeta, identificó a la dueña por su licencia de conducir y, el 27 de julio, autorizó una operación encubierta.
Engañaron a las jóvenes
El 29 de julio, desde las 10:30 de la mañana, las camionetas de Baby Ruth empezaron a recoger a las jóvenes. Varias habían sido invitadas a una pool party –fiesta en una piscina– por conocidas de la hija de la dueña. Todas pasaron primero por el spa, donde les pidieron los celulares para que ninguna tomara fotos.
A una le dijeron que la fiesta duraría cuatro horas y que no repartiera su número entre los hombres presentes. A otra, cuando preguntó si tendría que platicar con alguien, le explicaron que era para tener relaciones sexuales. Una más llevó a una vecina menor de edad y después contó que nadie le avisó que habría hombres, porque de haberlo sabido no habría ido ni la hubiera invitado.
Las trasladaron en varios viajes, hasta completar 14. La casa era grande, blanca y registrada por los investigadores como un inmueble vacacional, con un portón a control remoto. El agente encubierto llegó antes, en una camioneta que mandó la dueña, y esperó en la sala. Sobre la mesa había botellas, cigarros de mariguana, pastillas en bolsitas rosas y cajas de condones. Los demás hombres llegaron con bolsas de botanas.
Una de las jóvenes, al ver el panorama, se sentó en las escaleras, con las manos sudorosas: quería irse, pero no sabía cómo. La hija de la dueña le respondió: “Ni modo, ya estás aquí”. Otra contó que la dueña le pidió prestada su mochila para cargar botellas, pero que, al revisarla después, encontró dentro muchos condones que no eran suyos.
A las 13:25, el agente notó a dos jóvenes muy asustadas, con las manos apretadas y la vista baja. Según su informe, una de las organizadoras golpeó a una en la cabeza y le dijo que se comportara. Ruth Ávila Soriano le explicó que el servicio incluía sexo por una hora o lo que aguantara y que, si las jóvenes se lo ganaban, podía darles propina.
A las 13:44, el policía infiltrado avisó a sus compañeros que era momento de ingresar. A las 14:15 detuvieron a Ávila Soriano y a su hija adolescente, hallando junto a la alberca a 14 mujeres que parecían menores y quienes aseguraron que habían sido invitadas a una fiesta. Una se acercó a los policías, dio su nombre y les aseguró que era menor de edad.
Seis horas después, el spa seguía abierto
Los policías llevaron a las detenidas y a las jóvenes en un traslado de seis horas hasta las oficinas de la FGR. Las revisiones médicas de las 14 terminaron a las 5:00 de la mañana. Mientras, las madres las buscaban. Una llamó al celular de su hija y alguien contestó sin decir palabra, primero por media hora y luego por 18 minutos. La rastreó con una aplicación de localización hasta el spa, donde dos mujeres le dijeron que solo era un lugar de masajes.
Llegaron dos patrullas y el dueño del inmueble, que según la madre le rentaba a la acusada, las dejó pasar a la casa, pero no al spa. No encontraron a nadie.
Hacia las 20:00 horas, otra madre marcó el celular de su hija. Le contestó una mujer que dijo que sus hijas habían ido a hacer limpieza a la casa de la fiesta, que la situación se había complicado y que una familiar abogada iba camino a la Fiscalía.
Los teléfonos de las jóvenes seguían en el spa. Al menos una de las madres supo por Facebook y por conocidos dónde estaba su hija. Todo consta en entrevistas recabadas por la FGR.
Según la declaración del agente encubierto, la Baby Ruth también le aseguró que estaba protegida por cárteles, así que no habría problemas. En su Facebook, los investigadores ubicaron una foto suya con un arma larga frente a las instalaciones de una fiscalía estatal. La denuncia anónima aseguraba que, incluso, “algunos funcionarios son clientes”.
Un estado atravesado por la trata
En 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco calificó la trata como el “foco rojo” de Puerto Vallarta. Pero hoy el mapa es más amplio.
Durante el Mundial, con Guadalajara como sede, las llamadas y chats a la línea nacional contra la trata aumentaron 60 por ciento y Jalisco pasó del cuarto al segundo lugar en reportes, según el sexto informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
El mismo documento señala que la explotación sexual fue la modalidad principal, con 56 por ciento de los casos, que cuatro de cada 10 víctimas adultas fueron captadas con falsas ofertas de empleo y que bares, antros y centros nocturnos fueron los sitios más frecuentes de estos delitos.
En julio, la Fiscalía de Jalisco cateó tres fincas en el barrio de la Ex Penal de Oblatos, en Guadalajara, tras una denuncia anónima donde se logró rescatar a una mujer y detener a cuatro personas. En 2025 fueron rescatadas en Tonalá otras 18 posibles víctimas, cuatro de ellas menores, en su mayoría colombianas y venezolanas, quienes eran obligadas a vender boletos de rifas.
Hoy la causa penal de la Baby Ruth –la 714/2024– sigue en el Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco. La jueza de control vinculó a proceso a Ávila Soriano el 1 de agosto de 2024, le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó cuatro meses de investigación complementaria.
Su defensa tocó entonces la puerta de los tribunales federales con tres reclamos: contra su detención, contra su vinculación y contra esa prisión automática.
Perdió los dos primeros. Un juez de distrito le negó el amparo en marzo de 2025, y el 15 de julio de 2026 un tribunal colegiado confirmó que su detención en flagrancia y su vinculación fueron legales.
El tribunal consideró la diferencia de horas un detalle accesorio. El tercer reclamo quedó en pausa hasta que la Suprema Corte decida si la prisión preventiva oficiosa es compatible con los tratados internacionales, como ordenó en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso conocido como García Rodríguez y otro contra México, en el cual a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz se les impuso indebidamente prisión preventiva por más de 17 años.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, dijo el 30 de septiembre que el tema tardará meses en llegar al Pleno. El 17 de agosto, el tribunal que lleva el caso reservó decidir el destino final del asunto.
Con todo, aun si la SCJN declara inconvencional esa medida, la acusada no saldría libre de manera automática, sino que un juez tendría que decidir si la mantiene en prisión por razones propias del caso.
Imagen portada: Archivo
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