El cruce de 42 fusiles que destapó el operativo “Rápido y Furioso

Un perro de la aduana de Naco, Sonora, encontró 42 armas en una camioneta que cruzaba desde Arizona. El decomiso destapó una operación estadounidense. Quién permitió su entrada sigue siendo una incógnita.
AguaQuemada

noviembre 22, 2026

Naco es el cruce más pequeño de los seis que Sonora tiene a lo largo de la frontera con Arizona. Fue construida en 1897 para unir dos minas de cobre que quedaron, una a cada lado, en la línea que separa a México de Estados Unidos. De horario corto y tráfico mínimo, era una garita donde se esperaba que no pasara nada. Hasta aquella mañana, del 20 de noviembre de 2009, que la rutina cambió; publica MILENIO.

Eran las nueve y media cuando una camioneta Chevrolet Tahoe, de Arizona, entró en la pequeña garita. Se formó en uno de los carriles de Naco, cuando la joven verificadora de mercancías, Karina Gallegos, le marcó el alto. La verdad es que era una revisión aleatoria, nada parecía sospechoso.

Verónica Álvarez Toscano tenía veintiún años y en el asiento del copiloto venía acompañada de su hermanito pequeño. Fue conducida al área de revisión secundaria, que era en realidad un carril aledaño con una oficinita donde, junto con el perrito Sombra, los agentes aduanales se aseguraban de que no cruzaran drogas.
Pero aquella mañana Sombra reaccionó cuando abrieron la cajuela de la camioneta y lo acercaron a un par de maletas. Una era azul y la otra negra. Cuando Verónica apenas iba a explicar lo que traía adentro, los agentes ya habían abierto las maletas donde saltó un arsenal de armas largas. Verónica fue rodeada y bajada del vehículo. En el asiento de atrás había un estuche con otra arma y cartuchos. Su Tahoe familiar venía cargado de armamento que se usa en las guerras en Medio Oriente.

Ese día Karina Gallegos escribiría el parte L.I 04/09 con la lista de armamento, quedaría para la historia como el documento más viejo de un expediente que hoy contiene cincuenta tomos de pruebas y que originaría uno de los conflictos diplomáticos más graves en la historia reciente entre México y Estados Unidos.

Se pasó la lista: lo que el perrito Sombra encontró fueron 41 fusiles AK-47 del calibre 7.62×39 y un fusil del calibre .50 pulgadas, del tamaño que se usa para perforar blindaje; 41 cargadores para los AK, dos para el .50, 168 cartuchos del calibre grande, tres bayonetas, una mira telescópica y un bípode, un soporte de armas.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO que reconstruye con detalles inéditos cómo se descubrió el operativo secreto Rápido y Furioso. Entre el otoño de 2009 y enero de 2011, la agencia estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF por sus siglas en inglés, dejó pasar a México más de dos mil armas compradas por prestanombres en armerías de Arizona. Quería seguirlas hasta los jefes del cártel de Sinaloa. Las perdió. Aparecieron después en escenas de crimen de los dos países. Resoluciones judiciales de este caso revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Las 42 armas no fueron consideradas “clandestinas”

De Estados Unidos a México, el tráfico de armas se consolida como la materia prima de la violencia. (Foto: Archivo)


Un día después del decomiso, el perito oficial Fernando Vidal tuvo las 42 armas enfrente. Midió con un vernier, la regla de precisión con la que se calculan milímetros, la recámara de cada arma, el hueco donde entra el cartucho. Metió uno en cada recámara para confirmar que embonaba. Revisó con precisión forense pieza por pieza y concluyó en un reporte que las 42 estaban en condiciones de ser disparadas.

Pero él no las disparó: anotó la razón en su dictamen, que en todo Agua Prieta –un municipio de apenas 90 mil habitantes y 34 kilómetros cuadrados– no había un lugar con las condiciones de seguridad mínimas para disparar un cuerno de chivo.

Algo de lo que no se habla podría aportar pistas de la ruta que siguieron las primeras armas de Rápido y Furioso: casi todas eran rumanas. La fabricante era la ROMARM, la fábrica estatal de armas de Rumania. Draco y WASR-10/63 son dos de sus modelos de la famosísima AK-47 –históricamente el arma favorita de los narcos mexicanos– que se vendían legalmente en las armerías de Estados Unidos. Una sola arma de las 42 trae la leyenda AUSA y era de fabricación estadounidense.


En los reportes no quedó asentado quien hizo la llamada pero, el 20 de noviembre, alguien de Naco avisó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la SIEDO, que en la garita habían asegurado varios cuernos de chivo, como llaman en el mundo del hampa a las AK. Cuatro días más tarde, Aurora Ramírez, del Ministerio Público, abrió una investigación por delincuencia organizada y tráfico de armas, la hoy histórica 149/2009. Ahí puede leerse que la conductora se llamaba Verónica Álvarez Toscano, era estadounidense, nacida en DeLand, un pueblo del centro de Florida. Su hermanito era un niño así que fue la fachada perfecta para ingresar las armas a México. Nadie sospecharía de una joven madre.

El 21 de noviembre de 2009, frente al Ministerio Público, Verónica no quiso declarar ni responder ninguna pregunta. El niño hizo exactamente lo mismo, como si estuviera coucheado para aquel momento. Ese día la fiscalía la acusó formalmente de cuatro delitos: tener armas del Ejército, meterlas al país de manera clandestina, acopio y traer cartuchos de uso militar. El 22 de noviembre el Juzgado Noveno de Distrito abrió su causa penal, la 284/2009.

El 27 de noviembre un juez le quitó el delito de meter armas al país y lo cambió por el de portarlas. Eso marcaría el resto del Operativo Rápido y Furioso. Hoy se sabe que todo se conjugó en contra de la investigación. La razón venía de un criterio de la Suprema Corte: para que la introducción de armas fuera clandestina, tenía que venir escondidas de un modo que no se vieran a simple vista, en un compartimento oculto, en un doble fondo, en algo que obligue a buscar. Las de Verónica iban en dos maletas, en la cajuela, al alcance de cualquier verificador que abriera la puerta. Para la ley eso no era clandestino.

Miles de armas son contrabandeadas de EU a México por distintas rutas. (Foto: Archivo)


El juez la dejó presa por la portación y por los cartuchos, y la eximió de los otros dos cargos. El 26 de octubre de 2010 la sentenciaron a seis años, nueve meses y dieciséis días de cárcel, más una multa de apenas 8 mil 932 pesos con 40 centavos. Hasta el día de hoy se desconoce si fue asesorada como ciudadana estadounidense por algún funcionario del gobierno de Estados Unidos.

Ella y la fiscalía apelaron. El 26 de julio de 2011 un tribunal le bajó la pena a cuatro años y seis meses, con una multa de 6 mil 576 pesos. El 23 de agosto de 2012 le dieron la libertad anticipada y salió del penal de Agua Prieta. El último rastro de Verónica en el expediente es del 11 de junio de 2014, cuando la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad avisó que la vigilancia sobre ella se había terminado. Tenía entonces veintiséis años.

Cuando el Operativo Rápido y Furioso se hizo público en 2011, las autoridades mexicanas armaron una carpeta de investigación sobre el operativo, aun así no hay registros de que volvieran a interrogarla ni profundizaran en el caso. Resulta extraño, dado el conflicto internacional que se desató. Durante cuatro años, entre la sentencia y el fin de su vigilancia, Verónica estuvo al alcance de cualquier Ministerio Público que quisiera tomarle una declaración.

Agentes al interior de la ATF criticaron el operativo estadounidense


Para entender el origen de las armas que cruzó Veronica hay que retroceder tres semanas antes, del otro lado de la línea. El 31 de octubre de 2009, un grupo recién incorporado a la oficina de la ATF en Phoenix abrió una investigación en contra de cinco compradores de armas. Se llamaba Grupo VII. Al caso le pusieron el apellido de uno de los compradores. Con el tiempo se llamaría Rápido y Furioso.

Las traducciones periciales que obran en el expediente mexicano, que revisamos, cuentan cómo fueron adquiridas las armas de Naco: compradas en una sola armería de Arizona, en veinticuatro horas, por un prestanombres que arregló su transporte hasta la frontera para entregarlas al Cártel de Sinaloa. Era evidente que esta compra saltaría las alertas, y así fue, pero los autoridades estadounidenses dejaron que fueran adquiridas. Todo era parte de un plan para rastrearlas hasta su llegada a México y dar con los compradores.

Hoy se sabe que hubo agentes al interior de la ATF que criticaron desde el principio la forma en que se llevaba el operativo, porque no los dejaban acercarse a los compradores ni quitarles las armas. Años después, cuando el inspector general del Departamento de Justicia los entrevistó para su investigación, uno contó que su frustración empezó a las pocas semanas de haber llegado.


Otro dijo que era evidente que la ATF estuviera dejando salir las armas, porque había pruebas suficientes para intervenir, y hacia mayo de 2010 se salió del caso: pidió que ya no lo asignaran a esa operación. Varios compartían la misma crítica pero nunca la pusieron por escrito ante sus jefes. El informe llama “disfuncional” al ambiente de ese grupo mientras se desarrollaba el operativo.

Según Darren D. Gil, el agregado de la ATF en México, supo que había una investigación corriendo pero nunca sus detalles. No conoció ni el nombre de la operación hasta enero de 2011. Sus propios superiores le ocultaron la estrategia por miedo a que se lo contara a los mexicanos y el caso se arruinara. Según el informe del Congreso, los jefes de la ATF y del Departamento de Justicia mantuvieron a su personal en México y a los funcionarios del gobierno mexicano en «una total oscuridad». La operación se cerró en enero de 2011.

El pliego de 715 páginas de la SIEDO

Genaro García Luna, director de la Policía Federal durante la conferencia de prensa. (Foto: Archivo)


El expediente de la SIEDO tardó once años en convertirse en una acusación formal. En las primeras líneas del pliego, la fiscalía afirma que el Cártel de Sinaloa pudo haber recibido una gran cantidad de armas de la operación, y que el 20 de noviembre de 2009 entraron a México 37 de ellas, las que le aseguraron a Verónica. Treinta y siete en el pliego. Cuarenta y dos en el parte de la aduana, en los dos peritajes de balística y en el informe del Congreso. La fiscalía nunca cuadró sus propios números.

Durante el tiempo que duró la operación, dice el pliego, las autoridades mexicanas que por su cargo estaban obligadas a impedir que entraran armas ilegales no lo hicieron, y así permitieron el ingreso de más de dos mil armas. Con eso, la FGR pidió en enero de 2022, ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, órdenes de aprehensión contra siete personas. Ni Felipe Calderon ni Enrique Peña Nieto lo hicieron. A una se la acusó de delincuencia organizada para traficar armas. A las otras seis les aplicó el artículo 84 que castiga al servidor público por no cumplir con su deber e impedir que entren armas al país.

Las seis personas vienen identificadas por el cargo y por las fechas exactas de su gestión, desde luego con los nombres tachados en la versión pública.

Los tres primeros corresponden a funcionarios que ya han sido nombrados en este caso: el secretario de Seguridad Pública federal (diciembre de 2006 a noviembre de 2012), Genaro García Luna; el comisionado de la Policía Federal (junio de 2009 a febrero de 2012), Facundo Rosas Rosas; y el coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito (julio de 2008 a febrero de 2010, cuando pasó a dirigir la División de Seguridad Regional), Luis Cárdenas Palomino.

Los otros tres son cargos de aduanas que no aparecieron en ninguna de las coberturas de enero de 2022 sobre estas órdenes: el administrador central de Operaciones Aduaneras (1 de febrero de 2009 al 15 de septiembre de 2011); el coordinador de Aduanas Fronterizas (1 de marzo (2009 al 15 de julio de 2010); el coordinador de Aduanas Fronterizas (16 de julio de 2010 al 31 de julio de 2013).

De esos tres, uno ya tiene nombre público. El 30 de septiembre de 2025 la FGR informó que un juez federal había dictado auto de formal prisión contra Ricardo Humberto Hernández Coronado, exfuncionario de la Central de Operación Aduanera, de las Aduanas del Norte, detenido días antes en Hermosillo, Sonora. La fiscalía sostiene que entre 2009 y 2010 permitió que entrara a México armamento militar procedente de Arizona. Su cargo y sus fechas coinciden con el primero de los tres puestos aduaneros del pliego.

Dos testigos y un vagón de armas usadas


El caso sigue abierto
y las únicas testigos del pliego son dos declaraciones rendidas el 7 de octubre de 2010. Las dos personas tienen clave confidencial y pertenecieron a la organización que recibía las armas, el Cártel de Sinaloa según la fiscalía.

El primero dijo que estuvo dentro de la organización de diciembre de 2009 al 2 de julio de 2010, y que el 25 de junio de ese año fue a un domicilio de Agua Prieta a recoger un cargamento. Se lo entregaron al día siguiente en otra casa de la misma ciudad. El hombre que se lo dio, identificado por dos apodos testados en el expediente, le contó que esperaba otro cargamento desde Estados Unidos y que allá tenían dos vagones de ferrocarril con material de guerra usado.

El segundo perteneció a la organización de enero al 2 de julio de 2010. Contó que una vez viajó de Nogales a Agua Prieta para cuidar un cargamento de armas y llevarlo a Imuris. Dijo que cuando llegaban armas a Nogales las metían en casas de seguridad, y que todas las que usaban venían de Estados Unidos y entraban por Agua Prieta. Los dos señalaron a gente del grupo criminal, a un policía municipal de Nogales y hasta a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Pero a ningún funcionario federal mexicano. El tribunal que leyó esas declaraciones en 2022 les encontró un hueco mayor. Ninguno de los dos dijo haber visto cruzar las armas que describía, y ninguno dio la fecha, la hora, la manera ni el punto exacto por donde pasaron. Esa imprecisión es una de las razones por las que la causa mexicana de Rápido y Furioso no ha podido avanzar.

Lo que la FGR usa para decir que México sí sabía


Toda la acusación parte de una idea: que los funcionarios mexicanos de entonces no podían ignorar que las armas estaban cruzando. El pliego la sostiene con tres documentos. Según la FGR era imposible que no supieran del operativo pues hubo una reunión en Phoenix con la ATF, del 22 al 26 de septiembre de 2009. México envió gente a esta reunión de la Sedena, la Semar, la Policía Federal, el SAT, el Cisen, Relaciones Exteriores y la PGR. Ahí les enseñaron a detectar compradores prestanombres y a usar e-Trace, el sistema con el que se rastrea un arma hasta el vendedor que la despachó.

El tercero es un correo del 31 de enero de 2011, escrito seis días después de que Estados Unidos anunciara en Arizona las acusaciones contra 34 personas donde una funcionaria de la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos envía a alguien en la Ciudad de México, cuyo nombre está tachado. Ahí se habla de cómo México había estado dentro de la operación. Lo escribió en los días en que el escándalo estallaba.

El resumen dice que el agente especial responsable de la ATF en Phoenix y la oficina de la ATF en la Ciudad de México invitaron a un representante de la SIEDO y a otro de la Secretaría de Seguridad Pública a observar y participar en el desmantelamiento de la red, que es el día en que cayeron los traficantes. Dice que la invitación salió de la cooperación que esos funcionarios ya tenían con la SIEDO y que era una oportunidad para ratificar su compromiso con el gobierno de México.

El 31 de enero de 2022, el Juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta mandó a proceso a Facundo Rosas Rosas, comisionado de la Policía Federal (2009 a 2012). Cinco meses y medio después, el 14 de julio de 2022, un tribunal revocó esa decisión y lo dejó libre de este caso.

Otro de los acusados, Luis Cárdenas Palomino, quien dirigió la Inteligencia de la Policía Federal y después la División de Seguridad Regional, pidió amparo el 1 de junio de 2025. Se lo negaron en septiembre. Lo volvió a intentar y el 26 de marzo de 2026, en Mexicali, se lo negaron otra vez.

Las 42 armas que exhibió el Operativo Rápido y Furioso se destruyeron a mediados de febrero de 2012. El comandante de la 45a Zona Militar, en Nogales, lo comunicó al juzgado por oficio y mandó el acta. Era el trámite normal: la Sedena resguarda las armas aseguradas y las destruye cuando el proceso termina, y el de Verónica había quedado firme siete meses antes. Diecisiete años después, las preguntas sobre quién permitió su entrada siguen sin respuesta.

Imagen portada: Archivo

https://www.milenio.com/policia/narcotrafico/operativo-rapido-furioso-trafico-armas-permitido-eu

Fuente:

// Con información de MILENIO

Vía / Autor

// Staff

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