La violencia en las escuelas de Coahuila acumula al menos 460 reportes por agresiones sexuales, riesgos cibernéticos y presencia de armas entre 2020 y 2025, según información oficial obtenida por MILENIO. Pese a los protocolos de prevención, docentes denuncian falta de respaldo de las instituciones encargadas de atender las alertas, una situación que volvió a quedar bajo escrutinio tras el asesinato de una subdirectora y las lesiones a otras cuatro personas en una secundaria de Torreón.
Las cifras de la Secretaría de Educación estatal, entregadas mediante solicitudes de información, documentan 364 reportes de violencia sexual, 54 relacionados con posesión, portación y uso de armas, además de 42 por riesgos cibernéticos durante ese periodo.
Los registros corresponden a las activaciones del Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en Escuelas de Educación Básica, implementado después del tiroteo ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón, el 10 de enero de 2020.
Sin embargo, profesores de primaria, secundaria y preparatoria sostienen que los mecanismos institucionales resultan insuficientes porque, además de atender las actividades académicas, deben intervenir en situaciones de violencia, consumo de drogas y problemas emocionales sin contar siempre con personal especializado ni seguimiento de otras dependencias; publica MILENIO.
El problema también alcanza a las autoridades. Mientras la Secretaría de Educación y la Policía Municipal de Torreón aseguran haber canalizado reportes a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), esta última institución respondió, mediante solicitudes de transparencia, que determinados casos relacionados con amenazas de tiroteos y operativos de revisión de mochilas no corresponden a sus atribuciones.
Las diferencias en las respuestas oficiales ponen bajo cuestionamiento la coordinación para atender las alertas escolares.
El caso más reciente que reabrió la discusión ocurrió el 1 de octubre de 2026, cuando dos exalumnos ingresaron armados a la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora Nedi Edith Nevárez González, además de lesionar a cuatro personas.
“Tenemos que rogar para que nos brinden apoyo”
Frida Ríos, profesora de secundaria, asegura que las escuelas enfrentan situaciones que van desde el ingreso de objetos prohibidos hasta problemas de adicciones y violencia entre estudiantes, sin que exista una respuesta institucional suficiente.
“Desafortunadamente tenemos muchas situaciones en las escuelas, desde asuntos de violencia, que entran objetos que no deberían estar en una escuela, hasta drogadicción, en que no se les da el seguimiento oportuno”, señaló.
La docente considera que los protocolos han perdido efectividad porque permiten documentar los riesgos, pero no garantizan una intervención que resuelva los problemas detectados.
Entre las instituciones que deberían participar en ese seguimiento mencionó a la Pronnif, a la que los maestros recurren cuando identifican situaciones que requieren atención especializada.
Sin embargo, denunció que conseguir ese respaldo puede convertirse en un proceso complicado.
“Es triste que se tenga que rogar para que nos brinden este tipo de apoyos e incluso tenemos que estar buscando en otras instituciones como Centros de Integración Juvenil para que nos manden a personas que tengan que hacer un servicio social para brindar atención a los alumnos”.
A la falta de personal especializado se suma, explicó, la carga administrativa que enfrentan los profesores.
Además de preparar clases, evaluar y atender grupos, deben llenar bitácoras, elaborar expedientes y documentar situaciones de riesgo. En algunos casos, también terminan asumiendo funciones de acompañamiento psicológico para las que no necesariamente están preparados.
La profesora señaló que incluso existe incertidumbre sobre los límites de la relación entre docentes y estudiantes, pues se les pide identificar problemas y brindar apoyo, pero al mismo tiempo mantener distancia para evitar interpretaciones equivocadas.
La consecuencia, sostuvo, es que las responsabilidades se acumulan dentro de las escuelas sin que otras instituciones necesariamente cumplan con la parte que les corresponde.
“Es trabajo más trabajo, llenar bitácoras y expedientes, ¿al final para qué? Uno está haciendo su parte, pero hay otras instituciones que no están haciendo la suya”, reclamó.
Maestros exigen recuperar autoridad y garantías de seguridad
Para Efraín Ramírez Salcedo, profesor de primaria en Torreón, la respuesta a la violencia escolar tampoco puede reducirse a colocar policías afuera de los planteles o revisar las mochilas de los alumnos.
El docente considera que los cambios en el sistema educativo han debilitado la autoridad de los profesores frente a los estudiantes y padres de familia, lo que, desde su perspectiva, complica la aplicación de medidas disciplinarias.
“No queremos un estado policial, porque no se puede poner una patrulla en cada escuela y eso es imposible. Lo que sí es que el maestro vuelva a recobrar su autoridad frente a la comunidad”, manifestó.
Ramírez Salcedo sostuvo que las garantías de seguridad deben alcanzar a toda la comunidad educativa, incluidos alumnos, profesores, directivos y trabajadores de los planteles.
“No nada más pedimos garantías para los maestros, sino para toda la comunidad escolar. En varias partes del país ha sucedido esto, aquí también, pero para qué esperar a que suceda para hacer algo”, cuestionó.
El profesor también dirigió sus críticas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al considerar insuficiente su respuesta al ataque contra la Secundaria General Número 13.
“El maestro está indefenso y el sindicato se limitó a emitir comunicados de que lo lamenta, ¿dónde está? Le apuestan a que este acto quede en el olvido y que nosotros perdamos esta indignación que debe ser permanente”, expresó.
La inconformidad de los docentes se manifestó el 5 de octubre, cuando profesores de Torreón salieron a protestar para exigir condiciones de seguridad y garantías para ejercer su trabajo.
Durante la movilización lanzaron una consigna: “¡Ni un maestro más!”
“Siempre somos carne de cañón”: profesores enfrentan grupos de hasta 60 alumnos
La preocupación no se limita a la educación básica.
Mayte Méndez, profesora de preparatoria, advierte que los docentes de educación media superior también enfrentan amenazas, sobrecarga de trabajo y la exigencia de detectar problemas de conducta o situaciones de riesgo entre cientos de estudiantes.
“Siempre somos carne de cañón, somos los que siempre mencionan cuando ocurre una tragedia y nos culpan por no haber notado las señales, pero nosotros tenemos un límite que está desdibujado desde la pandemia”, aseguró.
En su caso, imparte clases a seis grupos de entre 54 y 60 estudiantes cada uno, lo que representa una matrícula de entre 324 y 360 alumnos bajo su responsabilidad académica.
La cantidad de estudiantes, explicó, dificulta brindar atención individual y detectar oportunamente situaciones personales que podrían requerir intervención especializada.
“Cada vez tenemos más alumnos dentro de las aulas, yo tengo seis grupos de 54 a 60 alumnos por salón. Trato de darme cuenta cómo está cada alumno, pero a veces no me alcanza el tiempo”.
La profesora cuestionó que las capacitaciones sobre prevención de violencia puedan ser suficientes cuando no existen condiciones materiales para atender todos los riesgos.
“Por mucha capacitación que nos den, ¿qué vamos a poder hacer si nos enfrentamos a alumnos o personas externas armadas? Más que una profesión de alto riesgo, hablamos de una profesión de mucha vulnerabilidad”, señaló.
Méndez sostuvo que los docentes también enfrentan situaciones de hostigamiento, desprestigio y agresiones por parte de algunos integrantes de la comunidad escolar.
“La violencia está ahí latente y se va mostrando desde que esparcen rumores de nosotros como maestros, que nos hacen memes despectivos y que estamos expuestos a que padres enojados nos peguen, insulten y nos humillen frente a los alumnos”.
La maestra relató que incluso fue agredida por un padre de familia frente a sus estudiantes, experiencia que considera reflejo de la vulnerabilidad que enfrentan los profesores.
Aseguró que, además de las amenazas físicas, deben responder a exigencias administrativas, académicas y emocionales que rebasan sus funciones.
Educación y Policía reportan intervención de Pronnif; dependencia deslinda atribuciones
La revisión de documentos oficiales obtenidos por MILENIO también exhibe diferencias entre instituciones sobre la atención de riesgos escolares.
La Secretaría de Educación de Coahuila informó que los reportes relacionados con armas tuvieron seguimiento con apoyo de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia.
Sin embargo, al responder dos solicitudes de información sobre amenazas de tiroteos y operativos de revisión de mochilas, la Pronnif sostuvo que esas intervenciones no forman parte de las facultades que le corresponden.
“Dentro de las facultades de esta Procuraduría de Protección no se encuentra prevista una intervención en los casos que refiere, siendo importante señalar que los mismos refieren la realización de conductas tipificadas como delito, lo que implica la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza”, respondió la institución.
La diferencia entre las respuestas no se limita a la autoridad educativa.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón informó, mediante otra solicitud de transparencia, que entre 2022 y 2024 atendió 12 amenazas de tiroteo en escuelas y que los casos fueron canalizados a las instancias correspondientes.
“Los casos ocurridos dentro de este municipio los ha atendido la Subprocuraduría Estatal de Niños y Niñas y la Familia, Región Lagunera, en coordinación con la Fiscalía General del Estado”, señaló la corporación.
Así, mientras Educación y Seguridad Pública Municipal refieren intervenciones o canalizaciones hacia la procuraduría de protección, esta última delimita sus atribuciones y remite la atención de posibles delitos a las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Las respuestas oficiales no permiten establecer qué seguimiento recibió cada uno de los reportes ni si todos corresponden a los mismos tipos de hechos.
Fiscalía abrió cuatro investigaciones por amenazas contra escuelas
La Fiscalía General del Estado de Coahuila reportó que entre 2020 y 2024 abrió cuatro carpetas de investigación por amenazas contra centros escolares.
Una corresponde a Saltillo, otra a Monclova y dos a Torreón.
La información proporcionada no detalla los hechos investigados, las posibles responsabilidades ni el resultado de las indagatorias.
En contraste, la Policía Municipal de Torreón reportó 12 amenazas de tiroteo atendidas entre 2022 y 2024.
Aunque ambas cifras corresponden a registros institucionales diferentes y no necesariamente todos los reportes policiales derivan en una carpeta de investigación, los datos dejan pendiente conocer el destino de las alertas y las acciones realizadas para evitar nuevos incidentes.
Para los profesores consultados, precisamente ese seguimiento representa una de las principales deficiencias del sistema de prevención.
Del Colegio Cervantes a la Secundaria 13: seis episodios violentos
Los registros periodísticos de MILENIO documentan al menos seis episodios de violencia con armas o agresiones físicas graves en planteles escolares de la Comarca Lagunera entre 2020 y octubre de 2026.
El antecedente más grave antes del ataque a la Secundaria 13 ocurrió el 10 de enero de 2020, cuando un estudiante abrió fuego dentro del Colegio Cervantes, en Torreón.
El tiroteo dejó una maestra asesinada, seis personas lesionadas y la muerte del alumno agresor, quien se quitó la vida.
El caso provocó la revisión de las medidas de prevención y derivó en la implementación de mecanismos de actuación ante riesgos escolares.
Casi cinco años después, el 12 de noviembre de 2024, otro episodio encendió las alertas en Torreón.
Un alumno de cuarto grado de la primaria Año de Juárez disparó un arma de fuego dentro del salón de clases, lo que provocó temor entre sus compañeros.
No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. Sin embargo, las autoridades no esclarecieron públicamente cómo obtuvo el estudiante el arma.
Durante 2026, los hechos violentos continuaron.
En abril, una alumna de la escuela Centenario de la Revolución, en Gómez Palacio, Durango, atacó a otra estudiante con un cuchillo durante el recreo.
La víctima presentó una herida superficial en la nuca y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
El 17 de agosto, también en Gómez Palacio, una estudiante atacó con un cuchillo a otra alumna en el exterior de La Salle Laguna, a la salida de clases.
El 29 de septiembre, un estudiante del CETIS 59, en Torreón, terminó hospitalizado después de ser golpeado por otro alumno dentro del plantel. El afectado presentó múltiples lesiones.
Dos días después, el 1 de octubre, ocurrió el ataque contra la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión.
Dos exalumnos ingresaron al plantel con armas blancas y atacaron a integrantes de la comunidad escolar.
La agresión dejó asesinada a la subdirectora Nedi Edith Nevárez González y otras cuatro personas lesionadas.
El ataque generó protestas de profesores, exigencias de seguridad y nuevas críticas sobre la capacidad de las instituciones para prevenir y atender situaciones de violencia.
Los protocolos existen; maestros reclaman que las instituciones respondan
Los testimonios de profesores y los documentos oficiales muestran dos aspectos del problema.
Por una parte, Coahuila cuenta con un protocolo que registra riesgos relacionados con violencia sexual, amenazas digitales y armas dentro de los centros educativos.
Por otra, los docentes denuncian dificultades para conseguir atención especializada, falta de acompañamiento institucional y cargas de trabajo que limitan su capacidad para detectar situaciones de riesgo.
Los 460 reportes registrados entre 2020 y 2025 documentan la presencia de esos problemas en el sistema escolar, aunque por sí solos no permiten establecer cuántos casos únicos ocurrieron ni si su incidencia aumentó cada año.
La información obtenida mediante transparencia tampoco permite reconstruir completamente las medidas adoptadas por las instituciones que reciben los reportes.
Tras el asesinato de la subdirectora de la Secundaria 13, los maestros consultados coinciden en una exigencia: que la prevención de la violencia deje de recaer principalmente en los planteles y se convierta en una responsabilidad compartida entre autoridades educativas, instituciones de protección a menores, organismos de seguridad y familias.
Para los profesores, el desafío no es solamente detectar una amenaza, sino conseguir que las autoridades intervengan antes de que termine en una tragedia.
Imagen portada: MILENIO
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