El sistema de registro condicionado de partidos políticos muestra un bajo nivel de éxito. Las nuevas fuerzas políticas padecen mucho para conseguir su consolidación.
De 17 organismos que cumplieron con los requisitos para participar en una elección en el siglo XXI, solo tres pasaron de los segundos comicios y apenas dos continúan existiendo; publica MILENIO.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es un caso extraordinario de organización, que no únicamente conservó el reconocimiento oficial, sino que se convirtió en el mayor partido político y ganó la Presidencia apenas en su segundo proceso electoral, que sucedió en el 2018.
Movimiento Ciudadano (MC, con dos cambios de nombre desde su inicial Convergencia por la Democracia), registrado en 1999, mantiene dos gubernaturas, mientras que el Partido Nueva Alianza (Panal) se convirtió en parte de la memoria, al sucumbir en su quinto proceso electoral.
Los otros 14 pasaron inmediatamente a la paz de los sepulcros.
El recientemente acreditado Partido PAZ debe superar sus malos precedentes como reencarnación de los malogrados Partido Encuentro Social (PES) y Partido Encuentro Solidario (PES II); además, fue obligado a cambiar de nombre acusado de oportunismo por intento de hurto de las iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), tras su abortada denominación Construyendo Solidaridad y Paz.
En una situación similar se encontró Somos México, señalado por tratar de apropiarse tanto de la identidad del país como del color del INE. Se corrigió al llamarse simplemente Somos, en letras rosas, sobre el fondo blanco con una silueta de México.
Estos tropiezos no son halagüeños en un contexto en el que, por virtud de la reforma electoral de 2014, que además elevó el umbral para mantener el registro de dos a tres por ciento de la votación, están impedidos de recurrir a la maniobra usual de los partidos pequeños: colgarse de los grandes como socios menores de una coalición.
Independientemente del desempeño que puedan tener esas organizaciones, se ha dispuesto un financiamiento inicial a cargo de los contribuyentes de 502 millones de pesos, de los que a cada uno corresponde la mitad.
Para buscar alianzas en fechas electorales posteriores, necesitan pasar la prueba de fuego de enfrentar en solitario la primera sin perder el registro.
Eso sólo lo han logrado tres de los 17 partidos registrados desde 1999: los ya desaparecidos Panal y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, hace 20 años; y Morena, en 2015. No así MC, que bajo el nombre Convergencia por la Democracia fue a sus primeras elecciones, en 2000, como parte de la Alianza por México de Cuauhtémoc Cárdenas.
Malas mañas, liquidaciones interminables
Los 15 partidos efímeros que obtuvieron y perdieron el registro entre 1999 y 2024 recibieron en conjunto 2 mil 410 millones de pesos de presupuesto público federal asignado; además, sus representaciones locales recibieron financiamiento estatal. En promedio, el presupuesto ascendió a 160 millones de pesos por organización infructuosa.
La ley establece que la pérdida del registro implica también la desaparición como sujeto legal, y debido a que al menos el 90 por ciento de sus recursos son de origen público, su patrimonio debe ser reintegrado a la Federación por la Tesorería. El Instituto Nacional Electoral (INE) nombra a un liquidador externo para revisar deudas, vender bienes y pagar a trabajadores o proveedores.
Pero el proceso puede durar hasta diez años, entre juicios laborales y empresariales, más la auditoría para saber si hubo malversación u ocultamiento de bienes.
El modelo histórico de malas prácticas es el del Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), que era apodado “partido de la familia feliz” porque el líder, Gustavo Riojas Santana, colocó en diputaciones y cargos clave a su esposa, su hermana e hijos; redactó estatutos que estipulaban que, en caso de disolución, todos los inmuebles, vehículos, mobiliario y cuentas bancarias pasarían a manos de los dirigentes o de asociaciones civiles creadas por ellos mismos, y desvió más de 34 millones de pesos a empresas familiares.
El órgano electoral impuso una multa que nunca se pudo cobrar, porque el partido ya no tenía registro legal. Carente de ideología y proyectos, el PSN representó un daño económico a la nación de 209 millones de pesos de presupuesto federal, además de dietas parlamentarias y asignaciones estatales.
Aunque sucesivas reformas intentaron tapar las lagunas que facilitaron este fraude, el procedimiento sigue siendo tortuoso e insatisfactorio.
Por ejemplo, la liquidación del Partido Humanista, que desapareció en su primera elección en 2015 tras recibir un presupuesto de casi 121 millones de pesos, tuvo que superar litigios, desvíos y amparos de sus exdirigentes, encabezados por Ignacio Irys Salomón (quien ya tenía experiencia con la creación de otro partido efímero, Alternativa Socialdemócrata) y Javier Eduardo López Macías, para no aclarar el destino de parte de los recursos. Al final, el costo de mantener al interventor durante diez años absorbió gran parte de lo que se pretendía recuperar.
Hoy mismo hay un caso que de por sí era difícil y acabó por complicarse más: el de los antecesores del nuevo partido PAZ, en la medida en que ninguna de las creaciones previas de su dirigente, el diputado Hugo Eric Flores, PES y PES II, han concluido sus procesos de liquidación tras perder cada una el registro, en 2018 y en 2021.
Los líderes siguen evadiendo las consecuencias y fundando agrupaciones, por lo que la consejera del INE Carla Humphrey advirtió que “la creación de un nuevo partido no puede entenderse como un ‘borrón y cuenta nueva’”.
El arrollador éxito de Morena y la consolidación de MC son las únicas dos medallas de un sistema de nuevos proyectos políticos que, por los restantes 15, ha sangrado las finanzas públicas con escasos resultados.
Imagen portada: Mónica González
