“Había una bebé de un mes”, dice Yankee con voz gruesa. Seca. “En total mataron a diez personas. En la calle se escucha que les dieron el tiro de gracia. La bebé murió asfixiada por el peso del cuerpo de su propia madre.” Este migrante retornado y hoy microempresario hace una pausa. Habla con claridad monástica sobre la ejecución del ganadero y dueño del rancho La Marihuana, Cecilio Torres Gervacio, junto a seis integrantes de su familia y tres trabajadores. “Tehuitzingo es mi pueblo. Se arrancó un pedazo de mi comunidad. Eran gente conocida.”
De nuevo la muerte irrumpió en Tehui, como le llaman con cariño sus pobladores a Tehuitzingo, un municipio rural y migrante de poco más de 12 mil 600 habitantes enclavado en la Mixteca poblana. Pero esta vez, la masacre descubierta la madrugada del 17 de mayo de 2026 puso al centro la violencia y las extorsiones; publica MILENIO.
Yankee es firme en su opinión sobre la matanza: “El señor vivía extorsionado, amenazado. Muchos en el pueblo sabían lo que padecía porque Cecilio no era de los que se quedaba callado.” Así como Yankee, otras personas en Tehuitzingo que piden no ser identificadas por el temor a represalias, tienen la firme creencia de que la matanza no fue por un “pleito familiar por tierras”, sino un “acto de reprimenda”.
Una muestra brutal del poder ejercido por Los Rojos, remanente del cártel de los Beltrán Leyva, cuya presencia en la Mixteca tiene registro desde 2013 bajo el mando de Alejandro Herrera Estrada, El Chino, en Acatlán de Osorio. Y que ahora se nutre de los jóvenes que crecieron del otro lado y fueron deportados.
“Aquí Los Rojos entran como si nada”, dice Yankee. “Y extorsionan a gente que tiene negocios grandes, que dan dinero fuerte, como los ganaderos. Estos no se andan con tienditas de las esquina. No. Los negocios más pequeños están asediados también pero por un delincuente de la zona: le dicen El Cholillo. Nadie se salva de las extorsiones. Apenas pones un negocito, una peluquería, que las uñas y ¡pum!, te caen. Nadie se salva pero la gente no habla.”
A simple vista, Tehuitzingo con la placita y el kiosco rodeado de comerciantes parece cualquier pueblo rural. Pero las camionetas con placas de Nueva York, Nevada o California que circulan torpes e impecables por las callecitas angostas, no sólo contrastan, sino que realzan la identidad migrante de mexicanos que vienen de visita, manejando desde esos estados de la Unión Americana.
La influencia del pandillerismo gringo se nota en los tags, unas marcas que las letales bandas de Tehuitzingo pintan en bardas y muros exteriores de casas particulares para reclamar territorio. El desafío silencioso se codifica con un simple tache sobre el grafiti de la banda rival. Ese acto está cargado de violencia. De irrespeto. Luego viene la muerte juvenil que, según una mujer de Texcalapa, deja a los muchachos “tirados como perros muertos” esperando a que los levanten.
En el barrio Cuarta Sección se respira comunidad, arraigo y miedo. Un intenso miedo que habita entre susurros. La comunidad coincide en que la masacre de la familia Torres oculta la inseguridad que se vive en la Mixteca y que está lejos de ser erradicada. Por eso dudan de la impartición de justicia y temen que la matanza quede impune, como otras que se han dado en la región en años recientes.
Y es que a menos de 48 horas del asesinato de Cecilio Torres, su esposa, Marcela Aguilar; tres de sus hijos, su nuera y su nieta de a penas un mes de nacida, así como tres de sus trabajadores, la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, ya anunciaba la detención de probables responsables. Luego de “entrevistar a varias personas”, la Fiscalía llegó a la conclusión de que “un conflicto familiar por disputa de terrenos” sería la principal línea de investigación.
Los medios criminalizaron y revictimizaron públicamente a José Alfredo Torres Aguilar, El Tejón, el hijo de Cecilio Torres, por un video filtrado y sacado de contexto. Se le inculpó con la versión infundada de “una posible venganza.” Más tarde fue considerado testigo por la Fiscalía sin que hasta ahora su imagen pública haya sido saneada. Pero su primo de veinte años, Juan Manuel Torres El Pony, hijo de Manuel Torres Gervacio, el hermano de Cecilio, con el que Yankee dice que había una conocida fricción por la tierra que el abuelo heredó, fue detenido andando en moto.
“Ni El Tejón ni su primo Pony hubieran sido capaces de hacer algo así de terrible. Aquí los conocemos de años. Ninguno sería capaz de matar a su familia. Sí, es cierto que no se llevaban bien. ¿En qué familia se llevan todos bien? Tenían sus problemas, como todos, pero no para matarse así. Eso no es creíble. Nosotros los conocemos. Los verdaderos criminales, los que hacen cosas así, están libres, extorsionando, robando, matando. Mientras que los más jodidos, los más chamacos, son los más fáciles de volverlos criminales. ¿Sólo porque no se llevaban bien?”, pregunta Yankee y su retórica suena con la calma de un cañón.
Las pandillas de Tehuitzingo nutren las filas de Los Rojos
Yankee vivió toda su niñez y juventud en Estados Unidos. Vivió de cerca las balaceras, el narcotráfico y la violencia urbana. La vida y Barack Obama lo mandaron de vuelta a Tehuitzingo. Sabía de las bandas en su pueblo natal, pero jamás pensó que el odio ganguero de las organizaciones criminales estadounidenses, normalizadas hasta el hastío por la cultura pop de ese país, estaba siendo salvajemente replicado en Tehui por jóvenes poblanos deportados o hijos de padres deportados.
Las bandas de Tehuitzingo no son algo nuevo. Según un estudio realizado por el antropólogo social Aldo Huerta Alderete, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las pandillas en la Mixteca poblana datan de finales de los ochenta y surgen a partir de la migración masiva posterior a la Ley de Reforma y Control de Inmigración, que Estados Unidos aprobó en 1986. Una parte de esa generación regresó a Tehuitzingo, deportada o por decisión familiar, y trajo consigo los códigos identitarios y de protección de las pandillas urbanas estadounidenses.
Las décadas pasaron pero en 2015 algo se rompió tras una violenta riña entre pandillas rivales que aún reside en la memoria comunitaria de Tehuitzingo. Yankee lo vivió: “Hubieron varias muertes. Se empezaron a matar. Luego se calmó un poco. Pero después empezó ya lo que es el narco. La gente comenzó a vender droga y luego a pelearse por el territorio. Mucha gente que yo conocí que andaban en pandillas se empezaron a meter con Los Rojos. Ellos me decían, “no pues, es que carnal, eso de las pandillas no deja. Lo que deja es esto: el cártel, la maña”.
Los jóvenes pertenecientes a las nuevas generaciones de pandilleros comenzaron a optar por dejar el crew callejero para brincar a las filas criminales. Por eso Yankee me habla con recelo. Se cuida. No quiere que se mencione el barrio donde creció porque podrían ubicarlo. Dice que la muerte se pasea impune junto con las pandillas y que la gente en el pueblo comenzó a vivir con miedo. Se acostumbraron a dejar de llamar a las cosas por su nombre hasta no nombrarlas.
Según Yankee, el modelo de lealtad, respeto y familia comenzaron a romperse en Tehuitzingo: “No faltarle al respeto a la gente mayor o a la gente que no estaba involucrada en las pandillas. No meterse con gente inocente. Llegó una nueva generación en donde no hubo respeto porque los padres no les enseñaron a respetar a la gente. Entonces se vio la diferencia en la violencia, que empezó a escalar y a volverse como allá en Estados Unidos. Allá es muy fuerte eso.”
Aquel modelo de lealtad mutó y los grupos de defensa barrial, que originalmente fueron las pandillas, se volvieron caldo de cultivo criminal que en ambos lados de la frontera termina siendo aprovechado por grupos criminales de mayor calado. En Estados Unidos, por ejemplo, el FBI tiene registros de pandillas urbanas operando con los cárteles estadounidenses de motociclistas. Esos ciudadanos son los que realmente construyen las inmensas redes de narcotráfico en la Unión Americana. El modelo no distingue países. Recluta infancias y juventudes por igual.
Las pandillas migrantes se sienten en las calles de Tehui. Parece que los grafiti que marcan territorio nos escoltan en el camino hacia Texcalapa, la comunidad de Tehuitzingo donde masacraron a la familia Torres Aguilar y tres trabajadores.
Así es el patrón de la delincuencia en la Mixteca poblana
A pesar de las muertes violentas con el mismo patrón atribuidas al crimen organizado en la Mixteca, la fiscalía de Puebla dirigió las investigaciones y la atención mediática a los familiares sobrevivientes de Cecilio Torres y descartó tajante la probable participación del grupo criminal que domina la región a sangre y plomo: Los Rojos.
A pesar de que primero la fiscal declaró que “el hallazgo de múltiples elementos balísticos de grueso calibre en la escena [del crimen] revelaba el nivel de brutalidad ejercida por los perpetradores” y explicó que los peritos que trabajaron en el rancho “habían embalado una cantidad importante de casquillos percutidos de armas de grueso calibre y que la masacre había sido un ataque directo y planeado contra las víctimas”. Veinticuatro horas después, la fiscal Pastor Betancourt cambió el hallazgo balístico en donde mencionó “una cantidad importante de casquillos percutidos de armas de grueso calibre” por pistolas calibre .22 y 9 milímetros. “La delincuencia organizada en territorio poblano no utiliza este tipo de calibres”, dijo.
Según las cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre decomisos al crimen organizado, la pistola calibre 9 milímetros es el arma corta más incautada a nivel federal y de acuerdo con el registro de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores, esa misma pistola encabeza la lista en ataques, mientras que la .22 ocupa el segundo lugar. En términos estadísticos, esos calibres son los más empleados por sicarios en ataques con armas cortas en el país.
Incluso en noviembre de 2023, los hermanos gemelos Ovet y David N. fueron emboscados y asesinados en Tehuitzingo y una de las armas utilizadas fue una pistola 9 milímetros; la otra fue un rifle AR-15. El calibre, a fin de cuentas, no determina la procedencia criminal. Lo que sí da una idea más clara es el patrón perpetrado contra la familia Torres: incursión armada, sometimiento de víctimas, ejecución múltiple, control territorial, extorsión y absoluto silencio comunitario para continuar ocultando la violencia de la región. Algunos vecinos me expresaron su miedo a denunciar por las mortíferas represalias. Yankee incluído. Le conté de esto a Idamis Pastor Betancourt durante la entrevista vía Zoom y pidió a la gente que “confiara en la fiscalía.” Pero, ¿cómo hacerlo con tantos casos que permanecen en el silencio de la impunidad?
Una alcaldesa amenazada de muerte en la Mixteca poblana
Acatlán de Osorio vive una crisis política severa. Su presidenta municipal, la morenista Guadalupe Bárcenas, denunció públicamente el pasado 15 de junio que Los Rojos, al mando de Pedro Flores El Pelle, quieren matarla. Ese dominio delictivo, silencioso y amenazante cae cual lluvia de ácido a los habitantes de la región y lo explica Ariel (pide conservar su identidad por seguridad), una persona que trabaja en el municipio, a cuarenta minutos de Tehuitzingo:
“Los Rojos se dedican al robo de vehículos y de transporte de carga sobre el tramo de la carretera federal 190 [la famosa carretera Panamericana]; desde el tramo de Izúcar hasta Huajuapan. En Acatlán, la manera de extorsionar es obligar a las inspectorías, barrios, juntas auxiliares y cabecera [municipal] a contratar sus servicios de eventos de feria. Desde contratación de artistas con sus promotores de ferias, hasta jaripeos, peleas de gallos y carreras de caballos; por lo que mantienen un monopolio en esas actividades ya que no dejan que otros promotores ofrezcan servicios.”
Pero no sólo es en la vida social y cultural donde las garras de Los Rojos estrujan y asfixian. Las economías criminales y el interior de varias dependencias del aparato estatal también son parte de su dominio.
Ariel lo explica con precisión:
“Controlan todo el narcomenudeo. Mantienen control total en esta actividad. Secuestros exprés a personas que seleccionan [en la Panamericana]. Al ayuntamiento le exigen dar de alta a personas que proponen en la nómina, para que estén como ‘aviadores’. Al igual que en el control de Seguridad Pública, Vialidad, Cereso y áreas de recaudación, catastro y sistema de agua […]. Se pasa información de áreas sensibles como Seguridad Pública; operativos, movimientos de la Fuerza Pública. Hay colaboradores directos.”
Así es como Los Rojos dominan la Mixteca. Así se meten en los municipios. Los dineros públicos, las cárceles, el derecho al agua están bajo su control. Intenté de varias formas hablar con su edil, Jorge Estrada Gervacio, pero fue imposible hallarlo. Ni en el correo o el número telefónico de la web oficial del municipio pude hacer contacto con un ser humano. Incluso yendo directamente a su oficina en la presidencia municipal de Tehuitzingo. Lo único que encontré fue un guardia de seguridad malencarado quien dijo que el señor edil no se encontraba y que era difícil ubicarlo porque era una persona muy ocupada.
La comunidad entrevistada confiesa vive un bucle de violencia, atrapada en el silencio, y donde los niños aprenden en casa a no hablar, a no ver, a no escuchar. “Es por su propia seguridad”, dice una madre de familia de Tehuitzingo. “Si mis hijos ven o escuchan algo, ya saben que no deben decir absolutamente nada. Es por seguridad no sólo de ellos, sino de toda la familia.”
En Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, presidenta del municipio, fue amenazada por el grupo criminal por no ceder a la presión de destituir al marino Juan Alberto Domínguez, con quien después contrajo nupcias, como secretario de seguridad del municipio y retirar la presencia de la Secretaría de Marina. “Los Rojos quieren que se salga la Marina de Acatlán,” dice Ariel con el terror que significa vivir de cerca la amenazas del crimen organizado contra Bárcenas:
“La han amenazado. Le han dicho que ya falta poco para matarla, que le tienen una sorpresa. Quieren su destitución y quitarle la protección de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo sólo espero que el Estado se haga cargo de la situación.”
Tehuitzingo es un municipio “muy tranquilo”
Mientras el crimen organizado se impone en la Mixteca, la Fiscalía estatal parece desconocer la realidad de miles de poblanos. En entrevista para DOMINGA, la fiscal Idamis Pastor Betancourt aseguró que de acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Pública, “Tehuitzingo es un municipio muy tranquilo. No habíamos tenido eventos de ningún tipo. Por eso nos sorprendió lo que sucedió, desafortunadamente.”
Pero los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una transformación gradual y profunda de la violencia en el corredor Acatlán-Izúcar-Ocoyucan-Tehuitzingo durante la última década. En 2015 Tehuitzingo no registró un solo homicidio doloso. Pero un año después hubo dos; en 2017 fueron cuatro; y para 2018 la cifra ya había escalado a ocho. En Acatlán de Osorio, la llegada de Los Rojos dejó una estela de veinte muertos en esos dos años.
Tras un periodo de aparente estabilización, la violencia volvió a dispararse: cinco homicidios en 2022 y catorce en 2023, el año más violento del que se tenga registro reciente. Trece de esos catorce asesinatos fueron cometidos con arma de fuego. Para una población de poco más de doce mil habitantes, la tasa equivalente superó los 110 homicidios por cada cien mil habitantes, un nivel de violencia comparable al de algunas de las entidades más convulsas del país.
En 2024 la violencia no paró. Ese año cerró con ocho homicidios; todos por arma de fuego, mientras que en 2025 hubo otros dos muertos a balazos. Ahora, en una sola noche en 2026 han habido diez muertos. Yankee dice indignado: “somos un pueblo sin ley y sólo el más fuerte sobrevive. Llevamos muchos homicidios, baleados, gente extorsionada y nunca se ha visto a alguien arrestado. Todo se queda en la impunidad. A mí me mataron un familiar. Nos pedían diez mil pesos los ministeriales para la investigación. ¿Sabes cómo se siente eso?”.
Extorsión y muerte en la Mixteca poblana
Muy pocos ganaderos como Cecilio Torres se habían atrevido a alzar la voz. Era el presidente de la Hermandad de San Miguel, que organiza la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, santo patrono de Tehuitzingo. Era un ranchero que gustaba compartir con su comunidad y, según Yankee, se movía con sus toros por los circuitos de jaripeo en Puebla, Guerrero y Morelos. Era alguien conocido, “una persona alegre, que le gustaba apoyar a su comunidad”, dice Yankee.
“Muchos lo escucharon decir abiertamente que ya estaba harto de las extorsiones. Y la gente lo escuchaba porque era un señor de palabra que no necesitaba contratos. Con dar su mano era suficiente porque [su palabra] tenía valor. El señor no era cualquier señor.” Yankee asegura que en más de una ocasión se escuchó a Cecilio quejarse de los cobros de derecho de piso porque aquello estaba acabando con su negocio y explica que las extorsiones son algo común:
“Pon tú que el ganadero cobró treinta mil pesos por la corrida. Bueno, veinte son para la ganadería, diez son para ellos, para la maña. Si ese ganadero sale tres veces a la semana, pues ya es un dinero. Y no creas que le cobran sólo a una ganadería. Todas las ganaderías están siendo extorsionadas, nada más que no van a decir nada, porque tienen miedo. Muchos han preferido ya no seguir en el negocio.”
Con la presencia de Los Rojos, los ganaderos y demás empresarios extorsionados quedan sometidos al dominio criminal. Según David Huitrón Mendoza, periodista, los pequeños productores son los más afectados ante las extorsiones que se extienden por el país, porque “las grandes empresas prefieren pagar el derecho de piso y que la cadena de producción no se detenga por ningún contratiempo. Tienen la capacidad de absorber el costo”.
Pero los pequeños productores, como Cecilio, sucumben. “El crimen organizado sabe la importancia de la producción y que no puede parar. La industria apícola, por ejemplo, es tan importante para México, que es considerada asunto de seguridad nacional,” afirma Huitrón.
Torres Gervacio estaba harto de ser blanco de extorsiones y otros abusos. Yankee dice que es de conocimiento comunal en Tehuitzingo, que miembros del crimen organizado lo hicieron sacrificar un toro y después un venado para alimentar a pistoleros. Las amenazas eran constantes y, a decir de Yankee, oponerse a seguir bajo el yugo criminal le trajo consecuencias. “Aquí hay muchos casos de extorsión. A mi parecer, ya no aceptó ser extorsionado y quisieron hacer un ejemplo de él.” Su lógica tiene sentido. Alzar la voz y negarse a pagar las extorsiones en la Mixteca Poblana significa ponerse una diana en la espalda.
No es un caso aislado
La matanza de Cecilio Torres, los seis miembros de su familia y tres de sus trabajadores, no es un caso aislado. Los asesinatos han impactado con igual brutalidad a otros ganaderos y funcionarios públicos, como Héctor García Álvarez, director de Seguridad Pública de Acatlán de Osorio, quién fue emboscado con su familia y ejecutado en abril de 2022 junto con su esposa. En el ataque dos de sus hijas fueron heridas de gravedad pero sobrevivieron.
El expresidente municipal de Acatlán de Osorio, Arturo Cajica Gómez (PAN-PRD), fue detenido en mayo de 2022 acusado de encubrimiento y ejercicio indebido de funciones en relación con el homicidio de García Álvarez. Fue exonerado en octubre de 2023 después de permanecer preso durante un año y cinco meses.
Luego, el 6 de agosto de 2023 el ganadero y regidor priísta Marco Antonio Mejía Martínez, dueño del rancho La Canela, fue asesinado a tiros junto con sus hijos Moisés y Alexis, así como el caporal de su rancho. Los ejecutaron cuando iban a un jaripeo en la feria de Santiago Miahuatlán el 6 de agosto de 2023. Un año después, en septiembre de 2024 los ganaderos Honorio Antonio Castro y Jesús Antonio Pérez Meza, dueño del rancho La Escopeta, fueron asesinados en diferentes municipios de Puebla. Las masacres hasta hoy permanecen impunes.
En la Mixteca poblana el crimen organizado extermina a familias completas. Los casos se ahogan en la inefectividad judicial. “Aquí antes era muy tranquilo. Pero ahora se ha vuelto otra zona más de tantas en donde se matan seguido por droga, por territorio, por extorsiones y muchos inocentes están cayendo en el camino. Ya no respetan nada: niños, mujeres, bebés, viejos, nada; va parejo. Estos hijos de la chingada no respetan nada. Por eso la gente vive aterrada.”
Por eso Yankee y otras voces anónimas en Tehuitzingo cuestionan al aparato judicial poblano y la celeridad con que determinó la línea de investigación en la masacre de los Torres. “Actúan como si no supieran como están las matanzas aquí. Se hacen tontos. Simulan y con eso contribuyen a que esto se haga normal. Los familiares de Cecilio serían incapaces de cometer esa atrocidad. Todos los conocimos.”
Afuera del rancho La Marihuana aún están las cintas rojas de los peritos que acordonaron la zona. Una patrulla pick up de la policía vigila las inmediaciones, mientras que un hombre joven, moreno de inmensos ojos oscuros trabaja el rancho al lado de una mujer. Camina hacia mí como un espectro altivo de voz apenas perceptible. Toma mis datos. No dará declaraciones por el momento. Es uno de los hijos sobrevivientes de Cecilio Torres. Es la tristeza hecha hombre.
Imagen portada: Cuartoscuro
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