El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), planea contratar una empresa privada que localicé a personas en México, Honduras y Guatemala, ya deportadas del país estadounidense para cobrarles multas; informa SPR.
De acuerdo con los documentos publicados por el CBP, la autoridad estadounidense busca obligar a aquellas personas que cruzaron la frontera de manera ilegal y que fueron deportadas a pagar multas, quienes, de acuerdo con el Gobierno Federal estadounidense, aún les deben dinero. La operación abarcaría México, Honduras y Guatemala, aunque no se descartan más países.
De acuerdo con los documentos publicados por el CBP, el propósito de este contrato es establecer un acuerdo de servicios con un contratista para localizar a personas deportadas fuera de los Estados Unidos, “así como a aquellas que, habiendo estado previamente en el país de manera ilegal, ya han salido del mismo”.
Asimismo, la solicitud de contratación señala que la empresa deberá verificar el contacto con la persona indicada, notificar al individuo sobre las tasas, multas u otros detalles de pago de deudas aplicables, y gestionar los casos o cuentas asignados, “garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas, la transparencia y la obtención de resultados medibles”.
El programa es denominado «Servicios de Localización y Recuperación de Pagos» y, para su ejecución, las autoridades fijan un límite máximo de 9 millones de dólares que se invertirían durante los próximos dos años.
Los contratistas deberán realizar «servicios de verificación de datos comerciales y de observación física para confirmar dónde reside cada persona”.
El documento menciona que entre las pruebas admisibles se cuentan fotografías de viviendas, así como facturas de servicios públicos, expedientes laborales, documentos judiciales y certificados de defunción.
El Gobierno estadounidense señaló que también aceptará otra documentación, siempre que la considere «relevante y creíble». Además, exige a los contratistas entregar un folleto impreso, aprobado por las autoridades y redactado en inglés y español, donde se enumeren las multas y tasas pendientes que, según la CBP, la persona debe abonar.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el valor total estimado de las sanciones y tarifas globales impuestas por el DHS asciende a 423 millones de dólares a fecha de julio de 2026.
Asimismo, según los datos del CBP dio a conocer que el número total estimado de personas que fueron expulsadas de los Estados Unidos y sobre las cuales pesan sanciones civiles y multas pendientes de pago impuestas por la CBP es de 66 mil 387 a fecha de julio de 2026.
De acuerdo con el CBP el argumento legal para cobrar multas y sanciones civiles a migrantes se sustenta en la Orden Ejecutiva 14159, la cual, instruye al DHS para que garantice la imposición y el cobro de multas civiles a los extranjeros que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos hayan participado en actividades de inmigración ilegal o hayan facilitado dicha presencia.
Imagen portada: SPR
