Por José Jaime Ruiz
Romantizar al Instituto Nacional Electoral es un error. El artífice de la despresurización de la vida pública del país, Jesús Reyes Heroles, dijo: “La política es también la vida en el burdel y nadie que yo sepa busca la castidad en una casa de citas”. No hay castidad en las instituciones electorales, regularmente han sido violentadas por el poder público, sean sus responsables Manuel Bartlett o Guadalupe Taddei. Mutan los gobiernos, cambian los partidos, pero persiste una tentación: controlar al árbitro para condicionar las reglas del juego. La novedad de la presidenta renunciada es la corrupción orgánica.
Manuel Bartlett no sólo tumbó el sistema, deslegitimó cualquier viso de democracia. El padre del neoliberalismo mexicano, Carlos Salinas de Gortari, arribó a Los Pinos como un presidente espurio. Y canonización espuria, para Morena: el indefendible Bartlett es un prócer de la 4T. Un instituto al servicio de la presidencia imperial con Fernando Gutiérrez Barrios, José Patrocinio González Blanco Garrido, Jorge Carpizo MacGregor, Emilio Chuayffet Chemor. ¿Cómo recuerdan los morenistas a Esteban Moctezuma, como el converso de la 4T y sus cargos públicos o como el secretario zedillista que avaló el Madrazo final a AMLO en Tabasco? Lo dicho: el PRI no se crea ni se destruye… se recicla en Morena.
La reforma de 1996 inauguró una supuesta etapa cualitativamente distinta. José Woldenberg encabezó una autoridad electoral que adquirió legitimidad institucional y organizó la primera alternancia presidencial. Sin embargo, convertir su presidencia en una edad de oro democrática significa confundir el avance histórico de la autonomía con la perfección de su ejercicio. El IFE de Woldenberg tampoco estuvo exento de sesgos, insuficiencias ni negociaciones con el poder. Las investigaciones del “Pemexgate” y “Amigos de Fox” evidenciaron esa contradicción. La autoridad sancionó irregularidades financieras de las campañas presidenciales del PRI y de la coalición que llevó a Vicente Fox a Los Pinos, pero lo hizo años después de consumadas las elecciones. El “Pemexgate” derivó en una multa de mil millones de pesos al PRI; “Amigos de Fox”, en sanciones millonarias al PAN y al Partido Verde. La pregunta permanece: ¿de qué sirve sancionar el financiamiento irregular de una campaña presidencial cuando el beneficiario del proceso electoral ya ejerce el poder? La lección del periodo de Woldenberg es fundamental: no basta con que un organismo sea autónomo para que todas sus decisiones sean imparciales, ni basta con sancionar irregularidades para demostrar eficacia preventiva.
El deterioro de los consensos se hizo evidente en 2003, cuando PRI y PAN excluyeron al PRD del acuerdo para integrar el Consejo General encabezado por Luis Carlos Ugalde. No fue un simple desacuerdo legislativo. Significó la fractura del principio de legitimidad compartida sobre el que descansaba la autoridad electoral. La elección presidencial de 2006 exhibió las consecuencias políticas de aquella ruptura. La intervención de Fox, la propaganda empresarial contra Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México” y las controversias sobre el cómputo del “haiga sido como haiga sido”. alimentaron una desconfianza que el instituto no consiguió disipar.
Como se señala en un análisis de Agua Quemada, “Hildebrando S.A. de C.V., propiedad de Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo (cuñado de Felipe Calderón), fungía como contratista del IFE en el desarrollo de plataformas de software biométrico del Registro Federal de Electores y el soporte técnico de bases de datos comiciales. Dicha revelación alimentó suspicacias en torno a la manipulación del padrón de votantes y el comportamiento atípico de las gráficas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), objeto de impugnación por parte de colectivos académicos y matemáticos independientes. La negativa tajante del consejo presidido por Ugalde a realizar un recuento total de los paquetes bajo la exigencia del “voto por voto” profundizó el conflicto poselectoral y derivó en la toma de Paseo de la Reforma. Para desactivar el colapso político, la reforma constitucional y electoral de 2007-2008 dispuso el relevo anticipado y forzado de Luis Carlos Ugalde y de su cuerpo de consejeros, evidenciando el costo institucional del faccionalismo partidista”.
Leonardo Valdés Zurita heredó una autoridad debilitada. Las controversias de Monex y Soriana durante la elección de 2012 pusieron a prueba los mecanismos de fiscalización y evidenciaron las dificultades para esclarecer oportunamente las operaciones financieras relacionadas con las campañas. La restauración presidencial del PRI ocurrió en un contexto de cuestionamientos sobre la equidad electoral. Para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aquello también fue un fraude.
Lorenzo Córdova presidió una institución técnicamente robusta, capaz de organizar elecciones complejas y procesar nuevas alternancias. Pero defendió salarios superiores al tope presidencial vía amparos judiciales, con un sueldo neto de 240 mil pesos mensuales; un finiquito de retiro de 9 millones de pesos; la mofa del lenguaje de los pueblos originarios; la revocación de las candidaturas gubernamentales de Morena para Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán por no entregar informes de precampaña.
Cito de nuevo el reporte de Agua Quemada: “En materia de auditorías e investigaciones administrativas, el Órgano Interno de Control del instituto, encabezado por Jesús George Zamora, documentó graves inconsistencias en la recta final de la gestión de Córdova. Su informe general de balance reveló que entre 2015 y 2022, el INE asignó mediante adjudicaciones directas sin competencia formal montos equivalentes a más de 6 mil 713 millones de pesos. El contralor exhibió además un contrato de arrendamiento vehicular por un techo presupuestal superior a los mil 37 millones de pesos signado contra las recomendaciones técnicas de compra directa, deficiencias de integración en el 45 % de los expedientes de obra pública institucional y pagos en demasía que motivaron vistas a la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Lorenzo Córdova rechazó los señalamientos argumentando que se trataba de observaciones de trámite sin quebranto financiero patrimonial y acusó a George Zamora de operar una persecución política en favor del régimen, tras lo cual el ex contralor se integró como consejero jurídico del gobierno morenista del Estado de México.
Con Guadalupe Taddei la cuestión fundamental no es la vida privada de una funcionaria, sino la eventual intersección de sus relaciones personales con decisiones administrativas, recursos públicos y proveedores beneficiados. La frontera entre lo privado y lo público se cruza cuando existe un interés capaz de comprometer la imparcialidad de una decisión institucional.
Hay una constante en esta historia: ninguna fuerza política está vacunada contra la tentación de controlar las instituciones. PRI, PAN, PRD y Morena han participado, desde posiciones distintas y con responsabilidades diferentes, en las disputas por la autoridad electoral. Al descubrir el hilo negro, la doctora Sheinbaum se lanza contra los proveedores del INE y los coyotes. En fin, quien busque castidad política o electoral en el instituto, se equivoca de puerta porque el INE no es una llave democrática, es ganzúa.
